Senadores del Partido Patria Querida (PPQ) festejaron la sanción del proyecto de ley que declara área silvestre protegida a la laguna Yrendy y bosques adyacentes, en el departamento de Alto Paraná, sosteniendo que se evitó un “negociado” ante la propuesta del legislador Sixto Pereira, del Frente Guasu (FG), quien tenía la intención de expropiar cinco hectáreas de las 164 pertenecientes a la última reserva del bosque Atlántico que le queda a Ciudad del Este.
Al respecto, la senadora Georgia Arrúa manifestó que “con la versión de Diputados con buen criterio se protegieron las 164 hectáreas, devolviendo al proyecto de ley su objetivo original”.
La legisladora indicó que fue un exceso la petición de expropiación hecha por el parlamentario bajo una “falsedad”, la de beneficiar a 10 familias, utilizada como “excusa para quedarse con cinco hectáreas de bosques en plena zona urbana de Ciudad del Este. Conseguimos impedir la ratificación de la versión del Senado, con ella protegimos el Yrendy y evitamos un negociado”, dijo.
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Su postura fue apoyada por su colega del mismo sector político Fidel Zavala. Las 164 hectáreas de bosques rodean a una laguna de 13 hectáreas llamada Yrendy, ubicada en el kilómetro 12, lado Monday, en Ciudad del Este; es una propiedad del Instituto Forestal Nacional (Infona).
“Quedó aprobada la versión original del proyecto que declara área silvestre protegida la laguna Yrendy y su bosque nativo adyacente. Agradecemos a los senadores que sí se comprometen con la protección de nuestros recursos naturales”, dijo la titular del Infona, Cristina Goralewski.
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Patria Querida moviliza a su dirigencia de Itapúa con miras a las municipales del 2026
“Hay muchos simpatizantes del partido que esperan que tengamos la osadía de salir a pelear por el poder”, sostuvo el intendente de la ciudad de Encarnación y vicepresidente primero del Partido Patria Querida (PPQ), Luis Yd, durante un encuentro impulsado por los integrantes de la Conducción Nacional de la nucleación y dirigentes del departamento de Itapúa.
La reunión consistente en planificar estrategias para conquistar la mayor cantidad de intendencias fue realizada con la dirigencia de base de las localidades de Bella Vista, Hohenau y Trinidad y estuvo encabezada por el presidente de la agrupación, Stephan Rasmussen González.
“El Partido Patria Querida está aquí para poder responder a los intereses de la gente, no para entrar en disputas políticas sin sentido. Nuestro objetivo es trabajar en una propuesta que atienda los temas que realmente preocupan a los ciudadanos: empleo, seguridad, acceso a servicios y desarrollo local. Esa es la política que queremos hacer, una política que construya y fortalezca las instituciones”, manifestó el también exsenador.
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Del encuentro también participaron la diputada Rocío Vallejo, los concejales capitalinos Alvaro Grau, Paulina Serrano, Patricia Dos Santos, excandidata a la vicepresidencia de la República, entre otras autoridades locales.
Meses atrás Rasmussen González indicó que Patria Querida instaló una mesa de trabajo con miras a las municipales. Detalló también que se encuentran realizando una serie de encuestas con la finalidad de identificar a los potenciales aspirantes para las intendencias. En esa ocasión el dirigente político mencionó que el objetivo principal de la nucleación será pujar por las intendencias de Asunción, Ciudad del Este y mantener la de Encarnación.
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Frente Guasu niega deuda con entidad bancaria
Los exrepresentantes de la agrupación política Frente Guasu niegan que hayan firmado un préstamo con la entidad bancaria ueno Bank. A través de un comunicado a la opinión pública, refieren que las firmas que aparecen en los pagarés no les corresponden. De acuerdo con los documentos, figuran como codeudores Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas.
El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, la semana pasada había indicado que la deuda de la concertación Frente Guasu, es por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.
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“El 23 de junio de 2023, fuimos demandados por la entonces Financiera ueno, hoy ueno Bank, por una supuesta deuda de G. 2.021.219.253. Según la entidad, el monto resulta de la reestructuración de un crédito anterior con la firma Credicentro, absorbida por la primera. Aclaramos que no hemos tramitado con la entidad financiera ueno, hoy ueno Bank”, refiere el texto publicado.
Así mismo, se menciona en el comunicado que, las firmas en el pagaré no les corresponde, que la fecha de certificación de las firmas en el pagaré difiere de la fecha indicada en el mismo. Además, señalan que en la fecha de las supuestas firmas en la solicitud, el pagaré y la liquidación del crédito, Carlos Filizzola ya no ocupaba el cargo de presidente de la concertación Frente Guasu.
También piden a la entidad bancaria el mayor control al momento de otorgar este tipo de créditos. El comunicado está firmado por Carlos Filizzola, Aida Robles y Oscar Dario Rojas.
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Banco promovió denuncia contra codeudores del Frente Guasu que niegan pagarés
El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, explicó cuál es la situación de la deuda de la concertación Frente Guasu, por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.
“Efectivamente hay una deuda de la concertación Frente Guasu y la codeudoría de tres personas físicas con ueno bank y en su momento, cuando aún tenía la denominación de Financiera ueno se había promovido una acción ejecutiva en junio del año 2023″, explicó Preda en entrevista a la 1020 AM.
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Refirió que “en esa acción ejecutiva, los demandados, las personas físicas son Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas”, sin embargo, estas tres personas se presentaron a plantear una “excepción de falsedad” y negaron que las firmas consignadas en un pagaré en febrero del 2022 les pertenezcan.
“Entonces, en función a eso yo recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que esto se esclarezca y se determine que efectivamente esas firmas son falsas o no. Si son falsas, buscaremos a los responsables de haber creado ese documento”, mencionó.
En contrapartida, el abogado resaltó que “la certificación de firma por una escribana pública no son documentos simplemente, sí certificación de firma, si eventualmente estas firmas no les corresponden a estas personas, también hay la intervención de una escribana pública”.
Esta denuncia está en el Ministerio Público para aclarar el caso de la negación de las firmas. “Lo cierto y lo concreto es que la deuda no ha sido negada por nadie, simplemente es la firma en el documento que, entiendo yo, se niega. Nosotros queremos que esto se esclarezca en función a la gravedad de sucesos de todo esto”, sentenció Preda.
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Bonos de IPS: La verdadera motivación de Esperanza Martínez
La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.
De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.
Conflicto de interés y tráfico de influencia
El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.
De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.
El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.
En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.
Cuentas embargadas
Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.
Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.
Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.
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