El juez de primera instancia en lo civil y comercial del séptimo turno de la Capital, Édgar Agustín Rivas, solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expedirse sobre la constitucionalidad de que la Contraloría General de la República (CGR) pida informes a la Itaipú Binacional.

Esto se da en el marco del proceso judicial iniciado por la Contraloría contra la Itaipú, por la negativa a entregar los informes sobre los gastos socioambientales, que fueron solicitados por la Cámara de Senadores a la CGR.

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Al rehusarse la Itaipú a entregar los documentos, la Contraloría pidió a Rivas una orden de allanamiento con acompañamiento de la fuerza pública, amparado por el artículo 20 de la Ley Nº 276/94, que faculta a la Contraloría a solicitar al juez de primera instancia, allanamientos de domicilios, locales, depositos u otros recintos con auxilio de la fuerza pública. El magistrado tiene 24 horas para dar respuesta a esa petición.

El documento enviado por el magistrado a la Corte Suprema expresa que la petición de la Contraloría (de pedir informes a la Itaipú) está sustentada en el artículo 283 de la Constitución Nacional, numeral 4, que faculta a la CGR la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados.

En ese sentido, el juez Rivas también expone que el artículo 283 de la Constitución Nacional se contrapone con el marco normativo de la Itaipú, como entidad binacional, creada por el Artículo III del Tratado firmado por Paraguay y Brasil en el año 1973, regida por las normas del Tratado, sus estatutos y los anexos.

“Entonces, al exponerse una norma de menor jerarquía para la aplicación de medidas de urgencia respecto a fondos utilizados por una Entidad Binacional creadas y amparadas por un Tratado, resulta necesario una revisión sobre su constitucionalidad”, señala el documento.

De esa manera, el magistrado de primera instancia pide a la Corte indicar la supremacía de una normativa sobre la otra, para usar como respaldo y dar una respuesta a la Contraloría General de la República respecto al pedido de informes financieros a la Itaipú Binacional.

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Es importante mencionar que la Contraloría solicitó los documentos tanto a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) como a la Itaipú Binacional, a pedido de la Cámara de Senadores, para detallar los gastos socioambientales de ambas binacionales.

Por parte de Yacyretá, el director del lado paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, ya remitió este lunes en horas de la tarde los datos requeridos; sin embargo, por parte de Itaipú se dio una negativa, por lo que la Contraloría ahora acciona judicialmente.