La Cámara Baja sancionó la ley que establece la implementación de videocámaras corporales en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado (anticoima), presentado en el 2019. Ahora pasa al Poder Ejecutivo, donde se espera que el presidente Mario Abdo la promulgue para la utilización de cámaras corporales en acciones de anticorrupción.
La ley tiene como finalidad la de reducir el delito denominado cohecho pasivo, también conocido con el nombre de coima, que involucra a funcionarios estatales y ciudadanos. Las videocámaras corporales se usarán en operativos policiales, fiscales y aduaneros que abarquen todo el espectro de procedimientos sensibles al delito de cohecho pasivo.
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Control en “dos sentidos”
El uso de cámaras corporales, por un lado, protegerá al ciudadano de posibles excesos en el actuar de funcionarios de la Policía, Fiscalía o Aduanas. Por otro lado, protegerá a los funcionarios de reclamos y de ciudadanos prepotentes en su intención de evadir los procedimientos y sanciones correspondientes por incumplimiento de alguna ley particular.
El diputado Tito Ibarrola, uno de los proyectistas de la ley, publicó en Twitter: “Correli, celebramos la sanción de nuestro proyecto que establece la utilización de videocámaras en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado para evitar los abusos por parte de las autoridades y de los ciudadanos prepotentes. Pasa al Ejecutivo”.
De acuerdo con la exposición de motivos de la ley, la falta de filmaciones en los procedimientos de control sigue generando la posibilidad de cometer el delito de “cohecho pasivo”, hecho delictivo en el cual, tanto el personal público y los ciudadanos, cometen hechos punibles y no son sancionados.