La Asociación de Casas de Cambios del Paraguay elaboró un Código de Ética y Conducta para dar a conocer en qué principios se fundamenta el ejercicio de las actividades comerciales cambiarias de las entidades asociadas.

En el documento refieren que esto se da a fin de fomentar un ambiente de integridad, transparencia y respeto en todas las actividades relacionadas con la asociación y sus miembros concordantes con las disposiciones legales y los principios de la libre competencia.

Al respecto, el presidente de Casas de Cambios, Gregorio Mayor, explicó a La Nación/Nación Media que este código se creó por dos razones principales. La primera fue por la modificación de los estatutos sociales, que ya tenían más de 20 años de vigencia. Por eso, establecieron nuevos requisitos y estándares elevados para que las casas de cambio asociadas cumplieran con sus obligaciones, especialmente en el trato preferencial a sus clientes.

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La segunda razón tiene que ver con la posibilidad de que el rubro obtenga un certificado de conformidad expedido por una empresa auditora externa. Esto fue gestionado y presentado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Banco Central del Paraguay (BCP).

“Esta propuestos pusimos a consideración del BCP y Seprelad para que nosotros, como entidades del sector privado, podamos autorregularnos y establecer esas exigencias para poder cumplir con los estándares de las normas internacionales en lo que refiere a materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, precisó Gregorio Mayor a LN.

En el documento, las casas de cambio asociadas afirman que tienen el propósito principal de custodiar los intereses y objetivos diversos de todas y cada una de las entidades miembros del gremio, conforme a las leyes vigentes. “Aspiramos a ampliar el relacionamiento social solidario entre nuestros socios, fomentar el desarrollo cultural y técnico-administrativo y alcanzar estándares internacionales de excelencia en servicio al cliente”, remarcan.

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El código consta de 4 capítulos y en el capítulo 2 hablan sobre cómo trabajarán para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el respeto a la libre competencia, así como el respeto a la diversidad. “En las relaciones con sus clientes, ninguna entidad asociada, que forma parte de la asociación usará mecanismos o insinuaciones o afirmaciones directas o indirectas, que dañen la imagen de otra entidad asociada, no debiendo recurrir de ninguna manera, al descrédito o al maltrato de la competencia o de los clientes de ésta”, reiteran.

El presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, confirmó a la prensa que el desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez no será tratado en la sesión de este miércoles y que se podría definir recién la siguiente semana. El propio exmandatario anunció el pasado 12 de marzo que solicitaría el retiro de sus fueros legislativos para someterse a la justicia, sin embargo, sus aliados parlamentarios trabaron con diversas artimañas el trámite que lleva un año en espera.

“No está en el orden del día, ni en la agenda del movimiento Honor Colorado, el desafuero de Abdo Benítez. La prioridad del cartismo es tratar temas de interés nacional como, por ejemplo, el combate al crimen organizado instalado por el gobierno anterior”, indicó Núñez a los medios de comunicación, antes del comienzo de la sesión del Senado.

“Mario Abdo es un paquete de la oposición, son sus aliados. Si ellos quieren obstruir la labor de la justicia, entonces que lo hagan. Tenemos que recordar que el propio expresidente y senador vitalicio pidió su desafuero para someterse a la justicia, entonces quiénes somos nosotros para obstruir”, comentó el legislador ante las trabas presentadas por sus colegas abdistas.

El pasado 12 de marzo, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales oficiales, Abdo Benítez había anunciado que solicitará su desafuero al Senado. Esto ocurrió luego que el Ministerio Público presentara acusación y pidiera juicio oral y público contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

Los exministros junto con Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola son sindicado de participar en un esquema de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y están imputados por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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Sin embargo, a diferencia de sus leales, Abdo Benítez y su exsecretario siguen escudándose en sus fueros alegando ser víctimas de una persecución política. “Como presidente del Congreso Nacional puedo decir que será incluido en la próxima semana, no hay ninguna estrategia de tratar su desafuero en sobre tablas, es más, tuvimos una reunión de bancada, con la presencia de 15 legisladores y no se trató este tema”, comentó Núñez.

Al desgastado discurso abdista se suma la catarata de chicanas que fueron presentadas por Abdo Benítez y sus exministros para impedir el avance de las investigaciones en busca de impunidad. “Si sus amigos del Senado votan en contra del desafuero, no cumpliendo el deseo del senador vitalicio Mario Abdo Benítez, significa que era todo un circo, una farsa, como fue siempre Mario Abdo Benítez, mentiroso, farsante y por sobre todas las cosas, un presidente de la República que pateó, rompió, utilizó todas las instituciones para perseguir a sus adversarios políticos ocasionales”, comentó el senador Javier Zacarías Irún a la 650 AM, sobre este caso.

Los pedidos de desafuero de Abdo Benítez y Espínola fueron remitidos al Congreso Nacional el 14 de marzo del año 2024, tras la decisión de la jueza penal de garantías, Cynthia Lovera, en admitir la imputación formulada por la Fiscalía. Desde entonces, los aliados del anterior gobierno se negaron a que el exmandatario sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo.

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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, calificó como una falacia la denuncia hecha por el diputado abdista Mauricio Espínola, quien sin argumentos ni fundamentos sólidos acusó a la institución de pretender la adquisición de equipos de escucha telefónica para espionaje político, mediante la entidad binacional Itaipú.

“Ni siquiera se le puede atribuir como a una denuncia porque se basa en supuestos y en futurología que solamente en su mente existe. Habla sin ningún tipo de sustento, pero su equipo político habla en estos términos porque estaban acostumbrados a realizar persecuciones políticas”, sostuvo Rachid, en alusión al caso Seprelad, en que el legislador está imputado por la filtración de datos confidenciales junto al exmandatario Mario Abdo Benítez, y otros siete exfuncionarios ya acusados por la Fiscalía.

Rachid dijo que su gestión apunta a dotar de mayor tecnología a la Senad ante las carencias que padeció la institución en materia de infraestructura bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, situación que contribuyó para la consolidación del Paraguay como una de las principales rutas para el tráfico de drogas con destino a Europa.

“Es inconcebible que una institución como la Senad no tenga soporte tecnológico. Mauricio Espínola habla como un antipatriota, quién no va a querer que una institución del Estado paraguayo cuente con mayores equipos y tecnología, mejores computadoras. Me parece totalmente fuera de lugar que ataquen la independencia, autonomía de una institución que está dando resultado, sus afirmaciones son totalmente fuera de contexto”, refirió el ministro, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El parlamentario, para sostener su acusación, incluso argumentó que el impasse desatado a finales del año 2024 entre la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Senad, tenía como principal finalidad la compra de los supuestos equipos de espionaje.

“Si esto fuese una ecuación matemática, el diputado estaría aplazado. Se equivocó de punta a punta, no tiene absolutamente nada que ver. La institución trabaja con diversos países, la cooperación con la DEA es una; la cooperación con la Policía Federal del Brasil es otra; y con la Policía de Investigaciones de Chile es otra. Todas las investigaciones que estos grupos llevan acabo con las cooperaciones son independientes”, comentó.

“Para que Espínola trate de entender, la Dirección de Inteligencia de la Senad no tiene la tecnología de estos grupos. Necesitamos de esas tecnologías para algo nuestro, para algo del Estado, acá no estamos restando, estamos sumando”, acotó Rachid.

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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.

Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.

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Los siete imputados se encuentran acusados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.

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