El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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“Se pretendía llevar adelante una licitación de manzanas con las características técnicas de unas peras”, manifestó el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, sobre el viciado proceso de licitación que fue encarado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para la compra de 10.500 muebles escolares chinos.

“Nosotros nos guiamos por documentos, no entramos en ninguna guerra política. La DNCP es una institución 100 % técnica, vela por un proceso transparente y competitivo”, sostuvo Encina, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Encina defendió la decisión de la DNCP de anular el procedimiento de contratación y ordenar la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Es importante aclarar que la DNCP ya alertó el 7 de marzo del año 2021 a la municipalidad de Ciudad del Este que ellos eran los únicos responsables de sus precios referenciales y que debían hacerse de conformidad a lo que se establece en las leyes y normativas vigentes. Para ser más específicos, tenían que ceñirse a la guía de precios referenciales establecidos por la DNCP y no lo hicieron así”, refirió el titular de la entidad.

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Las afirmaciones de Encina surgen ante los ataques realizados por el dirigente opositor con el apoyo de medios de comunicación afines contra la institución que encabeza. Prieto acusó de manera ligera a la DNCP de encubrir un supuesto “negociado” en la Entidad Binacional Itaipú con relación a la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa paraguaya Kamamya SA.

“Yo creo que la Municipalidad de Ciudad del Este debe estar agradecida porque la DNCP anuló la licitación al inicio y no al final del proceso porque realmente todo lo que se había hecho se encontraba fuera del marco legal establecido”, puntualizó Encina a Nación Media.

La anulación del proceso licitatorio fue concretado tras el reconocimiento de las empresas cotizantes con la administración de Prieto, cuyos representantes sostuvieron haber presentado erróneamente sus presupuestos para la confección de los precios referenciales. “Nosotros solo nos ceñimos a cumplir con nuestro rol de ente de control y anulamos este proceso ya que hubieron confesiones documentales de los mismos cotizantes”, sentenció el director de DNCP.

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La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) llevó asistencia humanitaria a 400 familias de los distritos de Pozo Hondo y Pedro P. Peña (departamento de Boquerón), pero se estima que el aislamiento podría afectar a 1207 hogares de persistir las lluvias y el impacto del desborde del río Pilcomayo. El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, aclaró que las casas no están inundadas, sino que los habitantes están aislados y solo pueden recibir ayuda por vía aérea.

Debido a la intransitabilidad de los caminos de tierra, la SEN apeló a un puente aéreo con helicópteros de la Fuerza Aérea desde Mayor Infante Rivarola hasta la zona de Pozo Hondo y localidades aledañas para asistir a las familias aisladas por la crecida del río Pilcomayo.

“Son 400 familias las que están en situación de una necesidad de asistencia. Están en el sector de Pozo Hondo y Pedro P. Peña. Al principio suman 400 familias, pero eso se podría ir aumentando de acuerdo al comportamiento del río Pilcomayo”, señaló el ministro Zárate al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Dijo que la falta de alimentos no perecederos constituye el principal inconveniente que afecta a los pobladores, habida cuenta de que las rutas nacionales y departamentales no están asfaltadas y son inaccesibles.

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“Aparte de la riada, tenemos lluvias en el sector, y eso hace que las rutas nacionales y departamentales sean intransitables. Por eso nos ubicamos en Infante Rivarola, en la base aérea de la Fuerza Aérea, y de ahí hacemos puente aéreo para llegar primeramente a Pozo Hondo”, dijo.

La asistencia se extiende a partir de hoy a las zonas de María Auxiliadora y Lagunita. “Aguardamos terminar hoy la entrega de las 400 ayudas humanitarias que hemos llevado desde Asunción”, refirió.

Se hizo un relevamiento de datos en el sector de la margen izquierda del río Pilcomayo y se hallaron 1090 familias de comunidades indígenas y 117 familias de origen latino. “En total, desde Pozo Hondo hasta la desembocadura del río Pilcomayo al río Paraguay, tenemos 1207 familias, aproximadamente 4000 personas”, manifestó.

El ministro sostuvo que si la riada llega a todo el sector, son 1.207 familias a las que se deberá asistir desde esta institución del Estado. “Pero por el momento, lo más crítico está en el sector de Pozo Hondo y Pedro P. Peña”, remarcó.

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Luego de presentar una innumerable cantidad de chicanas por más de trece años con los demás procesados, el senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola, obtuvo una resolución a medida, atendiendo a que la jueza penal de garantía, Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Filizzola, acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional que había generado un perjuicio de G. 50.000 millones.

La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia con lo que el presente caso queda impune.

En su momento y con la ayuda de algunos ministros de la Corte que hoy ya no forman parte de la máxima instancia judicial, Filizzola logró anular la acusación original y otras resoluciones en torno al presente caso, por lo que el presente proceso nunca se pudo discutir en un juicio oral y público.

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En el presente caso se presentó la acusación contra Filizzola y otros procesados en fecha 23 de mayo del 2014, por parte de los entonces fiscales Victoria Acuña y Martín Cabrera. Se fijó la fecha para la audiencia preliminar donde se decidió elevar el presente caso a un juicio oral y público.

Luego, la defensa de Filizzola y demás procesados recurrieron a la sala constitucional de la Corte buscando dejar sin efecto la resolución judicial que había elevado a juicio oral. Los integrantes de la Corte que favorecieron a Filizzola y demás procesados fueron Sindulfo Blanco, Miryam Peña y el camarista Cristóbal Sánchez, quien integró entonces la máxima instancia judicial.

Los españoles que estaban procesados con Filizzola fueron Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova. La acción de inconstitucionalidad fue planteada por el abogado Juan Ernesto Villamayor –a quien el presidente electo Mario Abdo Benítez designó como ministro del Interior–, a más de sus colegas Sergio Coscia, bajo patrocinio de Bettina Legal.

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