La Dirección de Vigilancia Sanitaria de Itapúa se encuentra en alerta por la muerte sospechosa de un adulto mayor por covid-19, reportada en la ciudad de Encarnación. Este mes de enero ya se han diagnosticado 150 casos de esta enfermedad en la región del país.

“En el último boletín epidemiológico, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se ve que hay un aumento de casos en forma sostenida de cuadros respiratorios, principalmente que tienen como causa a agentes virales”, señaló el doctor Juan María Martínez, director de la Séptima Región Sanitaria, a los medios locales.

Se destaca la identificación de pacientes con rinovirus, influenza y coronavirus. “En ese sentido, aquí en el departamento de Itapúa, en el año 2025, tenemos ya aproximadamente 150 casos reportados de covid-19. De ellos, 15 casos necesitaron internación por alguna complicación. Actualmente, tenemos 5 pacientes internados con covid, 3 de ellos en el hospital regional de Encarnación y dos en el IPS”, refirió.

Lo más grave es el fallecimiento de una persona presumiblemente por causa del coronavirus. Este dato está siendo analizado por un comité nacional, a fin de poder confirmar o descartar esa posibilidad.

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“De todas maneras, es llamativo y es importante la cantidad de cuadros respiratorios que tenemos en el departamento de Itapúa. Y llama también mucho la atención el hecho de que ninguno de los casos de los pacientes que tenemos hoy internados tenía al día sus esquemas de vacunación contra el covid”, lamentó.

El médico exteriorizó su preocupación por la falta de inmunización de las personas al considerar que “es un hecho que debe llamar la atención”, a la población en general, así como al sistema sanitario del país.

“Tenemos una herramienta fundamental para prevenir complicaciones y muertes por covid; esa herramienta, la vacuna, es biológicamente segura y tiene efectos secundarios mínimos”, afirmó.

Lamentó que haya cierto rechazo de la ciudadanía para acceder a estos biológicos . “Acá está la demostración científica de que las personas que no tienen el esquema completo de vacunas son las que pueden con mayor posibilidad desarrollar complicaciones y posteriormente poner en riesgo sus vidas”, expresó.

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El Ministerio de Salud Pública reportó 18.871 consultas por gripe a nivel nacional, lo que equivale a un aumento del 43 % con relación a la semana anterior. Con esto, la curva de tendencia se ubica por encima del umbral de alerta e instan a la vacunación anual y la consulta oportuna para prevenir complicaciones.

La mayoría de las consultas están asociadas a cuadros de rhinovirus, SARS-CoV2 e influenza. En cuanto a la proporción de hospitalizados, en los Centros Centinelas se reporta un incremento de 8 % con relación a la semana anterior. Hasta la semana epidemiológica 02 (del 5 al 11 de enero) se contabilizaron un total de 326 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

El 51 % de las internaciones se concentra en la edad adulta, siendo el 28 % mayores de 60 años. En tanto que el 49 % corresponde a la edad pediátrica, con predominio en menores de 2 años. Entre los pacientes hospitalizados, no se registran vacunados contra SARS-CoV2 e influenza en la temporada actual.

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La semana (SE) 02 cerró con 192 casos confirmados del virus SARS-CoV2, evidenciando un incremento del 54 % con relación a lo registrado en la semana anterior. En 17 regiones del país se identifican casos de la infección. En esta semana se procesaron un total de 1.722 muestras para SARS-COV2, observando una tasa de positividad de 11,1 %.

Por otra parte, 19 personas fueron hospitalizadas por covid-19; una ingresó a la unidad de cuidados intensivos. La mayor carga de internados se muestra en el grupo de 0 a 4 años y en la franja de 80 años y más. Se confirma un fallecido al cierre de esta semana. En lo que va del año se han reportado cuatro decesos por covid-19 registrados en la franja adulta de edad de 40 a 60 años y más.

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- Usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios. El tapabocas no debe retirarse al momento de toser o estornudar.

– Al acudir a los establecimientos de salud, el uso de tapabocas es clave como medida de protección.

– Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo, nunca con la mano. Desechar el pañuelo y seguidamente higienizarse las manos. En caso de no contar con pañuelo, cubrirse al toser o estornudar con la flexura interna del codo, de manera a disminuir la dispersión de gotitas y aerosoles, así como la contaminación de superficies.

– Lavarse las manos con frecuencia.

– Ventilar los ambientes.

– Evitar entrar en contacto estrecho con personas con síntomas respiratorios como tos o estornudos.

Ayer viernes, desde el Hospital Regional de Encarnación (HRE) confirmaron que una beba de solo tres meses de vida está internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) neonatal tras dar positivo a las pruebas del covid-19. La pequeña es oriunda de la ciudad de Villarrica y fue trasladada por un cuadro respiratorio agudo.

Según el reporte dado desde el hospital de la ciudad de Encarnación, Itapúa, la beba llegó en grave estado y fue ingresada a la UTI para su mejor atención. La misma llegó con un cuadro respiratorio grave con mucha fiebre por lo que fue intubada. “Estamos monitoreando su evolución de cerca y trabajando con un equipo multidisciplinario para brindarle la mejor atención posible. Se trata de una lactante de 3 meses, que llegó trasladada desde Villarrica”, afirmó el doctor Eleno Arévalo, jefe de Programas de la VII Región Sanitaria, en entrevista con la corresponsal de Nación Media.

Resaltó que en un primer momento un diagnóstico de bronquiolitis, pero como protocolo se practicó el hisopado dando positivo a virus respiratorio. “Resultando positivo a covid. La paciente está intubada, pero estable, eso quiere decir que no requiere de medicación para mantener los signos vitales”, aseguró.

La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por el exsuperministro abdista Arnaldo Giuzzio, nunca informó sobre las irregularidades cometidas por la estatal Copaco en la subcontratación de una empresa ligada al concuñado del expresidente de la República Mario Abdo. La telefónica decidió puentear la Ley de Contrataciones y entregar millones en plena pandemia.

• Por Juan Carlos Lezcano F

La Comisión Espe­cial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), creada supuestamente para el seguimiento cercano de todas las adquisiciones rea­lizadas por el Estado en res­puesta a la crisis sanitaria generada por el coronavi­rus, nunca vio irregulari­dad alguna en el contrato entregado directamente y por fuera de la Ley de Con­trataciones Públicas a la empresa del concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez.

La CESC fue creada en mayo de 2020, con la pro­mesa de supervisar de cerca todas las compras públicas realizadas en respuesta a la pandemia. Al frente de la comisión fue puesto el entonces ministro de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad), el acusado Arnaldo Giuzzio. Entre otros, también formaban parte de la CESC los hoy imputados Renée Fernán­dez, entonces titular de la Secretaría Nacional Anti­corrupción (Senac), y Car­los Arregui, extitular de la Seprelad.

Para julio de 2020, la CESC afirmó haber controlado un total de 44 procesos de compras públicas, por un total de USD 500 millones. Curiosamente, entre sus primeras determi­naciones afirmaron que no existió daño patrimo­nial en la compra de los “insumos chinos” del clan Ferreira, proceso que dejó a Paraguay sin insumos básicos para atender la crisis sani­taria.

Y otro proceso en el que la comisión encabezada por Giuzzio no detectó irregu­laridades fue en la entrega de un millonario contrato por parte de la telefónica estatal Copaco a Bizcom SA, firma ligada al músico Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez, jefe del titular de la CESC.

Durante la pandemia de covid-19, Copaco, a tra­vés de su filial Vox, imple­mentó un esquema irre­gular para subcontratar servicios de call center destinados al Ministe­rio de Salud Pública. La empresa beneficiada, Biz­com SA, era representada por Flavio “Kike” Santan­der, concuñado del enton­ces presidente Mario Abdo Benítez. Este con­trato, que eludió la Ley de Contrataciones Públicas, incluyó cláusulas de confi­dencialidad que generaron fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

El 5 de febrero de 2020, Copaco firmó un convenio con Salud Pública, repre­sentado por Sante Vallese, presidente de Copaco, y Julio Mazzoleni, ministro de Salud. El acuerdo, des­tinado al rastreo de con­tactos relacionados con el covid-19, alcanzó un costo de G. 5.852.001.600, de los cuales G. 3.239.376.300 fueron adelantados por Salud Pública. El contrato contemplaba 100 posicio­nes de call center con un costo mensual por posi­ción de G. 7.315.200, dis­tribuidos en un plazo de ocho meses.

Sin embargo, Copaco sub­contrató estos servicios mediante Vox, firmando un contrato directo en marzo de 2020 con Bizcom SA, representada por San­tander. La adjudicación, sin proceso de licitación, contemplaba la provisión de servicios tecnológicos bajo la marca Simplifi. El contrato incluía una dura­ción inicial de cinco años renovables y cláusulas de confidencialidad que impedían la divulgación de los términos, alimen­tando sospechas de favo­ritismo debido al vínculo familiar de Santander con la primera dama, Silvana López Moreira.

A pesar de su experiencia en la provisión de servicios de call center para instituciones como Hacienda, IPS y la Ande, Copaco optó por subcontratar a Bizcom SA. Esta decisión plantea dudas sobre la necesidad real de involucrar a una ter­cera empresa, sugiriendo que pudo estar motivada por intereses personales o políticos.

Copaco, regulada por la Ley n.° 2051, no puede rea­lizar contratos directos sin licitación. Para evadir este control, utilizó a Vox como intermediaria, pero esta maniobra también violó las normativas vigen­tes. La Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) había estipu­lado que cualquier contrato entre Copaco y Vox debía regirse por los lineamien­tos de la Ley de Contrata­ciones Públicas.

El uso de contratos direc­tos, sin procesos licitato­rios y con precios sujetos a variación, se justificó mediante cláusulas de con­fidencialidad, lo que obs­taculizó la transparencia en el manejo del acuerdo. Esto dejó a la ciudadanía sin acceso a información cru­cial sobre la utilización de recursos públicos durante una crisis sanitaria sin pre­cedentes.

Flavio Santander, ade­más de este polémico contrato, tiene antece­dentes de negociaciones con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una dele­gación de empresarios interesados en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, par­ticipó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco durante la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos antecedentes refuer­zan los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en sus vínculos con instituciones públicas.