A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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El senador Derlis Maidana respondió las expresiones del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien, en un encuentro político, dijo que desde el 16 de agosto está siendo perseguido por el oficialismo. El legislador aseguró que nunca existió ni existirá una agenda de persecución.

“Nunca hubo una agenda de persecución, eso refleja los temas que hemos tratado en el Congreso. Dsde el Congreso se dieron cambios para el fortalecimiento institucional del Estado se dieron leyes históricas para beneficio del pueblo y para fortalecer las instituciones y transparentar procesos”, afirmó el senador en nota para La Nación/Nación Media.

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Maidana indicó que muestra de que no existe tal agenda de persecución es que funcionarios siguen en puestos claves. Recordó además que, en el gobierno de Abdo uno de los que más persiguió a la disidencia colorada, de ese entonces, fue Arnaldo Giuzzio, quien utilizó la estructura del Estado para este fin.

“No existe ni existirá una agenda de persecución sería incoherente si tenemos varios funcionarios que siguen en puestos claves, además no tenemos un personaje como Giuzzio que públicamente decía presidente emosemba umi (échale a esos) cartistas o no existe un plan hurgado como el que había comentado Peta en su momento”, cuestionó.

Finalmente, mencionó que tanto desde lo legislativo como desde el sector político la única agenda que se maneja, es de la unidad partidaria. “Definitivamente nosotros no estamos en las persecuciones, la agenda parlamentaria no está en eso y en lo político la idea es unir al partido, así que no veo persecución alguna en ningún ámbito”, sentenció.

- El senador Derlis Maidana respondió a Mario Abdo; “no existe, ni existirá una agenda de persecución.

-Maidana recordó que la persecución se dio por parte de Abdo y sus aliados durante su gobierno.

- La única agenda del oficialismo es la unidad partidaria.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“El banco (del grupo Zuccolillo) no debió hacer los desembolsos, tenía que resguardar que la operación o el objetivo de la fiducia se cumpla”, mencionó la jefa de Dictámenes y Contratos del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorgelina Gómez, al referirse al contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y la entidad bancaria por valor de G. 828.000 millones.

“A través del banco se buscaba resguardar los fondos para un objetivo específico que era la construcción de 4 hospitales. Existió una clausula establecida en el contrato de fideicomiso, para que el banco pueda hacer el desembolso se tenía que haber emitido los certificados de obras, que debían estar firmados por el fiscal de obras, por el director de infraestructura, por el gerente administrativo financiero y por el presidente del instituto”, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

“Resulta ser que el Instituto de Previsión Social es una entidad muy verticalista y su máxima autoridad institucional es el Consejo de Administración. Tuvo que haber sido el Consejo de Administración a través de una resolución, esa es la máxima autoridad institucional del IPS. Ningún funcionario por debajo del Consejo de Administración puede decidir este tipo de situaciones (desembolso) o modificaciones al contrato”, sostuvo.

Acotó: “La información que se tiene (sobre el avance de las investigaciones fiscales) es muy escasa, entiendo que están en una etapa investigativa, que están haciendo las averiguaciones porque esto también pasa mucho por el área de infraestructura, de la gerencia administrativa y financiera para hacer el cruce entre los certificados de obras que existían y los pagos que se realizaron”.

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