La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitió un dictamen aconsejando al pleno ratificarse en su aprobación inicial con respecto al proyecto de ley que busca devolver a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), parte de los recursos procedentes de multas cobradas por la Patrulla Caminera.
Se trata de la propuesta legislativa “Que modifica los artículos 2°, 4°, 24 y 25 de la Ley Nº 19/89, Que aprueba con modificaciones el Decreto Ley N° 10 del 18 de abril de 1989, por el cual se crea la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), y se establece su carta orgánica; y modifica el artículo 20 de la Ley N° 5.498/2015, Que crea la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, y establece su carta orgánica”.
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En su argumentación, la diputada liberal Roya Torres, presidenta de la citada comisión asesora, afirmó que se trata de una iniciativa muy importante, considerando la naturaleza social de la Diben y el rol que cumple en la pandemia, al ofrecer respuesta inmediata a los ciudadanos. “Por todo esto, como Comisión de Derechos Humanos, hemos decidido dictaminar por la ratificación”, sostuvo.
Devolución de más de G. 4.000 millones al año
El objetivo de la normativa es devolver a la Diben parte de los recursos genuinos que fueron establecidos en la Ley N° 19/89, de creación de la misma, y sus posteriores modificaciones. Esos recursos fueron “cercenados” por distintas normas legales que habían sido aprobadas después de su creación.
Concretamente, la propuesta indica que dicha institución debe recibir el 15% de las multas cobradas por la Patrulla Caminera, lo que representaría más de G. 4.000 millones al año. El documento tuvo media sanción de la Cámara de Diputados pero luego fue rechazado en la Cámara de Senadores.
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Por mayoría, Comisión del Senado recomienda desafuero de Mario Abdo Benítez
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores emitió en la fecha un dictamen a favor, con 5 votos, por el desafuero del senador vitalicio y expresidente Mario Abdo Benítez. En tanto, que 3 legisladores votaron en contra y otros 3 se abstuvieron.
Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Javier Zacarías Irún, explicó que tras la deliberación encontraron que se reúnen todos los criterios para otorgar el desafuero solicitado por el propio afectado.
Este martes, la comisión asesora convocó al senador vitalicio Mario Abdo, o en su efecto a sus abogados defensores para responder o explicar acerca de la acusación que pesa en su contra por el caso de las filtraciones de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) durante su mandato. Sin embargo, no convocaron a la contraparte, que es la defensa del expresidente de la República, Horacio Cartes, para que puedan brindar igualmente su versión de los hechos.
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Al término de la reunión, Zacarías Irún explicó que el artículo 17 de la Constitución es muy clara al hablar del debido proceso. “A nuestro criterio, absolutamente no se ha avasallado, ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución. Ahora el resto de lo que se cuestione, debe ser analizado por los fiscales y jueces de la República del Paraguay. Nosotros no somos los jueces, qué debemos decir si está bien o está mal, si es culpable o es inocente. Eso le compete a la Justicia resolver. Nosotros lo único que debemos analizar es si se cumple con el artículo 17 de la Constitución nacional”, insistió.
Remarcó que, en este caso, existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero; así como existieron en los casos en que los senadores activos fueron solicitados sus desafueros y fueron aprobados. “Creo que nosotros no podemos obstruir el estudio o investigación de la Justicia, cuando no se refiere a opiniones que pudiéramos haber dado como senador de la nación. Cuando se trata de delitos comunes, creo que tenemos la obligación de dar el desafuero para cualquier senador de la república”, acotó.
Desafuero con “piolita”
Por otra parte, el senador Zacarías Irún señaló que, al contar ya con los dictámenes en ambos sentidos por parte de los miembros de la comisión, el tema ya podría ser incluido y analizado en la sesión ordinaria de este miércoles de la Cámara de Senadores.
El legislador, señaló que detrás de este pedido de desafuero solicitado por el propio afectado, le da la impresión de que, hay otros intereses, ya que mientras Abdo dice en redes sociales que personalmente solicita su desafuero, a un año que la Justicia haya solicitado el mismo; mientras que sus aliados buscan por todos los medios, trabar el avance del estudio en el plenario, o bien oponiéndose a la aprobación.
“Ahora, lo que sí me llama la atención es el pedido con piolita que realiza Mario Abdo, con relación a que se otorgue su desafuero. Digo esto, porque si realmente uno quiere su desafuero y realmente buscas adherirte a los mandatos de la justicia, no tenés temor a ser investigado. Ahora, si yo digo que quiero el desafuero por una cuestión política, por una cuestión de populismo, o quiero el desafuero con piolita, mientras tanto quedarme escudado en mis fueros mientras mis amigos son juzgados; entonces hay otra cosa. Por eso, a mí me llama la atención, porque ahora sus aliados rechazan el desafuero”, acotó.
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Recuerdan que la Patrulla Caminera solo puede sancionar el vencimiento quinquenal del registro
Teniendo en cuenta que hoy lunes vence el plazo para la validación anual de los registros de conducir en varios municipios del país, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera anunció a través de sus canales oficiales que solo pueden sancionar el vencimiento quinquenal, es decir, la falta de renovación del documento tras cinco años, esto teniendo en cuenta la Ley Nacional N.º 5016 de Tránsito y Seguridad Vial.
Desde el departamento de comunicaciones de la Patrulla Caminera explicaron que durante un control vehicular los agentes verifican tres documentos esenciales: la licencia de conducir, la habilitación municipal del rodado y la cédula verde. Remarcando que la vigencia de estos dos primeros documentos es fundamental para la circulación sin inconvenientes.
La licencia de conducir cuenta con vencimiento quinquenal, marca la caducidad total de la misma, lo que obliga a su renovación cada cinco años. Su control es exclusivo de la Patrulla Caminera, mientras que la validación anual corresponde a un tributo municipal que anteriormente se reflejaba con un sello troquelado en la licencia y que hoy se verifica con un sticker. Su control y sanción dependen únicamente de la Policía Municipal de Tránsito del municipio donde se expidió el documento.
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En cuanto a las multas, el vencimiento de la licencia de conducir tras cinco años implica que el infractor debe abonar 10 jornales mínimos, equivalentes a 1.076.270 guaraníes. Por otro lado, en el caso de no portar la licencia de conducir en el momento de la inspección, la multa es de 5 jornales mínimos, es decir, 538.035 guaraníes.
Respecto a los casos en donde la habilitación municipal esté vencida o no sea presentada, el conductor estará sujeto a una sanción de 5 jornales mínimos y la Patrulla Caminera demora el vehículo hasta que se abone la multa correspondiente.
Si durante un control se detecta que un conductor tiene su licencia vencida, el vehículo solo podrá continuar circulando si un conductor sustituto con licencia vigente lo retira. En cambio, si se encuentra un vehículo con la habilitación vencida, este quedará demorado hasta que el propietario pague la infracción.
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Diputado e intendentes de Itapúa analizan soluciones para la Caja Municipal
El diputado Germán Solinger recibió a una comitiva de intendentes de Itapúa, encabezada por la jefa municipal de La Paz, Blanca Chávez y en esta reunión abordaron sobre la situación crítica de la Caja De Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y plantearon varias alternativas de modo a recuperar su estabilidad.
“Requiere de un trabajo profundo y ver cómo se inició todo esto, qué pasó y en qué momento, además qué salida se le puede dar porque es bastante preocupante, año tras año va empeorando, pero también los responsables deben asumir la responsabilidad, sino es muy sencillo todo y termina en la nada, se tiene que tomar en serio”, afirmó el legislador.
Solinger indicó que la situación de la caja preocupa a todos los funcionarios municipales, puesto que actualmente está en riesgo su capacidad para hacer frente al pago de los jubilados y esta problemática se extendería a generaciones futuras, por lo que urge poder determinar una solución que permita nuevamente su sostenibilidad.
“Estuve hablando con la doctora Blanca porque ellos trajeron planteamientos muy interesantes y convenientes para todos los funcionarios municipales. Es un problema que ya data desde hace varios años, yo fui intendente en dos periodos y conozco muy bien la situación y cada vez se está complicando más”, manifestó ante varios medios de prensa.
El diputado indicó que considera oportuna la reacción de los intendentes, puesto que aún hay tiempo para encontrar una salida. Además adelantó que considera que los jefes municipales de otros departamentos también se adherirían a los planteamientos de la comitiva itapuense, ya que sin una solución, cientas de personas saldrán perjudicadas.
“Vamos a reunirnos con el presidente de la Cámara de Diputados haciéndole llegar estas inquietudes. La doctora Blanca también estuvo hablando con el presidente del Senado de esta situación y él le pidió 15 días de tiempo para poder analizar esto y determinar qué camino seguir, entiendo que la misma postura estaría asumiendo el presidente de la Cámara”, refirió.
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Senado rechaza modificaciones del Código Penal y proyecto vuelve a Diputados
La Cámara Alta rechazó el proyecto de ley que pretende modificar tres artículos del Código Procesal Penal, específicamente los que guardan relación con la inviolabilidad de la defensa, duración máxima del procedimiento y desestimación de causas. Desde la Comisión de Legislación advirtieron sobre los riesgos que correría el sistema de Justicia si estas modificaciones llegaran a ser aceptadas.
“Es peligrosa, vaga, confusa y puede traer más problemas que las soluciones que dice proponer por eso solicitamos el rechazo del presente proyecto de ley”, aseveró el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, quien expuso los motivos por los cuales no consideraban viable dar visto bueno a este proyecto.
A iniciativa del diputado Derlis Rodríguez, se planteó la modificación de los artículos N° 6, 136 y 305 de la ley N° 1286/1998 Código Procesal Penal, en este sentido, Maidana indicó que por unanimidad la Comisión resolvió recomendar el rechazo a este proyecto debido a varias razones. Con relación al artículo N° 6, sostuvo que se introduce una expresión que terminará afectando directamente a los derechos a la defensa de los imputados.
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Asimismo, añadió que la redacción actual de este articulado es prácticamente una transcripción de lo que establece la Constitución en su artículo N° 17 en cuanto a los derechos del procesado y el ejercicio a su defensa. En cuanto al artículo N° 136, manifestaron que si bien todo proceso debe ajustarse a un tiempo específico, el planteamiento de este proyecto podría ocasionar consecuencias negativas en los derechos tanto de los investigados como de las víctimas.
“La propuesta cae en el mismo vicio que hoy tenemos en cuanto a planteamiento de incidente y otros, dando lugar a extinciones y prescripciones que a su vez conducirá a una profunda crisis de impunidad”, expuso Maidana, quien precisó que en una audiencia pública donde participaron representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública, Fiscalía y Colegio de Abogados coincidieron en la misma conclusión.
“Este tipo de normativas puede hacer que muchas causas caigan en la impunidad y falta de juzgamiento a través de chicanas y otro tipo de artimañas”, aseveró. Por último, y con relación al artículo N° 305 que habla de la desestimación de las causas, señalaron que la propuesta era improcedente puesto que el denunciado podría solicitar la desestimación de la causa, sin que se le dé participación a la víctima, en un plazo de tiempo muy breve, lo cual incidiría directamente en los niveles de impunidad. Tras el rechazo del Senado, el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados.