La diputada Rocío Vallejo solicitó una auditoría general del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República para una fiscalización integral de Petropar desde que Patricia Samudio asumió en agosto de 2018 hasta que renunció en abril de 2020, por la gravedad de los hechos que recabaron desde el Ministerio Público sobre las compras de insumos para hacer frente al COVID-19.

La investigación fiscal dio a conocer que solo se entregaron 400 trajes de bioseguridad que habían sido comprados y de las 5.000 botellas de agua tónica que se adquirieron, solo se entregaron 3.000, el resto no fue entregado, según mencionó la legisladora de Patria Querida.

Lamentó que se nieguen G. 500 mil a las personas de la tercera edad en concepto de subsidio cuando “esta señora ha pagado la cuenta de su marido con plata del pueblo G. 350 millones”.

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Entre “todo el gasto, en medio de la pandemia, utilizaron la pandemia para pagar cuentas particulares con la plata del pueblo y hoy se les niega a los abuelitos, el Ejecutivo debió pedir esto”, cuestionó este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Por eso, como bancada de Patria Querida, “instamos, espero así lo hagan, a una auditoría integral sobre cada gasto realizado por esta señora y dónde realmente fue a parar el dinero”, sostuvo.

El juez Julián López Aquino fijó para el 29 de junio, a las 9:00, la audiencia preliminar de la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica en pandemia del COVID-19.

La Fiscalía formuló la acusación y pidió juicio oral para la expresidenta por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones. También están procesadas y acusadas otras 5 personas.

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