Diputados de diferentes bancadas lamentaron que el proyecto de reforma del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo haya quedado en meras intenciones, puesto que no prosperó en cuanto a su discusión para su posterior implementación.
“Lastimosamente opyta opareípe” (quedó en la nada), dijo el colorado Walter Harms, al mencionar que se había conformado incluso una comisión para el inicio de un proceso de diálogo, “pero pronto quedó en la nada”.
A su vez, el diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), consideró como “uno de los muchos fracasos del Poder Ejecutivo en este tiempo”, el no haber promovido prácticamente ninguna reforma administrativa que ayude a mejorar el funcionamiento del Estado.
A su criterio, tras la pandemia, ya se hubiese trabajado en la promoción de una reforma de la salud, que logre que todos los paraguayos accedan de manera irrestricta a un sistema de salud. “Fue un gran desperdicio”, sostuvo el legislador.
La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), también fue consultada sobre el punto y recordó que desde octubre del año pasado la comisión especial dejó de reunirse. Dijo que el presidente de la República “realmente engañó a la ciudadanía”.
“Esto nunca más fue debatido y desde octubre del año pasado dejó de funcionar la comisión bicameral y el Poder Ejecutivo reculó mil pasos”, significó González al coincidir con su colega patriaqueridista que “es una vergüenza, porque que el Paraguay pospandemia no puede ser el mismo”.
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En mayo del año pasado, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de la función pública y del servicio civil ante la Comisión Bicameral de Reordenamiento Estructural del Estado. El proyecto del Ejecutivo fue liderado por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, y todo el equipo técnico de la institución.
El proyecto tiene como objetivo asegurar un régimen del servicio civil en el sector público basado en la integridad, meritocracia, imparcialidad, eficiencia y productividad, que garantice el derecho de toda persona de recibir atención y servicios públicos oportunos y de calidad, conforme señala el documento.