La Contraloría General de la República (CGR) no descarta volver a recurrir al Poder Judicial en caso de que persista la negativa de los titulares de Itaipú y Yacyretá en abrir las puertas para la auditoría financiera y de obras. Esta semana se reglamentará la ley e inmediatamente se calendarizarán las fiscalizaciones, anunció el contralor general de la República, Camilo Benítez.

“Ahora tenemos que sacar una resolución para una reglamentación de la ley, así como dispone la ley misma, a los efectos de hacer el calendario de inicio de las auditorías y las metodologías que serán utilizadas. Eso vamos a hacer esta semana”, sostuvo el contralor en diálogo con la 1080 AM.

Explicó, además, que se intentará nuevamente ingresar a ambos entes binacionales, pese a la resistencia de los directores, particularmente de Itaipú. Benítez se mostró dubitativo en cuanto a que esta vez se permita el control, aunque ya exista una legislación que así lo dispone. “Yo no creo que las autoridades de Itaipú no accionen contra la ley. Es decir, creo que van a accionar porque es el criterio que tienen ellos, que la Controlaría no tiene la potestad de poder auditarles y que eso atenta contra el tratado y la soberanía brasileña”, dijo.

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En ese sentido, recordó que las autoridades de Itaipú accionaron contra la anterior resolución de la Contraloría General de la República, que ordenó la auditoría basada en normas constitucionales. “Ahora, con esta ley, yo calculo que accionarán. Ojalá que no porque nos ahorrarán muchísimo trabajo. Nosotros vamos a ir firmes hacia adelante hasta donde nos dejen. Y vamos a utilizar esta ley que obviamente es una herramienta mucho más fuerte”, enfatizó.

Benítez advirtió que si nuevamente las autoridades se oponen a las auditorías, desde la Contraloría también se impulsarán acciones ante la justicia para dar cumplimiento a la ley. “Si nos dicen que no, vamos a volver a acudir a la justicia para que emita una orden judicial y ahí veremos”, adelantó.

Por otro lado, el titular del ente contralor mencionó que hay dos recursos impulsados, uno presentado por la binacional en contra de la resolución de la Contraloría para el inicio de la auditoría financiera a los fondos socioambientales. Y la otra acción fue impulsada por la Contraloría ante la negativa de proveer la información requerida.

“Yo solicité una medida judicial, un amparo judicial para que me den esa documentación y el juez envió a la Corte por vía consulta porque entendía que existían normas constitucionales que podrían estar en juego. Llegó a la Sala Constitucional y el doctor Antonio Fretes amplió al pleno este caso en particular que tiene que estudiar la Corte”, refirió.

Finalmente, Benítez aclaró que independientemente a estas acciones pendientes de fallos, la Contraloría dará cumplimiento a la ley que ahora está vigente. “No es que tenemos que esperar el resultado de esa acción para poder iniciar una nueva auditoría. Ahora vamos a firmar las resoluciones de inicio de auditorías conforme a esta nueva ley”, arguyó.

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