Brasil avanza a tambor batiente en el desarrollo de su estrategia para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en el 2023. Ya expuso sus estrategias ante las principales potencias con el fin de captar adhesiones, mientras que en abierto contraste Paraguay aún no cuenta con una agenda de debate y mucho menos un plan para su defensa en el campo internacional.
La gran negligencia nos deja en desventaja para poder encarar la renegociación más importante, pudiendo resultar afectados los más altos intereses nacionales del país. Al respecto, el ingeniero Ángel María Recalde, exdirector paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), señaló que el gobierno de Mario Abdo Benítez carece de fuerza política y de credibilidad ciudadana para poder encarar el proceso.
“Si esto es una causa nacional, lógicamente todo el mundo tendría que estar en conocimiento de qué se está haciendo, debe existir un acuerdo nacional y se convoca a todas las organizaciones, ya sean políticas, religiosas, científicas, de los gremios, para ir teniendo entre todos una idea de la cuestión y poniendo de acuerdo hacia dónde vamos a apuntar. Pero eso no se hace, no se hizo, ni se hará porque se requiere de una fuerza política que tendría que tener el Gobierno para lograrlo y este Gobierno no tiene esa fuerza política, ni siquiera credibilidad para hacer eso”, sostuvo.
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Detalló que el Anexo C sienta las bases financieras y las condiciones de prestación del servicio de electricidad.
“El tratado en su conjunto tiene un cuerpo principal en el que toca absolutamente todas las generalidades más importantes y tiene tres anexos para tratar los temas específicos. El primero sería el Anexo A, el cual es el estatuto o la carta orgánica de Itaipú; el Anexo B, que era muy importante en la época de construcción de obras, ya que describe las obras a ser ejecutadas. Lo que se está discutiendo es una parte del tratado”, indicó.
Recalde señaló que el Anexo C se encuentra compuesto por los costos, el pago de los royalties a los Estados, el pago a la Ande y la Electrobras por resarcimiento, por carga administrativa, así como el interés por el capital que alguna vez colocaron ambas empresas, los costos operativos, el servicio de la deuda y el saldo positivo y negativo del ejercicio anterior.
“En la cláusula sexta del Anexo C se fija un término mandatorio, el cual dice que este anexo será revisado transcurridos 50 años de la entrada en vigor del tratado, sería en agosto del 2023. Estamos en presencia por un lado de la terminación de pagar la deuda y, por el otro lado, el hecho de que se puedan revisar las condiciones financieras, lo que más está interesando, sin que esto no implique que se pueda revisar lo relacionado a la prestación de servicios”, sostuvo.
“Tenemos que definir como país qué es lo que queremos”
Autoridades de Brasil expresaron la intención de rebajar la tarifa de exportación con miras a la revisión del Anexo C, mientras que algunos referentes de Paraguay alegan que debe subir la tarifa al precio del mercado.
“Es uno de los temas que tenemos que definir como país, qué es lo que queremos. Si deseamos mantener las tarifas actuales o seguimos nomás con la aplicación del Anexo C. Esa cláusula de alguna manera favorece a los intereses de Brasil. Si es que sus intereses son de bajar la tarifa, ya que bajará drásticamente y por sí misma sin la necesidad de hacer nada. Entonces si Paraguay dice que no quiere que baje tanto o no quiere que baje, hace un año y medio debió moverse con el objetivo de reconvencer a la contraparte para que se adelante la fecha de negociación”, sentenció.