El director de la Entidad Binacional Yacyretá, Lic. Luis Benítez Cuevas, anunció este lunes la rehabilitación del paso fronterizo que une las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina), sobre el coronamiento de la Central Hidroeléctrica de la que son copropietarios ambos países.

Este paso fronterizo estuvo cerrado desde la pandemia (marzo 2020), y luego de una larga negociación llevada adelante por la actual administración del lado paraguayo, con el apoyo de la cancillería paraguaya, se llegó a feliz término.

La actual administración de Yacyretá, margen derecha, inició conversaciones con las autoridades de margen izquierda, y finalmente se logró llegar a un acuerdo para dar esta noticia, a poco menos de dos meses de las fiestas de Fin de Año.

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“Estamos felices en anunciar que este jueves 21 de noviembre se rehabilitará el paso sobre el coronamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá para acercar aún más a nuestros pueblos Paraguay y Argentina. Es un sueño cumplido para los ayolenses y todo el departamento de Misiones, en primer lugar, y por qué no decirlo, para todo el país”, manifestó el director de la EBY.

Agregó que, al sumar un lugar de cruce de frontera entre la Argentina y Paraguay, se está abriendo la posibilidad de apuntalar el turismo y volver más fluido el comercio, especialmente entre las ciudades de Ayolas e Ituzaingó, lo cual redundará en beneficio de la población de ambas localidades.

“Fueron días de conversaciones, de idas y venidas, pero gracias a Dios llegamos a buen término. Quiero agradecer también a mi par argentino de Yacyretá, el compañero Alfonso Peña, quien supo interpretar este clamor de las poblaciones de ambas márgenes, y apoyó esta decisión que hoy, con mucha satisfacción, estamos dando a conocer”, agregó.

Adelantó que en algunos días más se tendrán detalles sobre este nuevo lugar de tránsito que estará habilitado al público. El paso fronterizo se había habilitado en el año 2019, pero quedó suspendido nuevamente con el cierre de frontera que tuvo lugar tras la declaración de pandemia por Covid-19, medida que permaneció vigente, hasta este momento.

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La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) realizó el segundo desembolso a los beneficiarios de las becas universitarias de Ñeembucú, Misiones, Caazapá e Itapúa, lo que representó una suma de G. 12.315 millones destinada a 2.924 jóvenes de los cuatro departamentos. El director de la hidroeléctrica afirmó que su administración seguirá cumpliendo con el pago en fecha de este beneficio.

“Estoy muy feliz de poder cumplir el compromiso, creo que es una de las primeras veces que en la primera semana de noviembre ya están cobrando el segundo desembolso, es el compromiso que tenemos con los estudiantes porque sabemos el sacrificio que ellos hacen y que necesitan antes de los exámenes. Hoy estamos pagando en tiempo y forma como nos hemos comprometido”, expresó Luis Benítez.

En conversación con varios medios de prensa, indicó que pese a que la situación financiera de la binacional no es la más óptima, debido a los retrasos que existen en los pagos por uso y cesión de energía por parte de Argentina, se reservaron los recursos comprometidos para los convenios y programas sociales.

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“No necesitan los jóvenes salir a las calles para exigir el pago, ya no se repite eso de que cobran en diciembre, en muchas ocasiones ya era Navidad y todavía no tenían ese pago, hoy estamos cumpliendo por voluntad, la plata nunca alcanza, pero la prioridad van a ser temas sociales y siempre lo dije, agua, caminos, becas, salud y estamos cumpliendo en ese sentido”, ratificó.

Benítez mencionó que a Yacyretá también le gustaría poder invertir en obras de infraestructura como rutas, tal como lo hace Itaipú Binacional, pero lastimosamente, momentáneamente no están en condiciones de poder encabezar ese tipo proyectos, no obstante, la inversión social no se detendrá. “Mientras esté en la administración, se va a pagar en marzo y en noviembre, ya no van a tener que estar preocupados porque van a cobrar antes de los exámenes”, aseguró.

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Este lunes el contralor general de la República, Camilo Benítez, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros parlamentarios para analizar el tratamiento del anteproyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El contralor explicó que se trata de una de las iniciativas que tiene la estrategia nacional de combate a la corrupción en el sistema público.

“Hace un año fue suscripto por todos los poderes del Estado y los organismos extrapoder, este es uno de los elementos para la Contraloría más importante, que es tratar de complementar el enfoque que tenemos en la lucha contra la corrupción y cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expresó tras la reunión en la Cámara Baja.

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Benítez indicó que el objetivo no es tratar de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado, en materia de integridad y prevención, en el cual existe una disparidad, de acuerdo al contralor. Además se establece criterios para transparentar la administración pública, criterios para el acceso a la función pública, ya que no existe un criterio unificado.

“Nosotros creemos que a través de esta ley se podría trabajar con todos los poderes del Estado para que exista una ley unificada. Nosotros fuimos lo que propusimos en esta mesa de diálogo que se había conformado”, apuntó.

Esta normativa también regula el Centro Nacional de Denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. “Todos los principios mundiales en materia de denuncias contra la corrupción dice que el órgano que debe administrar esta denuncia debe ser independiente de las personas a quienes se le denuncia”, de acuerdo a la explicación del contralor.

Por otra parte, Benítez resaltó que la postura de la Contraloría es que una secretaría anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo, que forme parte del gabinete del Poder Ejecutivo, mal podría administrar este portal de denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Por eso decíamos en su momento que debería ser la contraloría, que es un órgano constitucional, un órgano independiente, autónomo y distante al poder administrador y los otros poderes del Estado, quien administre este portar de denuncias”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja indicó que existe un fuerte compromiso de llevar adelante este proyecto. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compartimos una reunión sobre la Ley de integridad, que busca fortalecer las capacidades del Estado de lucha contra la corrupción y la impunidad, con la presencia del contralor general de la República”, aseveró.

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El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.

Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.

“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.

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Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.

“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.

El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.

“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.

Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.

Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.

“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.

Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.

“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.

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