El pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que habilita a los gobiernos centrales el financiamiento de plantas de oxígeno, ante la situación de crisis en el país con la provisión del mismo en los hospitales públicos para los pacientes con COVID-19.
Se trata de proyecto de ley “que modifica y amplía la Ley N° 6641/20, De Apoyo Financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19”. La iniciativa ya pasa al Poder Ejecutivo.
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El proyecto que fue presentado por el diputado liberal Emilio Pavón modifica el artículo 5 de la Ley N° 6641/20; estableciendo que “como mínimo el 60% (sesenta par ciento), de los recursos recibidos por las gobernaciones deberá destinarse para gastos de capital, en obras de infraestructura, dando preferencia a las manos de obra y a las empresas que se encuentran en el territorio departamental, como mínimo el 20% (veinte par ciento), en obras y equipamientos de salud pública; y hasta el 20% (veinte por ciento) podrá destinarse a gastos corrientes”.
En la Cámara de Diputados en su media sanción se incluyó en el texto el término “y equipamientos”, para permitir, principalmente, que las gobernaciones destinen parte de sus presupuestos a la construcción de plantas de producción de oxígeno medicinal, de manera de hacer frente la escasez en el mercado de este elemento vital para el tratamiento de la enfermedad del COVID-19.
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Poder Ejecutivo anuncia proyecto clave contra criptominería ilegal
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
ENERGÍAS RENOVABLES
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.
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Mipymes manifiestan preocupación ante cambios propuestos en ley del IPS
El presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, se refirió acerca del proyecto de ley del Instituto de Previsión Social (IPS) a presentarse en el Congreso Nacional que busca modificar varios artículos de su carta orgánica. Mencionó que entre los cambios, preocupa al sector que la previsional se quede con el 1 % de lo que respecta a capacitación y las instituciones que fomentan la formación de la mano de obra padezcan una falta de financiamiento.
“De ese 1 %, un 0,70 % va al SNPP y 0,30 % a Sinafocal. Que el Estado se haga cargo de ese 1 % creo que es difícil que pueda desembolsar USD 30 millones o USD 40 millones adicionales”, dijo a la 780 AM, y consideró que es fundamental que sigan estos fondos, pues representan capacitaciones para el rubro que adquiere conocimientos mediante los organismos.
Recordó que las mipymes son el 98 % de las empresas y casi el 70 % del empleo. “Básicamente la gente es instruida sobre todo a través del SNPP que es la parte técnica. Es importante que esto siga independientemente a sus luces y sombras”, expresó. Tavella sostuvo que es conveniente fijarse a largo plazo y no en lo que pueda dar más fondos a la situación financiera actual.
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Las normativas vigentes establecen que el 2,5 % de los aportes patronales se transfieran un 1 % al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), 0,5 % al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y 1 % al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), lo cual se propone modificar.
Manifestó que la reestructuración se debe hacer a través de una mirada diferente y señaló que le hubiese gustado que sea convocada una mesa tripartita entre el Ejecutivo y el sector empresarial. “Dentro de esto que estemos nosotros porque normalmente se tiene una mirada para empresas de mayor tamaño”, aseguró.
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Plantean crear fondo para inversión en tecnología del sector frutihortícola
El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que está en análisis de una iniciativa legislativa que apunta a crear un fondo que financie la ley de Agricultura Familiar Campesina y así posibilitar la inversión necesaria en tecnología que permita asegurar la producción frutihortícola durante todo el año, respaldando al sector contra las amenazas que sufren actualmente.
“Queremos que la agricultura familiar tenga financiamiento porque la ley n.° 6.286 es fantástica, queremos que se cree un fondo de financiamiento para innovación e inversión en infraestructura y tecnología para hacer una agricultura sostenible, para que todo el año pueda producir el pequeño productor que hoy está amenazado por varios factores y que genera un desabastecimiento frutihortícola que nos afecta a todos”, explicó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador liberal detalló que el Viceministerio de Agricultura Familiar cuenta con un presupuesto de G. 2.500 millones, lo cual no le permite apoyar de manera eficiente al sector productivo, por lo que este proyecto de ley que será presentado el 21 de mayo, busca establecer una nueva forma de que el Estado obtenga los recursos necesarios.
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“Estoy proponiendo una herramienta legislativa que grave el impuesto al grano en su estado natural, el ánimo no es perjudicar a la agroexportación, pero queremos sensibilizar a ese sector porque hay otro que está sufriendo por la falta de tecnología y no tenemos de dónde sacar la plata”, sostuvo. El legislador indicó que prevé reunirse con la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), con el fin de exponerle su iniciativa.
Desde la perspectiva del diputado por Central, esta ley también generará un incentivo para que los exportadores de granos puedan industrializar sus productos, generando así un valor agregado y produciendo empleo, algo vital para el desarrollo económico del país.
“Con esto no vamos a tener problemas de desabastecimiento, no vamos a depender de otros países, la canasta familiar no va a sufrir variaciones, va a haber fuentes de trabajo porque lo que desarrolla el país es la agricultura familiar, muchas familias se dedican a eso y hoy no están pudiendo trabajar por falta de tecnología”, afirmó.
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Senadora acusa a su colega de piratear su proyecto de ley
La sala de prensa del Senado, fue escenario de una acalorada pelea entre los congresistas de la oposición Yolanda Paredes y Líder Amarilla, quienes se disputaron la autoría de un proyecto de ley que plantea la universalización de la pensión otorgada a los adultos mayores.
La dirigente de la agrupación Cruzada Nacional acusó a su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de piratear su propuesta. “Sos un trato kure Líder, eso no se hace con el compañero. Yo no me voy a adueñar de un proyecto tuyo. Por qué tenemos que hacer esta discusión frente a toda la gente”, recriminó enfurecida Paredes.
Tras ser increpado, Amarilla dio su versión manifestando que en la Cámara Alta existen actualmente otras 2 propuestas similares a la impulsada por Paredes, razón por la cual la Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, que preside impulsó una mesa de trabajo con el fin de unificarlas y asegurar un rápido tratamiento en el pleno.
Asimismo, detalló que finalmente el proceso de agrupar las tres iniciativas fue concretada y que incluso la decisión fue avalada con la firma de Paredes en el documento. No obstante, la parlamentaria reconoció la situación, pero comentó que rubricó la propuesta sin tener conocimiento de la última decisión adoptada.
“No se puede hablar con una persona que no sabe lo que firma, que retire su firma si no está de acuerdo. El concepto de los tres proyectos está unificado, la diferencia es que la senadora quiere que el tratamiento se haga sobre su proyecto o sobre un dictamen de la comisión. No les parece correcto que se trate de una vez los tres proyectos”, refirió Amarilla.
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Sin embargo, Paredes volvió a sostener que Amarilla y sus colegas terminaron “adueñándose “de su propuesta. “¿Por qué tenes que hacer un nuevo proyecto? Yo te hablé y te expliqué que firmé sin saber lo que ustedes estaban haciendo. Haces fotocopias para distribuir a la gente como si fuera que ustedes hicieron un proyecto nuevo”, sostuvo.
Acotó que “presentas a la prensa que yo consentí esta iniciativa y eso no se hace. Estas propuestas tienen que ser tratadas por dictámenes de la comisión. Yo presenté un proyecto, desde setiembre que estoy trabajando, no pueden adueñarse de un proyecto”, dijo.
Lo que establece la propuesta unificada
El proyecto pretende la universalización del acceso a la asistencia estatal, estableciendo que todas las personas que tengan 65 años de edad puedan cobrar a excepción de los nativos quienes podrán obtener el beneficio a los 55 años de edad. Según el resultado del último censo, 516 mil ciudadanos tienen esa edad y de ese número solo 312 mil personas cobran la pensión de adultos mayores.
A la par indica que 670.000 guaraníes es lo que actualmente se cobra en concepto de pensión para adultos mayores y que la propuesta legislativa pretende aumentar al 50 % del salario mínimo vigente, aproximadamente a 1.300.000 guaraníes. Indica que el cobro podrá concretarse en un periodo de 30 días a partir de una declaración jurada.