El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, participó de la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (Rrandot III) de la Comisión sobre Seguridad Hemisférica (CSH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fue en el marco del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) de la OEA.
En su ponencia, Arregui hizo una presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas de las reuniones XLVIII y XLIX del Gelavex.
“Para el Gelavex, el contexto de la crisis sanitaria a nivel global constituye un escenario propicio para fortalecer los lazos entre los estados miembros a fin de seguir consolidando los mecanismos de intercambio de experiencias, además de afianzar la cooperación en materia de control y sanción del delito de lavado de activos”, dijo el ministro.
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Así también informó sobre el plan de trabajo de la presidencia a su cargo y la planificación estratégica del periodo 2020/2023.
Explicó que prevén ejecutar las siguientes actividades: actualización sobre las actividades de la Secretaría de Seguridad Multidimensional del DDOT, desde la última reunión de autoridades nacionales, y pasos tomados para implementar el Plan de Acción Hemisférico; nuevas amenazas y oportunidades en relación con la delincuencia organizada transnacional.
Participaron del evento telemático, autoridades nacionales en materia de delincuencia organizada trasnacional y los representantes de los estados miembros de la OEA.
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Filtraciones: desmontan mentiras de Abc que defienden a Marito y gavilla
Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, refutan las mentiras de Abc.
- Por Cinthia Mora
La estrategia mediática instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra funcionarios que colaboraron para esclarecer el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.
En todas las publicaciones realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputados sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamientos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los graves hechos mencionados en el acta de imputación.
Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.
La funcionaria fue acusada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partícipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de información de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.
Documentación mediante, se desmonta una de las tantas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alcaraz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema mencionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.
La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e información precisa sobre los partícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos del gobierno de turno.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REFUTA MENTIRA DE ABC
Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investigación Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se aseguraba que el mismo cobró doble remuneración.
La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministerio Público, como asistente fiscal.
El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fiscalía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.
Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investigación interna sobre las filtraciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus funciones en el marco de lo que la ley establece.
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Emiliano Rolón designa a nuevo fiscal para investigar a Abdo Benítez y su gavilla
El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.
Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Hambre Cero: “Peña fue contundente en que no seremos tolerantes en el despilfarro”
El ministro de Desarrollo Social y coordinador del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, se refirió sobre la reciente reglamentación de la norma Hambre Cero en las Escuelas, la cual permitirá la ejecución del programa de provisión de alimentos en los primeros días del mes de agosto tras el regreso de las vacaciones de invierno.
“El programa es de una cobertura gradual, es necesario, importante y ambicioso. Estamos en el proceso de definición de pliegos de base y condiciones estandarizados tanto en precio, cantidad, calidad y puntualidad que son factores claves de manera que entre el 6 al 10 de mayo se esté iniciando el llamado a licitación para la adjudicación a fines de junio”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Rojas detalló que en una primera fase la provisión se hará en 75 distritos de todos los departamentos del país, incluyendo Asunción, conforme a los indicadores del mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Hay un gran compromiso y entusiasmo por parte de los 15 gobernadores, quienes llevarán adelante el proceso. Esto es realmente hacer políticas de estado, llegar en las comunidades más vulnerables, sabemos que hay mucho ausentismo y deserción escolar a causa de las crisis que pasan muchas familias en el país”, indicó.
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Asimismo, resaltó que la iniciativa no solo contribuirá con la nutrición saludable de los estudiantes en la etapa de aprendizaje, sino que también ayudará al movimiento económico. “En la reglamentación, en el decreto y en los pliegos de bases y condiciones un factor determinante es la incorporación de la agricultura familia campesina a través de los productos frutihortícolas”, comentó.
Rojas acotó: “El presidente Peña fue claro y contundente en que no vamos a ser tolerantes en el despilfarro de los recursos y tampoco en lo que hace relación en el desperdicio de los alimentos, se creará un banco de alimentos para destinar todo aquello que puedan ser rescatado tanto en los albergues infantiles, hogares de adultos mayores, comedores comunitarios y a otros sectores vulnerables”.
Por otra parte, destacó también el papel que cumplirá la Contraloría General de la República (CGR) ante eventuales casos de corrupción que sean detectados. “El monitoreo y la auditoría concurrente que realizará esta institución será sumamente importante y algo innovador. Con base en las normas que le rige, la Contraloría hace el control posejecución de los trabajos administrativos, pero hoy será de forma permanente, in situ, sobre las denuncias que puedan existir”, expresó.
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Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.
- Por Cinthia Mora
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
El Ministerio Público sostiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomodaron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.
Para llevar adelante este objetivo, se montó una oficina paralela que funcionaba dentro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución realizando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contribuido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redactar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registradas los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de imputación se precisa que el documento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
El “documento secreto” era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de investigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.
El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina paralela dentro de Seprelad se tradujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiversada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Cartes y a sus empresas.
La acusada por los propios funcionarios de la institución como “cerebro” de la operación montaje y filtración, la viceministra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el documento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios ajenos a la institución.
Si bien los personajes involucrados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.
PROCESO TRABADO POR CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.