El Congreso remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que plantea el control de las cuentas de las entidades binacionales, Yacyretá e Itaipú, por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Teniendo en cuenta la cantidad de artículos, el presidente Mario Abdo Benítez tiene tiempo de seis días para aceptar o rechazar la normativa.
La sanción de la iniciativa por parte del Congreso Nacional es considerada por la mayoría de los legisladores como un triunfo ciudadano a favor de la transparencia, un gol de media cancha sosteniendo que es fundamental el control de los recursos económicos que son manejados por ambas entidades.
El proyecto fue presentado por la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y el diputado Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Tras las presiones ciudadanas, de los medios de comunicación así como de algunas autoridades políticas, Yacyretá, a cargo de Nicanor Duarte Frutos, decidió revelar semanas atrás sus cuentas a la Contraloría.
Mientras que Itaipú, bajo la dirección de Manuel María Cáceres Cardozo, planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de que la máxima instancia judicial pueda pronunciarse, si se violará o no al publicar las finanzas, el tratado que fue firmado con Brasil.
La sanción de la iniciativa finalmente se dio tras un largo debate que corrió incluso con la posibilidad de que el estamento quede sin quórum necesario. El documento aprobado fue con las modificaciones introducidas por el Senado, los cuales fueron propuestos por Benítez, durante su visita al Legislativo.
Mecanismos
El proyecto de ley establece que la Contraloría realizará el control, la vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes, y el patrimonio.
En otro punto se dispone que la institución dictará una resolución en la cual establece los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de esta legislación; los cuales deberán prever, al menos dos auditorías anuales, una financiera y otra de obras debiendo elevar inmediatamente los informes y resultados a ambas Cámaras del Legislativo.
Los titulares remitirán en un plazo de 40 horas de recepcionado el informe de la Contraloría a las comisiones que posean función técnica y contralora para su análisis correspondiente.
Por otra parte, refiere que en caso de que las binacionales no remitan las documentaciones requeridas en el plazo, la Contraloría solicitará la intervención judicial pudiendo incluso pedir órdenes de allanamientos con ayuda de la Policía, para poder acceder a los registros.
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