El senador Jorge Querey se refirió a la incapacidad del gobierno de Mario Abdo para la optimización de los recursos que le fueron otorgados dentro de la Ley de Emergencia Sanitaria. Desde su percepción, el informe de gestión presentado ayer tuvo carencias desde la estructura misma de su presentación, cuestionó.
“Hoy no es necesario que nos endeudemos, si te fijas en un año, menos del 50% se había ejecutado en un año de pandemia en Salud”, cuestionó el senador del Frente Guasu en contacto con la 780 AM. Asegura que la estructura de la salud podía crecer el doble de lo que se tiene con los recursos que se tercerizaron al sector privado.
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Dijo que del presupuesto para salud se sacaron US$ 40 a 50 millones para construcción de viviendas, lo que dijo que se repondría, pero ahora sostienen que faltan recursos. “No son solo US$ 1.600 millones, si sumas todos los otros, para diferentes obras, serían US$ 2.500 millones. ¿A dónde fue ese dinero? Se fueron a obras públicas”, dijo.
Considera que el tiempo no ameritaba para diseccionar esos fondos a construcciones. “No se optimizaron los recursos”, añadió. Sobre el proyecto de fortalecimiento económico que se envío del Ministerio de Hacienda, en uno de los artículos se autoriza el uso de los saldos no ejecutados y no comprometidos del presupuesto.
Sin embargo, anteriormente el discurso era que no había plata y estaba todo comprometido. “Era mentira, si el 50% estaba ejecutado, no estaba todo comprometido”, recriminó. También se refirió a la deuda con empresas farmacéuticas, “¿por qué no hay plan de pago de insumos y medicamentos que se adquirieron?”, cuestionó que no haya un plan estratégico.
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Horas de trabajo debe adaptarse a la realidad local, dice senador y rechaza propuesta de reducción
“Todos los estudios que lleven a un mejoramiento de la calidad de producción deben adaptarse a la realidad paraguaya”, sostuvo el senador Natalicio Chase tras expresar su rechazo al proyecto de ley que plantea reducir el horario laboral en el sector privado. Agregó que esta iniciativa podría poner en riesgo las inversiones internacionales instaladas en nuestro país.
“No es tan sencillo bajar el horario laboral del país sin tener en cuenta todos los factores. El 98 % de la mano de obra que se utiliza en el Paraguay son las pequeñas y medianas empresas, entonces hay que consultar con todos los sectores para tomar una medida así y no una medida alegre que busca figuración”, comentó a los medios de comunicación.
El proyecto que establece las 40 horas laborales semanales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.
“El senador no se reunió con las industrias, con la fuerza trabajadora del país, es un proyecto de ley que busca un resultado mediático, no se puede tomar medidas unilaterales. Él es un senador, representa a una pequeña porción de los paraguayos. Esta medida afectará al 100 % de todos los ciudadanos, a veces las iniciativas que son irresponsables pueden hasta ocasionar desventajas en el sector industrial y poner en riesgo las inversiones internacionales en nuestro país”, indicó Chase.
Asimismo el parlamentario acotó: “No se puede traer estudios extranjeros no aclimatados a nuestro país. Yo creo que es inapropiado, no tiene análisis. En Paraguay no se tiene las 8 horas de trabajo como está previsto en la ley, porque siempre hay hora de almuerzo. La propuesta puede analizarse, pero sí tiene un estudio más acabado”.
El proyecto de ley ahora deberá ser girado previamente a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta para sus correspondientes dictámenes, ya sea a favor o en contra para luego ser analizado en la plenaria.
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Senador de Alto Paraná no descarta requerir emergencia departamental ante inseguridad
“La inseguridad en Alto Paraná está en auge. Estamos cerca de fin de año y las olas delictivas pueden empezar a aumentar”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, tras referirse sobre el atraco registrado en la noche de este último miércoles a una entidad bancaria por parte de un grupo de diez delincuentes fuertemente armados.
“Fue un episodio muy importante lo que pasó en Naranjal, un asalto tipo comando con explosivos y armas de grueso calibre. Los pobladores de Alto Paraná están muy preocupados por estos hechos y considero que el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones inmediatas”, indicó a los medios de comunicación.
Durante el atraco, los malvivientes esparcieron clavos miguelito por toda la zona y dañaron dos patrulleras policiales y al menos tres vehículos particulares. Según el informe proporcionado por las autoridades del banco, mediante un arqueo se determinó que la cifra sustraída equivale a G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.
“Voy a reunirme con el ministro Enrique Riera y con mi equipo pediremos informes para tener mayor información sobre los hechos acaecidos. Los datos que pueda obtener serán muy importantes porque me permitirá plantear una declaración de emergencia contra la ola de inseguridad existente, los hechos delictivos aumentan con la llegada del fin de año”, comentó.
Asimismo, el parlamentario de la oposición dijo que no se puede descartar una posible complicidad policial. “Hay una desidia total de la Policía Nacional, es muy llamativo que el servicio de inteligencia ya tenía conocimiento que se estaban organizando grupos criminales para perpetrar atracos en el departamento, sin embargo no están haciendo nada al respecto. Tres horas después de una alerta policial la entidad bancaria fue sujeto a un asalto”, refirió.
Velázquez acotó que “me preocupa aquí que exista una complicidad por parte de policías. Por qué no actuaron si ellos ya tenían informaciones. Esto es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”.
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Terapia asistida con animales: generar vínculos para combatir enfermedades
Por Valentina Jara.
La terapia asistida con animales (TAA) es una intervención terapéutica en la que animales, como perros y caballos, son aliados de los profesionales de la salud para ayudar a los pacientes en diferentes condiciones. Entre sus objetivos se encuentra generar un vínculo afectivo entre el paciente y el animal que acompaña a la evolución terapéutica.
Esta forma de tratar enfermedades no ha sido aún explorada en su totalidad. Sin embargo, existen múltiples estudios que demuestran su efectividad, tanto con dificultades físicas como mentales en todas las edades. En nuestro país, la rama más desarrollada es la equinoterapia, que trabaja con caballos. A fin de conocer más sobre las implicancias de este tratamiento, desde La Nación/Nación Media conversamos con la licenciada en psicología Julieta Morales, especializada en TAA.
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Es innovadora y para todos
“Esta terapia en realidad aplica a todas las personas, siempre y cuando no presenten algún tipo de fobia, que dentro de todo eso también se puede trabajar”, explicó Morales sobre la accesibilidad del tratamiento. Aclaró que este tipo de intervención no sustituye otras terapias, sino que es un proceso complementario. Además, comentó que existen investigaciones que respaldan el uso de la misma en pacientes con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), autismo, entre otros.
La licenciada trabaja actualmente en terapia asistida con perros, la cual considera como una forma alternativa e innovadora para respaldar las necesidades de los pacientes. Sobre el entrenamiento previo que debe tener un can de terapia, comentó: “Antes que nada, me gustaría aclarar que en el momento de elección de un perro de terapia no miramos la raza, sino características. Es importante que el perro esté entrenado y habituado a su labor, debe estar acostumbrado al contacto, a otros perros, a otras personas y debe tener un vínculo afectivo importante con la persona que trabaje”.
Generar vínculos
Enfatizó en que los vínculos del animal con las personas a su alrededor son un factor clave para determinar la efectividad de la terapia. También sugirió que los beneficios de esta tienen mucho que ver con los objetivos terapéuticos de cada persona: “Hay una frase que me encanta de Boris Levinson que dice: ‘Cuanto más podamos observar al paciente en interacción con un animal de compañía, más profundas serán las conclusiones que saquemos’. Los beneficios de la terapia son de acuerdo a qué objetivos terapéuticos está trabajando el paciente”.
Añadió que formar un buen canino de terapia requiere trabajo y tiempo: “Son muchas horas de juego y entrenamiento con el perro de terapia, tenemos que saber que detrás de un gran perro de terapia, hay un gran guía”. Por último, señaló la importancia de la responsabilidad tanto de parte de los profesionales como de los pacientes que desean participar de estas actividades terapéuticas.
“Es demasiado importante que los profesionales que van a implementar este tipo de terapia sean realmente responsables con sus animales, velar por el bienestar de ellos es igual de importante que el bienestar de los pacientes. Las personas que se introduzcan a esta actividad también deben ser muy responsables con la formación que conlleva esto, es demasiado importante tener a personas capacitadas y por sobre todo éticamente responsables”, dijo Morales a LN.
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Ley de Transparencia sincerará rol de las oenegés ante la ciudadanía
Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.
La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.
Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)
La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.
El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.
Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.
La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.
Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.
No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.
Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.