El gobernador explicó que la documentación ya está disponible en el portal de la Contraloría, incluso mucho antes del plazo del 30 de junio. Foto: Archivo/Nadia Monges.
La Gobernación de Central cumplió en tiempo y forma con rendición de cuentas, aseguró Hugo Javier
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El gobernador del departamento de Central, Hugo Javier González, aseguró que su administración cumplió en tiempo y forma con la rendición de cuentas a la Contraloría General de la República (CGR), sobre los fondos otorgados a los gobernadores en el marco de la Ley de Emergencia.
En este sentido, el gobernador de Central refirió que el plazo límite para la entrega de los informes es hasta el 30 de junio, y la rendición de cuentas de su administración de estos fondos, que corresponde a US$ 1 millón, ya fue entregado la semana pasada y ya se encuentra en la página oficial de la CGR. Cada uno de los 17 departamentos del país recibió el mismo monto.
“La gobernación no se halla en falta con el cumplimiento de la rendición de cuentas, con relación a los fondos especiales. A la fecha, está en el portal de la institución de control, ya se presentó, están todos los documentos respaldan los gastos en el portal de la Contraloría”, sostuvo González.
Rendición de cuenta de la Gobernación de Central a la CGR. Foto: Gentileza.
En este sentido, explicó que la Gobernación recibió los fondos, estipulado en la Ley especial, el 29 de diciembre del 2020, los mismos fueron desembolsados en febrero del 2021 y se distribuyó en un 60% para obras, 20% para insumos médicos y, finalmente, 20% para gastos corrientes, de acuerdo a lo estipulado por el fondo especial de la Ley de Emergencia.
“Es importante destacar que el acto administrativo que marca el inicio de cómputo para la rendición es la fecha de desembolso, para la ejecución del programa, que fue febrero”, refirió el gonernador.
Agregó que, de acuerdo a la resolución 134 de la Contraloría, establece el calendario por el cual se deberá rendir cuentas, iniciando en febrero, abril, y la fecha límite es el 30 de junio, que todavía ni venció. “Agradecemos el control de la Contraloría, nos ayuda a trasparentar, todo está documentado y está presentado en tiempo y forma de la contraloría”, mencionó.
Mientras tanto, lamentó que se hayan realizado las publicaciones en contra de su administración, teniendo en cuenta que, por un lado, aún no feneció el plazo para la entrega de los informes y, por otro, que ya se cumplió con la entrega de la rendición de cuenta. “Hay una especie de saña en particular, no sé si es persecución, pero es mi foto la que se publica, es el nombre de la Gobernación, encima con datos infundados”, puntualizó.
El presidente Santiago Peña indicó que no se visualiza cuestionamientos desde el punto de vista del ámbito legal entorno al proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las oenegés. Foto: Gentileza
ONG: Peña dice que ley no cercena derechos y que “nadie debe estar renuente al control”
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El presidente de la República, Santiago Peña, indicó que no se visualiza cuestionamientos desde el punto de vista del ámbito legal entorno al proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.
“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.
En el transcurso de la mañana de este martes el Congreso Nacional remitió la iniciativa al Ejecutivo para su promulgación o veto. “No estoy a favor de la persecución, de la discriminación, de cercenar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, pero entiendo que el control y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería aplicar”, mencionó.
La iniciativa sancionada por el Congreso Nacional el pasado 9 de octubre en base a las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo refiere que las entidades u organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, partidos, movimientos políticos, iglesias, se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la ley, salvo que reciben, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales.
De la misma manera también se encontrarán excluidas las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, indicó que en caso de que el presidente Santiago Peña se decida por el veto, lo más probable es que la bancada de Honor Colorado acepte la decisión. Foto: Gentileza
Congreso remitió este martes al Ejecutivo el proyecto de control a las oenegés
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Tras permanecer un mes en el Senado, finalmente el Congreso Nacional remitió este martes al PoderEjecutivo para su promulgación o veto la propuesta queestablece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.
La iniciativa fue sancionada con una amplia mayoría por la Cámara Alta el pasado 9 de octubre tras ser introducidas las modificaciones sugeridas desde el Gobierno. “Hubo correcciones de forma que se dieron al documento, no fue vulnerado ningún reglamento o leyes (con relación a la tardanza en la remisión). Peña evaluará lo que más corresponde al país”, indicó el senador Basilio “Bachi” Núñez tras su llegada de Taiwán.
El legislador dijo que si Peña toma la decisión de vetar la iniciativa, los senadores del movimiento Honor Colorado estarían respetando su decisión. “Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar, pero es difícil que salgamos en contra, esto es histórico, ya lo venimos manteniendo en gobierno anteriores, estando en la disidencia,entonces lo más probable será aceptar un veto en caso de darse”, mencionó.
No obstante, Núñez ratificó que particularmente está a favor de la propuesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor control. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo paraguayo tiene que saber en donde están siendo destinados los recursos”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.
Las afirmaciones del senador surgen ante la persistencia de algunos sectores sociales, empresariales y políticos de la oposición quecalifican a la propuesta como inconstitucional y autoritaria bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.
Autoridades de la Cámara de Diputados y la Contraloría analizaron el avance del proyecto de creación del régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. Foto: Gentileza
Contraloría y Diputados debatieron sobre proyecto anticorrupción
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Este lunes el contralor general de la República, Camilo Benítez, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros parlamentarios para analizar el tratamiento del anteproyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El contralor explicó que se trata de una de las iniciativas que tiene la estrategia nacional de combate a la corrupción en el sistema público.
“Hace un año fue suscripto por todos los poderes del Estado y los organismos extrapoder, este es uno de los elementos para la Contraloría más importante, que es tratar de complementar el enfoque que tenemos en la lucha contra la corrupción y cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expresó tras la reunión en la Cámara Baja.
Benítez indicó que el objetivo no es tratar de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado, en materia de integridad y prevención, en el cual existe una disparidad, de acuerdo al contralor. Además se establece criterios para transparentar la administración pública, criterios para el acceso a la función pública, ya que no existe un criterio unificado.
“Nosotros creemos que a través de esta ley se podría trabajar con todos los poderes del Estado para que exista una ley unificada. Nosotros fuimos lo que propusimos en esta mesa de diálogo que se había conformado”, apuntó.
Esta normativa también regula el Centro Nacional de Denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. “Todos los principios mundiales en materia de denuncias contra la corrupción dice que el órgano que debe administrar esta denuncia debe ser independiente de las personas a quienes se le denuncia”, de acuerdo a la explicación del contralor.
Por otra parte, Benítez resaltó que la postura de la Contraloría es que una secretaría anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo, que forme parte del gabinete del Poder Ejecutivo, mal podría administrar este portal de denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo.
“Por eso decíamos en su momento que debería ser la contraloría, que es un órgano constitucional, un órgano independiente, autónomo y distante al poder administrador y los otros poderes del Estado, quien administre este portar de denuncias”, sentenció.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja indicó que existe un fuerte compromiso de llevar adelante este proyecto. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compartimos una reunión sobre la Ley de integridad, que busca fortalecer las capacidades del Estado de lucha contra la corrupción y la impunidad, con la presencia del contralor general de la República”, aseveró.
Los invitados al programa "Fuego Cruzado" se refirieron a la situación de la investigación acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración de Vicente Bataglia. Foto: Matías Amarilla
Preocupa intento de desestimar causa de deuda del IPS en administración de Bataglia
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El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.
Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.
“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.
Dario Ortega, director jurídico de la Contraloría General de la República. Foto: Pánfilo Leguizamón
Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.
“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.
Contradicciones de la Fiscalía
El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.
“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.
Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.
Reunión con el fiscal general
Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.
“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.
Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS. Foto: Matías Amarilla
Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.
“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.