Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), explicó a modo de cuantificar el impacto económico que implicaría aplicar el fallo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en favor de los 126 marinos mercantes, que presentaron una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de cobrar montos jubilatorios muy por encima a lo máximo establecido por la ley de la previsional.
En ese sentido, señaló que solo en el primer mes demandaría el pago aproximado de G. 30.000 millones para los 30 marinos que hoy en día están jubilados. Agregó que la acción de inconstitucionalidad fue presentada por 126 marinos mercantes, un colectivo laboral meritorio y sacrificado que tiene la particularidad que cotizan sobre montos muy elevados, por encima de los G. 50 a 100 millones mensuales.
En la misma condición hay muchos otros trabajadores como los cotizantes de las binacionales, zona del este, los productores sojeros, etc. Asimismo, señaló que en la ley orgánica del IPS existe el haber jubilatorio, que establece un techo de hasta 10 salarios mínimos, que hoy hace casi G. 23 millones.
“La ley del IPS dice eso porque el modelo que tenemos es de reparto solidario o capitalización colectiva, o fondo común. Lo que significa que aquellos que ganan bien, subsidian o financian a los que ganan poco. De manera a que aquellos que ganan poco, el salario mínimo o un poco más, tengan la seguridad que al reunir los requisitos el fondo común les financie su jubilación hasta la muerte, ese es el motivo de topear el haber jubilatorio conforme a las cláusulas de capitalización colectiva”, explicó.
En ese sentido, el gerente de Prestaciones Económicas manifestó que al declarar inconstitucional esos artículos de capitalización colectiva, fallando en contra del tope jubilatorio, el modelo pasa a una capitalización individual. Entonces, el IPS va a tener que devolver al jubilado lo que cotizó, sin tope alguno. Indicó que no se puede cambiar un modelo previsional por vía de un fallo aunque sea de la Corte Suprema de Justicia.
“Sumando todos los haberes jubilatorios superiores, que habrá que regularizar, el primer golpe sería de G. 30.000 millones (6 millones de dólares) solo el primer mes, para pagar a esos 30 jubilados nomás. Porque va ser la regularización retroactiva al mes de jubilación de cada uno. A partir del mes siguiente, percibirían los 50, 80 o 100 millones de guaraníes de haber jubilatorio, de forma mensual y ahí se tiene un despropósito”, manifestó.
“Es irreal para una economía como la nuestra”
A lo que añadió que en un sistema jubilatorio como el paraguayo, en el que el haber jubilatorio, el más exuberante, sea el fondo parlamentario en algunos casos, hasta para esa caja eso es vergonzoso, una jubilación de G. 80 millones; “no tiene sentido, es irreal para una economía como la nuestra”, aseguró.
Además argumentó que el IPS tiene hoy en día a 6.092 trabajadores que están cotizando por encima de G. 22 millones. Es decir, que en la medida que este grupo de personas vaya adquiriendo derecho a la jubilación de aquí en adelante, y este fallo se concreta, se confirma, van a reclamar basados en la jurisprudencia que crea este fallo.
“Si no hacemos reforma ahora, hasta el 2065 se utilizaría las reservas técnicas, los ahorros de fondos de pensiones, para pagar los beneficios porque los aportes no serán suficientes y para entonces se agotaría. Este fallo de la Corte modifica la naturaleza de capitalización colectiva, a capitalización individual, y que cada uno reciba según lo que puso, sin tope, ese horizonte, 2045, se viene para acá aproximadamente en 10 o 15 años”, advirtió.
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“Si ese fallo no se revé, vendrán las ejecuciones de sentencia”
Halley dijo que los 30 marinos mercantes jubilados ya pidieron vía administrativa que la previsional ya les reliquide, pero aseguró que no lo harán hasta que no se obtenga una sentencia del fallo.
“Si ese fallo no se revé, vendrán las ejecuciones de sentencia y vamos a tener que pagar o vamos a entrar en desacato, sería el retroactivo para cada uno de ellos. Eso no es mentira, eso es real. Ahora si el discurso político circunstancial es que todo está tranquilo, está bien, pero yo y mi personal como técnicos tenemos que advertir. Nosotros no estamos tranquilos hasta que ese fallo no sea anulado, está la amenaza, tenemos que rever eso”, sostuvo.
“Una amenaza real”
Añadió que en el 2017 tuvieron conocimiento sobre el conflicto y pusieron en ese entonces a conocimiento del extitular del IPS Armando Rodríguez, pero cuando la presidencia fue asumida por Andrés Gubetich, se tomó la decisión de accionar.
Pese al comunicado emitido por la previsional, Halley reiteró que el fallo es una “amenaza real” sosteniendo que “no tiene pie ni cabeza. Nuestra gestión desde hace años es contarles a todos como se está administrando tu dinero. Hay un peligro y no voy a mentir, en eso yo no quiero entrar. Yo entiendo que Battaglia está también preocupado más allá del comunicado tranquilizador, entonces ellos de lo contrario me iban a decir que me calle y no asuste a la gente, para mí ese comunicado es negar la realidad”, puntualizó.
Agregó que en los 74 años de la legislación vigente del IPS, es la primera vez que se tiene un fallo de esta dimensión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “No solo este fallo manifiesta cierta debilidad analítica de ese nivel, sino el Poder Judicial en sí tiene que hacer una revisión total de su mirada hacia lo social”, refirió.
Reformas que deberán ser implementadas en el IPS
Halley indicó también por otra parte que existen varias reformas que deben ser implementadas dentro de la previsional que tocarían aspectos muy sensibles, los cuales cada vez que se mencionan generalmente causan reacciones “virulentas” a la ciudadanía, entre ellas la edad de retiro, la tasa de sustitución el cual se centra en la diferencia de lo que se aporta y recibe, el periodo de referencia.
“La jubilación se calcula por los últimos tres años nomás cuando tu esfuerzo contributivo es de 25 o 40 años, se desprecia todo ese esfuerzo anterior y solo por la colita de tu historia laboral te jubilás. Esto está mal y se debe corregir, lo que nosotros proponemos es llevar a 10 o 15 años el cálculo del promedio para jubilaciones más justas. Hay que hacer una reforma copiando lo bueno que se hizo en otros lados y no copiando lo malo que hizo Chile o Argentina en los últimos años”, mencionó.