El senador del movimiento Honor Colorado, Sergio Godoy, puso en dudas las garantías en torno a la tranquilidad que pueda llegar a tener el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en lo que resta de su administración, en caso de que el próximo titular del Congreso Nacional y los miembros de la mesa directiva de la Cámara Alta respondan al Frente Guasu (FG).
“¿Es mayor garantía que el presidente del Senado y la mesa directiva de la cámara responda al Frente Guasu, eventualmente en este momento que está como dijimos por demás desastrosa, delicada y complicada para que ni siquiera alguien se imagine hacerle un juicio político al presidente? Esto apenas hayan los votos se va a decidir, esa mayoría que puso a Salomón como presidente sigue estando ahí, pero quieren algo más”, mencionó.
El legislador por otra parte comentó que no cree el planteamiento de que dentro del bloque izquierdista existan posiciones divididas para respaldar al actual titular del Congreso, “Cachito” Salomón. Al respecto argumentó que el FG está buscando sacar una mayor tajada a las negociaciones.
“En particular lo del Frente Guasu no creo, ellos actúan en bloque y si surgió esa información ellos filtraron para negociar algo, están pidiendo seguro algo mayor, veo un acuerdo muy probable en ese bloque entre los de Añetete, Frente Guasu y algunos efrainistas. Eso sería para negociar mayor tajada”, manifestó en el programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.
“Estamos en un hilo muy fino que en cualquier momento puede soltarse”
Añadió que la situación actual es un “caldo de cultivo” que en cualquier momento puede explotar. “La situación es mala, desastrosa, lamentable llegar a este punto teniendo todas las herramientas posibles para que así nos vaya la verdad es que por demás lamentable, el precio de la corrupción, esta vez fue lo más alto, pérdidas humanas y vidas en juego. Estamos en un hilo muy fino que en cualquier momento puede soltarse”, sentenció.
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También se refirió a la Ley del Teletrabajo la cual comienza a regir a partir de la fecha y tiene como finalidad reconocer el derecho a la desconexión por parte del colaborador, el empleador deberá respetar los tiempos de descanso de al menos 12 horas continuas. La norma rige tanto para las empresas privadas, organismos del Estado públicos o mixtos, las gobernaciones, municipalidades así como las instituciones autónomas y autárquicas.
“Esta es una ley que viene a cubrir una necesidad”
Son varios los detractores que consideran que la ley quedará solo en los papeles ya que ni siquiera contempla a los trabajadores independientes. Sobre el tema, el senador del movimiento Honor Colorado, manifestó que dentro de la normativa aún continuará rigiendo como el tema de las vacaciones, aguinaldos, obligaciones propias del trabajador y el empleador, el descanso por maternidad y las mismas sanciones, entre otros.
“Esta es una ley que viene a cubrir una necesidad y viene a contemplar los hechos que en realidad están pasando, la prestación del trabajo a distancia fruto en este caso de la pandemia, lo que se hace es establecer un marco legal y establecer los parámetros que no son muchos porque se mantiene la misma relación laboral que es establecida en el Código Laboral, en el caso del sector privado y en la Ley de la Función Pública en el sector público”, sostuvo.
Godoy detalló también que ante la norma no puede existir una precarización ya que las obligaciones tanto para el empleador como el empleado son las mismas y si lo hubiese será una violación. “Eso se dejó bien en claro y figura como principio uno de la ley”, indicó.
Reglamentación de la norma
El legislador manifestó que si bien la normativa fue promulgada, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para su reglamentación con la finalidad de procesar aún varias consideraciones como “hasta dónde se extiende por ejemplo el tema de la desconexión o el punto de la reversabilidad que implica la vuelta del trabajo en el local de la empresa, lo cual puede ser acordado por ambas partes”.
Finalmente afirmó que la ley no debe usarse como una ventana para incumplir cualquier tipo de obligaciones “ni tampoco la exigencia de un derecho mayor en el caso del empleador”. “El gran problema es la informalidad en el cumplimiento de las obligaciones y en la exigencia de cumplirlas, sin dudar se da más en el sector público que en el privado por lo que sabemos, es una situación innegable, pero esto no debe usarse como una ventana para el incumplimiento de cualquier tipo de obligación, refirió.
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