El canciller Euclides Acevedo no descarta realizar un “reclamo diplomático” al mecanismo Covax por el retraso en la entrega de las dosis de vacunas contra el COVID-19 adquiridas por el Gobierno. A pesar de esto, se muestra optimista en cuanto a la llegada de más inmunizantes, estima que se cerraría el 2021 con 4 millones de dosis anti-COVID.
“Lo que podemos hacer es una especie de reclamo diplomático, no estoy de acuerdo con eso de devolver la plata, si la labor diplomática es tratar de enmendar errores y equivocaciones, buscar aciertos y consensos”, expresó el ministro.
También informó que en agosto serán producidas en Taiwán las Vaxxinity, vacunas del laboratorio norteamericano, y uno de los primeros destinos de la producción será Paraguay.
“Por eso estamos entusiasmados en que en el mes de agosto vamos a tener suficiente cantidad, no serán donaciones, sino que vamos a comprar”, indicó.
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Además de los inmunizantes Vaxxinity también se esperan las Covaxin de la India. “Estoy esperanzado en que tengamos un lote importante de las Covaxin, con la reducción de contagios y fallecidos en la India, hay un ambiente favorable. La otra semana tengo una conversación telefónica con el embajador, estarían aprobando nuevamente el envío, capaz sean 500.000 dosis”, sostuvo el ministro.
Finalmente destacó la cooperación de la ciudadanía para acudir a los vacunatorios, posteriormente ya estarán enfocados en la reactivación económica para hacer un salto cualitativo hacia la prosperidad.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Reiteran captura internacional contra Rodrigo Granda por secuestro de Cecilia Cubas
El juez Mirko Valinotti dispuso reiterar la orden de captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda, considerado como el canciller del grupo guerrillero FARC y quien brindó apoyo a integrantes del Partido Patria Libre para el plagio y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas hecho ocurrido en el 2004-2005.
El oficio a la Comandancia de la Policía Nacional, como también a la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Interpol Asunción, con el correspondiente código rojo. Con la remisión del oficio a la dependencia policial se da retorno a lo planteado por los abogados querellantes Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz.
Granda, quien maneja varios alias a fin de eludir a los investigadores, soporta proceso en nuestro país por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. En caso de ser detenido en otro país que no sea Colombia, el excanciller de las FARC tendrá que ser extraditado a nuestro país para enfrentar los delitos que el Ministerio Público imputó en su momento.
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La orden de captura internacional con fines de extradición se firmó el 27 de marzo del 2008 y desde aquel entonces se viene reiterando en numerosas oportunidades pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar dicha orden judicial de nuestro país.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, con Juan Arrom y Anuncio Martí realizaron una visita a Venezuela donde se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC, lugar desde donde se inició a la estrategia para secuestrar y asesinar a Cecilia Cubas.
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Diputados indagarán sobre compra de vacunas anticovid: “Los contratos eran un secreto”
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocó para el próximo 15 de abril a la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, con la finalidad de conocer la situación actual en la provisión de medicamentos e insumos. A la vez, los parlamentarios indagarán si continúan firmes las cláusulas de confidencialidad para la adquisición de las vacunas anticovid.
“Este tema sobre el conocimiento del contenido de los contratos para la compra de las vacunas en la pandemia fue bastante discutido. Los contratos eran prácticamente un secreto de Estado. Recuerdo que en esa época se reclamaba bastante el poder conocer cuáles son las condiciones, precios, consecuencias. Finalmente nunca supimos el contenido de esos contratos”, manifestó Rocío Vallejo, diputada de Patria Querida.
Durante el momento más crítico de la pandemia, el gobierno del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, había solicitado al Parlamento una normativa especial para la compra de las dosis, atendiendo que en su momento muchas de las firmas farmacéuticas establecían como principal requisito para la provisión la confidencialidad.
“Hoy por hoy se siguen adquiriendo las vacunas, pero no sabemos si siguen las mismas restricciones en cuanto al conocimiento del contenido de los contratos. Como ciudadanía tenemos derecho en saber cómo se está gastando el dinero. Hoy ya no estamos en esa situación de constreñimiento y no se entendería por qué tendría que seguir siendo un secreto“, puntualizó.
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A la vez, solicitarán a la alta funcionaria de Estado informes respecto a la ejecución de los préstamos concedidos por el Congreso Nacional mediante la aprobación para saldar las deudas con el sector farmacéutico. Los recursos fueron proveídos mediante la normativa ejecutiva “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”.
La ley apuntaba al pago de una deuda flotante de USD 600 millones contraída con las farmacéuticas y las constructoras. Del total, unos 250 millones de dólares fueron destinados con el fin de concretar el pago a los proveedores del sistema salud. “Nosotros queremos saber si llegaron a ejecutarlo, si se sigue debiendo, cuál es la situación. Queremos conocer de cerca la situación”, comentó mediante una entrevista con la 730 AM.
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Vicecancilleres de Argentina y Paraguay coordinarán este martes la agenda bilateral
El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Alfredo Verdún Bitar, se reunirá este martes con su par argentino, Leopoldo Sahores, en la ciudad de Buenos Aires, para abordar la agenda bilateral entre Paraguay y Argentina, que incluye las negociaciones en torno al cobro de un peaje ilegal en la hidrovía Paraná-Paraguay, que lleva 16 meses de vigencia desde su implementación en el anterior gobierno del vecino país.
“Viajará con el propósito de participar en la reunión de la gran comisión, la cual es un encuentro de coordinación de toda la agenda integral entre Paraguay y Argentina. Esta reunión se celebrará en la ciudad de Buenos Aires, el día de mañana (martes), a nivel de vicecancilleres”, manifestó Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores, en una entrevista con los medios de prensa.
El anterior gobierno de Alberto Fernández decidió aplicar el cobro de un peaje de USD 1,47 por tonelada de embarcación a los países que comparten la vía fluvial desde el 1 de enero de 2023, transgrediendo la libertad de navegación y violando una serie de reglamentaciones y tratados internacionales.
“En cuanto al peaje de la hidrovía se recibió una propuesta que tiene que desarrollar los diferentes aspectos vinculados a cuál es la prestación de servicios. Lo que quiero que se entienda es que el Paraguay no se opone al pago de un peaje en la hidrovía, lo que ha hecho nuestro país es plantear, en primer lugar, el cumplimiento del tratado de la hidrovía, para el pago del flete tiene que haber un consenso entre los cinco países, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, partes y una prestación de servicios”, comentó Lezcano.
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Consensuar un acuerdo
Acotó que “hay reuniones donde se está abordando cuál es el nivel de la tarifa que plantea Argentina para alcanzar un acuerdo que sea posteriormente consensuado con los demás países. La propuesta es que Argentina nos haga un planteamiento de cuál es la tarifa y las prestaciones de servicios de manera que se arme un consenso entre todos los países partes”.
Ramírez Lezcano siguió sosteniendo que “siempre que haya una prestación de servicios no existe ninguna oposición de que se pague el peaje. Nosotros hemos comunicado a los demás países sobre estas reuniones con el propósito de que avancemos juntos en las discusiones relacionadas a este tema”.
Las declaraciones del alto funcionario de Estado surgieron tras presentar a la mesa directiva de la Cámara Alta la candidatura del jurista paraguayo Diego Moreno Rodríguez Alcalá para juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Lezcano solicitó a los legisladores el respaldo de la institución legislativa a la postulación de la candidatura del doctor en Derecho Constitucional.