El excanciller nacional Eucli­des Acevedo, el analista político Mario Paz Castaing, el abogado constitucionalista Marcelo Duarte, y el comunicador Ignacio Martínez debatieron en el programa “12/8″ por GEN/Nación Media sobre la reforma constitucional, coincidiendo en que la misma no apunta a intro­ducir la reelección presidencial.

“Lamentablemente la gente habla de lo que no sabe. La gente se olvida de que una constitución es un nuevo con­trato, esto supone consenso y esto supone convocatoria al diálogo, lo que significa pacto; la constituyente debe­ría ser la liturgia que legitime ese acuerdo político”, señaló Acevedo.

Puntualizó que actualmente no hay suficiente conocimiento jurídico, conexión con la temperatura social, así como solvencia jurídica y polí­tica para abordar como tal la reforma, pero apeló a la impor­tancia de mantener las conver­saciones al respecto. “Lo peor que se puede hacer es no deba­tir, con el cuento del miedo a la reelección”, indicó.

Paz Castaing puntualizó que, con sus luces y sus sombras, la Constitución de 1992 ha logrado resguardar de manera más amplificada los derechos. Todo esto, a través de un pacto social consensuado con acto­res políticos de primer nivel y miembros de la sociedad civil.

“Coincido con que no es el momento (de la reforma) y, además, esta Constitución ha permitido sobrevivir 36 años de vigencia de libertades públicas y resistencia política. No excluyo la posibilidad del debate y creo que están abier­tas las posibilidades a futuro”, puntualizó el analista político.

El excanciller nacional, Euclides Acevedo; el analista político, Mario Paz Castaing; el abogado constitucionalista, Marcelo Duarte; y el comunicador, Ignacio Martínez, debatieron en el programa 12/8, por GEN/Nación Media, sobre la reforma constitucional, coincidiendo en que la misma no apunta a introducir la reelección presidencial.

“Lamentablemente la gente habla de lo que no sabe. La gente se olvida de que una Constitución es un nuevo contrato, esto supone consenso y esto convocatoria al diálogo, lo que significa pacto; la constituyente debería ser la liturgia que legitime ese acuerdo político”, señaló Acevedo.

Puntualizó que actualmente no hay suficiente conocimiento jurídico, conexión con la temperatura social, así como solvencia jurídica y política para abordar como tal la reforma, pero apeló a la importancia de mantener las conversaciones al respecto. “Lo peor que se puede hacer es no debatir, con el cuento del miedo a la reelección”, indicó.

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Paz Castaing puntualizó que, con sus luces y sus sombras, la Constitución de 1992 ha logrado resguardar de manera más amplificada los derechos. Todo esto, a través de un pacto social consensuado con actores políticos de primer nivel y miembros de la sociedad civil.

“Coincido con que no es el momento (de la reforma) y, además, esta Constitución ha permitido sobrevivir 36 años de vigencia de libertades públicas y resistencia política. No excluyo la posibilidad del debate y creo que están abiertas las posibilidades a futuro”, puntualizó el analista político.

Por su parte, Martínez cuestionó la manera en la cual se introduce como debate la reforma constitucional, teniendo en cuenta otros temas más centrales que importan verdaderamente a la ciudadanía. Así, analizó una posible estrategia de comunicación para posicionar el tema.

“Siempre veo también que la oposición genera nada más una reacción, pero no hay una propuesta para salir de este tema. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la reelección, pero no sé si este tema en verdad le interesa a la gente, la gran mayoría está preocupada por el costo de la canasta básica”, sentenció.

Por su parte, el abogado constitucionalista Marcelo Duarte afirmó estar de acuerdo con una reforma constitucional, pero no de una manera apresurada. “Se debe hablar con tiempo y de una manera consensuada; los diferentes actores, fuerzas políticas e incluso medios de comunicación deben participar de un debate de forma tal que no nos tome por sorpresa una reforma”, señaló.

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La Sociedad Paraguaya de Pediatría emitió un pedido al Congreso Nacional para que apruebe un aumento en el presupuesto general de gastos del próximo año para la compra de vacunas contra el virus sincitial respiratorio. Los médicos alegaron que actualmente está presupuestada la compra de solo 40.000 dosis y que dicha cantidad es insuficiente para los 95.000 niños que nacen cada año en el país, siendo la franja poblacional más vulnerable a la enfermedad.

Expusieron que el 60 % de las infecciones respiratorias graves son a causa de este virus, situación que lleva a un aumento de consultas y pedidos de internación, tanto en salas comunes como en terapia intensiva, provocando una sobrecarga en el sistema sanitario, en especial en temporadas de alta circulación del virus.

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“Este anticuerpo monoclonal fue utilizado ya en varios países en Latinoamérica. Chile fue el primer país que introdujo este biológico y tuvo una reducción de más del 87 % en hospitalizaciones y cero muertes por el virus, en otros países como España y Luxemburgo se implementó también y tuvieron los mismos resultados”, indicó la doctora Celia Martínez, miembro de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, en conversación con NPY.

La profesional remarcó que desde el gremio de médicos luchan por este biológico y la cobertura total de la población de recién nacidos, atendiendo a los resultados positivos que se podrían dar no solamente en la reducción de consultas a urgencias, sino también en la necesidad de que los pacientes deban ser ingresados a cuidados intensivos y ocupen asistencia respiratoria.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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