El excanciller Eladio Loizaga se refirió al pedido de los cubanos que se encuentran fuera de la isla, por una intervención militar y humanitaria ante las protestas del fin de semana contra la dictadura en su país. En este sentido, el diplomático refirió que hablar de una intervención de la milicia es una exageración, teniendo en cuenta que se deben cumplir con ciertos procesos establecidos por organismos internacionales.
“El término de intervención militar es una exageración que lo han hecho, porque en primer término una intervención militar, unilateralmente, ya no se da ni se va a permitir”, señaló en entrevista al canal GEN.
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Así mismo, explicó que en el proceso de intervención son los países que generalmente solicitan o el Consejo de Seguridad cuando se trata del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, pero acá la paz y la seguridad internacionales no están en juego. “Solamente en esos casos y el Consejo de Seguridad, y actuando como tal, toma esa decisión y en definitiva el Estado lo acepta, pero generalmente esto es para mantener una estabilidad”, manifestó.
Agregó que existen métodos y mecanismos actualmente en el marco internacional que deben ejecutarse y cumplir. “Además, el proceso de la utilización de una fuerza militar, en este caso, lleva un proceso a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no es que la Asamblea General o el secretario general puedan decidir”, indicó.
En este contexto, señaló que igualmente se debe mirar lo que está ocurriendo en el país caribeño, pero no se puede hablar de una acción drástica como una intervención. “No se puede dejar de mirar lo que está pasando en ese país, pero no para intervenir con tropas o militarmente. Para eso está el Consejo de Derechos Humanos y está la alta comisionada para señalar lo que está pasando en la comunidad internacional y ver cómo reaccionar”, sentenció.
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“Tener una ley sin sanciones es condenar a los cañeros”, sostiene Gustavo Leite
El senador Gustavo Leite se mostró partidario al pedido realizado por el sector de los cañicultores, de mantener las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación de la ley sobre fomento a los combustibles, en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas.
“Tener una ley que no tenga sanciones es condenar a los cañeros. Aquí siempre el pato de la boda han sido los cañeros y esto ya no puede continuar porque vamos a terminar imponiendo pobreza extrema y sacarle su rubro a la gente más vulnerable”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Leite surgieron ante el anuncio realizado por los cañicultores quienes desde este jueves comenzarán a realizar cierres intermitentes de ruta en varios puntos del país como medida de protesta contra el veto parcial del Ejecutivo.
“El gobierno no le puede dar la espalda a sus ciudadanos. Estas manifestaciones ahora hacen que el problema sea mucho más evidente e imagino que lo antes posible nosotros atenderemos este tema. A nadie le conviene tener a la gente manifestándose en las calles y a nadie le conviene tener a cañeros condenados a la pobreza extrema por inacción de su propio gobierno”, indicó.
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El legislador recordó que en plena campaña política en el 2022, en la localidad de Ñumí, departamento del Guairá, el mandatario Santiago Peña y el vicepresidente de la República Pedro Alliana mantuvieron un encuentro con un total de 3.000 cañicultores para escuchar sus reclamos y buscar soluciones a las problemáticas del sector.
“El reclamo fue el incumplimiento manifiesto y seguido de la Ley 5444/15 de biocombustibles. Lo que se trató (el proyecto de modificación vetado) fue lo que se pactó con los cañeros, fue la promesa de campaña en el 2022″, refirió.
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Aseguran que los cañicultores no solicitan subsidios al Estado, sino políticas públicas
“Este proyecto de ley sobre fomento a los combustibles tendrá un impacto social demasiado importante en el interior del Paraguay”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien urgió a la Cámara de Senadores el tratamiento de urgencia del veto parcial del Ejecutivo a las modificaciones introducidas a la normativa con la finalidad de desactivar las movilizaciones de cañicultores en distintos puntos del país.
“Ellos no están pidiendo subsidio del Estado, solo están pidiendo al Estado políticas públicas para que puedan desarrollar su trabajo y que su materia prima no se pudra en el campo, que es lo que está sucediendo hoy”, comentó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Desde este jueves, el sector de los cañicultores iniciará los cierres intermitentes de ruta en al menos 3 departamentos del país, Guairá, Paraguarí y Caaguazú, para exigir que se mantengan las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas, así como la obligación de que el Estado aumente su flota de vehículos flex.
“El impacto que tiene este proyecto de ley es muy importante. Acá estamos hablando de miles de familias, de industriales quienes dependen que esto salga o no para continuar con sus inversiones. Hay intereses muy importantes en juego”, comentó.
Asimismo, manifestó que le resultó sorpresivo el veto presidencial a la iniciativa, teniendo en cuenta que la misma fue impulsada de manera consensuada, principalmente entre representantes del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del Partido Colorado.
“Quiero recordarles a los presidentes de entes, quienes estuvieron en esa reunión, que el Partido Colorado es agrarista por doctrina, que representa a las clases populares y no es un partido que representa a las oligarquías económicas. Tienen que fijarse en lo que representa este proyecto de ley para el campesinado y tienen que defender los intereses populares. Eso nosotros haremos desde el Congreso Nacional. No daremos la espalda al sector popular, al campesinado”, refirió.
El legislador se refirió al titular de Petropar, Eddie Jara Rojas, y al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez. “Ellos estuvieron estuvieron en la redacción del texto que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional y luego aconsejaron otra cosa al presidente, qué pasó por el camino. Sería demasiado importante que puedan dar la cara porque están generando una crisis”, indicó.
Aguilera rechazó también las publicaciones de algunos medios de comunicación quienes en sus páginas titulan que “grandes cañicultores presionan contra el veto parcial”. “Este es el lobby que están haciendo los grandes oligarcas económicos ¿Quiénes son los grandes cañicultores? Yo invito a todos los medios que quieran venir al Guairá para presentarles a los grandes cañicultores como dicen, para que puedan ver cómo estas personas trabajan en familia, cómo pelan la caña de azúcar con 40 grados de calor, cómo practican la supervivencia y cómo están desprotegidos”, lamentó.
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“La universidad pública no se toca”, dijo Milei, pero no cederá a reclamos
El presidente argentino, Javier Milei, dijo el martes que la universidad pública “no está en discusión”, pero afirmó que no cederá a los reclamos por más presupuesto cuando se multiplican las protestas estudiantiles en las altas casas de estudios. “Acá no está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada. Eso no se toca”, dijo Milei en una entrevista con el canal de televisión LN+. “Gratuita no es, alguien la está pagando, la pagan los que no van”.
“Yo no voy a ceder”, advirtió el presidente, consultado sobre los reclamos que ponen el eje en los magros salarios de los docentes, que se sitúan bajo la línea de la pobreza y están causando masivas renuncias, según alertaron los rectores de las principales universidades públicas que concentran el 80 % de la matrícula superior. El presidente vetó hace dos semanas una ley que aumentaba fondos para las universidades por considerar que ello ponía en jaque el equilibrio fiscal, pilar de su gobierno, pese a que la oficina de presupuesto del Congreso calculó su impacto en 0,14 % del PIB.
Los estudiantes se pusieron en pie de guerra luego de que el Congreso ratificara el veto presidencial el miércoles pasado pese a masivas marchas para reclamar mayor presupuesto para las universidades. Milei ha centrado su postura en las auditorías a las universidades, al echar un manto de sospecha sobre la adjudicación de los fondos públicos que estas reciben. “Este revuelo es tomar una causa noble, como la universidad y ocultar los curros (delitos) de los delincuentes”, afirmó el presidente. “¿Por qué tanto problema porque las queremos auditar? ¿Quién no quiere ser auditado? El que está sucio”.
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Las universidades cumplen con auditorías internas ordinarias, sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene pendiente su plan de revisiones, que incluye a varias universidades. Este plan debe ser aprobado por una comisión parlamentaria cuya conformación no ha sido completada por el propio gobierno. Más tarde el martes, el Ejecutivo permitió que un organismo que depende de la presidencia (SIGEN) audite las universidades. Milei desafió al Congreso a que reasigne las partidas del presupuesto para financiar las demandas universitarias.
“Pueden discutir el presupuesto y poner el número que quieran. Mientras me respeten el déficit cero, no me importa”, dijo el presidente. “Que digan a quién le sacan”, agregó. El gobierno prorrogó para 2024 el presupuesto universitario de 2023 pese a que la inflación, de las más altas del mundo, marcó en septiembre un 209 % interanual. Para 2025, el gobierno presupuestó para las universidades públicas la mitad de los fondos que los rectores manifestaron necesario para garantizar el funcionamiento.
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Fuente: AFP.
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Pacto del futuro es actualización de objetivos de la ONU, explica Loizaga
El Gobierno de Paraguay se adhiere al Pacto del Futuro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero bajo ciertas condiciones que el presidente Santiago Peña, dejó en claro durante su participación en la cumbre. El mandatario remarcó ayer que existen varios puntos en los que no está conforme y que la aplicación del documento se hará de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional y las leyes vigentes.
Al respecto, el excanciller nacional Eladio Loizaga, explicó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este documento es una continuidad y actualización de los diversos objetivos que las Naciones Unidas ha venido fijando. Indicó que la primera fue en el 2005 cuando se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS).
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Agregó que en el 2022 se actualizaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Ahora, con este Pacto del Futuro 2045, prácticamente se actualizan todos aquellos aspectos que en aquel momento fueron comprometidos por los países. Especialmente teniendo en cuenta que la circunstancia han cambiado. Hoy tenemos un mundo totalmente distinto a lo que se tenía hace 5 o 10 años, y sigue siempre firme que el desarrollo sea sostenible”, comentó.
Temas relevantes
Loizaga señaló que ahora el nuevo documento refiere temas muy importantes que la comunidad internacional tendrá que enfrentar con un compromiso como es el tema del medio ambiente, pero con responsabilidades diferenciadas, entendiendo que las circunstancias de cada país son diferentes.
“Además que contempla todo lo que hace a la lucha contra el crimen trasnacional organizado, el financiamiento para el desarrollo y nuevamente señala el empoderamiento de la mujer y las niñas, que muchas veces acá se confunde con lo que es ideología de género. Este empoderamiento tiene que ver con la igualdad de oportunidad que se tiene que dar tanto a las mujeres como a las niñas, para que en igualdad de condiciones se desarrolle en los campos educativos, en el ámbito económico, liderazgo en el ámbito político, y el sector privado”, explicó.
Remarcó que en este documento no se incorpora nada que tenga que ver con ideologías de género, no obstante, señaló que sí se incorpora el tema de salud reproductiva, en la cual el Paraguay siempre ha tenido sus reservas.
“Creo que el presidente Peña ha sido muy claro al señalar que los objetivos fijados en este nuevo Pacto, lógicamente también tienen que estar enmarcados en lo que hace a nuestra Constitución Nacional, y que un país haga esas reservas no genera ningún inconveniente. Por ejemplo Argentina no se sumó a este pacto, ellos tienen hoy una posición totalmente distinta al gobierno anterior”, comentó.
Paraguay no firmó nada
El embajador Loizaga aclaró que Paraguay no firmó ningún pacto, ni ningún acuerdo. “Ningún jefe de Estado firma este pacto, sino que la misma se somete a consideración en el plenario, y ahí los jefes de Estados o representantes de los países dan su voto a favor y se aprueba. Tampoco es un pacto vinculante, que obligue al país. Son pautas o normas que se establecen en el contexto multilateral, para avanzar en los desafíos que se tiene”, explicó.
Destacó además que en este contexto otro tema importante del que se trata es el comercio internacional, a fin de establecer un comercio regulado por normas justas, que no sea proteccionista y sobre todo se destaca el rol de la Organización Mundial del Comercio, en lo que hace a reglar sus normas y legislaciones, y quienes incumplan tienen espacios para ir a reclamar.
Finalmente, el embajador Loizaga remarcó la importancia de la responsabilidad de la implementación, para que no quede en letra muerta el documento. “Lo importante es la implementación y es por eso que son importantes las sesiones, donde los países presentan informes de la implementación de estas decisiones”, concluyó.