El director jurídico de la Contraloría General de la República, Darío Ortega, explicó el procedimiento a ser implementado para el inicio de las auditorías financieras y de obras en Itaipú y Yacyretá que arrancará con la notificación a las autoridades de las binacionales. Se emitirá una resolución para calendarizar las fiscalizaciones que en principio serán dos veces por año.

“Vamos a notificar a los entes del principio de la auditoría, vamos a presentarle al equipo auditor. Ese va a ser el protocolo. Se les comunica que inicia el proceso de auditoría y se presenta el equipo auditor y se les dice los documentos que se precisan”, comentó Ortega en entrevista en Unicanal.

Te puede interesar: ARP dice estar preocupada por la postura de Salomón sobre secuestro y muerte

Explicó que el equipo auditor determinará si pide el envío de las documentaciones a la sede de la Contraloría o se traslada a las binacionales para realizar la revisión. ”En principio se piden los documentos, pero de ser necesario se va a acudir a la oficina”, puntualizó al mencionar que quedará a criterio de los auditores establecer el mecanismo de trabajo, pero ante la negativa tomará intervención el equipo jurídico.

Una vez que se soliciten los documentos, se dará un plazo de diez días para aguardar la presentación de la información requerida, pero puede ser prorrogable. Dijo que ante un eventual incumplimiento de la ley, la Contraloría nuevamente accionará ante la justicia, invocando el artículo 20 de su ley orgánica y funcional.

Leé también: Cualquier propuesta de salir del Mercosur es inoportuna, dice Euclides Acevedo

“Si hay algo que aprendí en estos dos años que estoy en la Contraloría es la alta capacidad técnica de la gente que trabaja. Me quito el sombrero ante los funcionarios de la Contraloría”, arguyó al ser consultado si estaría en condiciones de hacer frente a eventuales intentos de evadir la entrega de datos por parte de las binacionales.

De comprobarse irregularidades en las auditorías, todos los antecedentes serán remitidos y denunciados como hechos punibles ante los organismos pertinentes, aseguró el director jurídico. “En el 2020 hicimos un total de 52 reportes de hechos punibles, por ejemplo, el 29 de julio se hace la audiencia de juicio oral y público a un intendente, como consecuencia de la denuncia del contralor al inicio de su mandato”, recordó.