Una iniciativa liderada por diputados de diferentes bancadas sugiere la modificación de la Ley 3984/10, que establece la distribución de royalties a gobernaciones y municipios del país. Se aclara que la reforma tendrá carácter transitorio.

Se trata del proyecto de ley “que modifica de manera transitoria el artículo 5 de la Ley 3984/2010, que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y “compensaciones en razón del territorio inundado, a los gobiernos departamentales y municipales”. De esta manera, se propone destinar el 20% de lo transferido a municipios para la construcción de plantas de oxígeno ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el desabastecimiento a nivel local.

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El texto indica que por lo menos el 80% de los ingresos percibidos por las gobernaciones y municipalidades en virtud de la ley deberá destinarse a gastos de capital, el porcentaje restante podrá utilizarse en gastos corrientes y capital. En tanto aclara que al menos 20% de lo mencionado debe usarse para la construcción de plantas de oxígeno y equipamientos de salud a efectos de enfrentar la crisis sanitaria.

Se aclara igualmente que no podrán contratarse funcionarios con estos recursos durante la vigencia de esta normativa. Y además, se establece un estricto control de la utilización del dinero por la Controlaría General de la República (CGR).

Compra directa vía excepción

Otro artículo del citado proyecto de ley alude a que se autoriza a los gobiernos departamentales y municipales a implementar la compra directa mediante la contratación por vía de la excepción, para la construcción de dichas plantas de oxígeno.

La propuesta legislativa tuvo entrada oficial en la sesión ordinaria de Diputados el miércoles último y fue derivada a diferentes comisiones asesoras que deberán emitir sus respectivos dictámenes que posibilitará posteriormente el tratamiento en plenaria.

Son firmantes del texto los diputados Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), Kattya González (PEN-Central), Pastor Vera (PLRA-San Pedro), Roya Torres (PLRA-Alto Paraná) y Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú). Así también, son impulsores del proyecto de ley Andrés Rojas (PLRA-Concepción), Celeste Amarilla (ANR-Capital), Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes) y Juan Manuel Ayala (PLRA-Amambay).

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