Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), dijo que el proyecto impulsado por el sector opositor en el Senado para despenalizar la invasión de la propiedad privada, al cual calificó como “un juego de tramposos”, tiene fines electoralistas con miras no solo a los comicios municipales sino también a las presidenciales del 2023 e incluso en torno a la titularidad del Congreso, aseguró.

“Este proyecto es muy traído de los pelos en el sentido de que habla de inmueble, no solo de campo. Un inmueble puede ser un lote, departamento, casa, te vas de vacaciones, volvés, tenés a alguien adentro. Sabemos que la recuperación de una propiedad muchas veces lleva más de 6 meses, por ejemplo la propiedad de Pindó tiene 12 años y está apadrinado por políticos que son los que traban la restitución a los legítimos propietarios, entonces un delito que a los 6 meses deja de serlo por un artilugio que con una fachada de ley propone violar garantías constitucionales como el derecho a la propiedad es peligroso”, afirmó.

Cristaldo manifestó que la Carta Magna es muy clara en cuanto a la tenencia de tierras, sosteniendo que la propuesta presentada por los parlamentarios Desirée Masi, Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), Víctor Ríos y Amado Florentín, del sector liberal y el exsenador Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, pretende premiar a los delincuentes.

“Relativiza todo el sistema jurídico, el sistema republicano de convivencia y los principios básicos de la libertad de ganarte con tu esfuerzo una propiedad o un inmueble, eso no se puede perder, la Constitución es muy clara solamente por sentencia judicial o una expropiación por interés social o por bien público, pero premiarle al delincuente que atropella una propiedad ajena, en el imaginario popular este mensaje es muy peligroso, es una relativización de la convivencia republicana”, manifestó.

Al respecto fue contundente en mencionar que el documento tiene objetivos electoralistas con el planteamiento de conseguir votos con invasiones a tierras y propiedades ajenas.

“Esto es un juego de tramposos ya que tenemos la vivencia de que en los años electorales arrecia las invasiones, muchos politiqueros buscan votos con tierras y propiedades ajenas tanto en las ciudades como en el campo, entonces en ese contexto parece llamativo que se presentó en setiembre del 2019 este proyecto, lo vuelven a insinuar en el acuerdo que firma el presidente del Congreso con los campesinos el 16 de octubre del pasado año en donde introducen más o menos una cosa similar como parte de un acuerdo entre el legislativo y los manifestantes y justo 12 o 15 días de las internas piden moción de preferencia para la primera semana después de las internas, ahí arrancan las municipales”, indicó.

Cristaldo agregó también que el planteamiento seguirá hasta el 2023, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales y puso como ejemplo los constantes debates en torno al aumento de impuestos, propuesta que según su criterio son inviables y no conducen a nada.

“Este tema vamos a tener como repique hasta octubre antes de las elecciones, servirá como herramienta para generar conflicto en el campo y hacer campaña política con sus allegados, además en el corto plazo es moneda de cambio para la mesa directiva del Senado. Después de resuelta la mesa la discusión seguirá hasta el mes de octubre, puede tener alargues y penales ya que el año que viene inicia las internas para las generales y seguimos en el 2023. Serán 3 años políticos en donde la herramientas de extorsión con este tipo de iniciativas, de debates como así también los impuestos a la soja, para posicionarse y hacer campañas con los temas políticos que no conducen a nada y son inviables”, sostuvo.

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Por otra parte, comentó que en el Paraguay aún persiste la reiterada promesa de la reforma agraria al cual calificó como una propuesta con varias trampas, teniendo en cuenta que fue propuesta en reiteradas ocasiones, pero sin éxito.

“Tenemos 80 años de reforma agraria, pero con muchas trampas, el desorden administrativo del Indert y todos sus antecesores es lo que genera que haya más títulos que tierra en el Paraguay. Este desorden genera el caos en el campo y a esto se suma que la instituciones no se aggiornaron, Catastro sigue siendo una dependencia de Hacienda que estaba para definir cuanto impuesto inmobiliario iba a pagar, en el 92 pasó a los municipios y Catastro quedó allá en el fondo a la izquierda, nadie le da pelota y se fue desactualizando, se quedó sin herramientas de trabajo y ahora queremos que arregle el problema de la tierra, le damos una cuchara de albañil y queremos que nos construya Itaipú”, refirió.

Finalmente, Cristaldo puntualizó que es necesario, por ejemplo, la creación de una unidad operativa para dar solución a los conflictos en la tenencia de tierras. Sus declaraciones fueron realizadas a través del programa Fuego Cruzado, emitido por el Canal GEN.

“Nosotros hicimos una propuesta en el 2012 que después en el 2014 el gobierno siguiente tomó y empezó a aplicarlo, el cual consiste en separar el tratamiento de lo que es el Chaco de lo que es Región Oriental, y segundo volver a dividir lo que es tierra privada en la Oriental que falta inscribir en el mosaico de Catastro, pero en la tierra pública no se sabe qué hay por eso nuestra propuesta es la creación de una unidad operativa que haga un relevamiento de todas las colonias, no una mensura que sirve solo para invadir y crear conflicto, no sirve para nada más que viáticos, honorarios de abogados entre otros”, manifestó.

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