La senadora Esperanza Martínez dijo que estarán investigando sobre la situación irregular de las máquinas de tragamonedas distribuidas en todo el país. Tanto el Ministerio de Indus­tria y Comercio (MIC) como la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) permiten la explota­ción del negocio sin intervenir.

“Estamos en un proceso de investigación sobre la situación irregular de las máquinas tragamonedas distribuidas en todo el país al alcance de menores. Tenemos que ser muy claros en que esto tiene que estar lejos de niños y adolescentes”, expresó a radio Uno.

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También dijo que la Conajzar lo que hace es “habilitar un frondoso negocio, una concesión a una empresa que está prohibida por Constitución Nacional”. La legisladora dijo que no es la competencia de este ente estatal. “Se crea este tema de nuevas modalidades cuando los jueguitos tragamonedas tienen más de 40 años”, explicó que sería un mecanismo para que sigan operando.

Por otra parte, mencionó que “todo esto es un plan para lavado de dinero porque se miente en cantidad de máquinas, se miente en recaudación. Una empresa digitada, creada hace menos de un año, sin ningún informe técnico y que no es especializada en el ramo”, recriminó.

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El nulo control de las instituciones estatales dentro de la explotación del juego de azar permite la clandestinidad de los proveedores de estas máquinas, según la investigación llevada a cabo por el Grupo Nación.

El ingreso al país de estas máquinas sería por parte de empresas grandes, cuyas actividades principales figuran como playas de autos, metalúr­gicas, electrónica, etcétera. Aproximadamente son 20 empresas importadoras que ingresaron estos componentes, según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas del 2019.

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