La Cámara de Senadores aprobó en su sesión ordinaria el proyecto de resolución “Que cita e interpela al señor José Antonio Ortiz Báez, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar)”.
La iniciativa de varias bancadas de la Cámara Alta responde a las denuncias que se realizaron respecto al negocio de explotación de las máquinas electrónicas de tragamonedas. El pedido fue aprobado con un total de 39 votos a favor y 6 en contra.
El documento fue presentado por Jorge Querey, Stephan Rasmussen, Georgia Arrúa, Fidel Zavala, Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Blas Llano y Hugo Richer.
En el proyecto de interpelación alegan que la Conajzar otorgó la concesión del cobro de cánones y explotación a una empresa privada que es cuestionada por su perfil financiero y jurídico. Lo hizo sin licitación ni ley, como debería ser y como se establece en la Constitución Nacional.
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De acuerdo a una investigación realizada por el Grupo Nación, tanto el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Conajzar permiten la explotación del negocio sin intervenir. Las publicaciones periodísticas demuestran el nulo control de las instituciones estatales en la explotación de los juegos de azar, que permite la clandestinidad de los proveedores de estas máquinas.
El ingreso de estas máquinas al país se da aparentemente a través empresas grandes, cuyas actividades principales figuran como playas de autos, metalúrgicas, electrónica, etcétera. Aproximadamente son 20 empresas importadoras que ingresaron estos componentes, según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas correspondientes al año 2019.
Se estima que en el país existen unas 150 mil máquinas tragamonedas, que en los peores momentos rinden ganancias de G. 2 millones al mes cada una, moviendo así unos G. 300 mil millones de manera mensual.