El senador Hugo Richer afirma que la negativa de las binacionales a transparentar los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá no es una decisión de los directores, sino una directiva del mismo presidente Mario Abdo Benítez. Apeló a la cordura del mandatario, a quien pidió que reflexione sobre el punto y recapacite para evitar que su deteriorada imagen siga desgastándose a raíz de sus desacertadas disposiciones.
“Yo dije en la sesión que esa no es una decisión de Nicanor Duarte Frutos, es la decisión del presidente Mario Abdo Benítez y hay que decirlo claramente. Él sigue empeñado en eso y hace que su imagen, que está bastante deteriorada, siga desgastándose”, dijo Richer en declaraciones a canal GEN.
Sostuvo que por ahora se debe aguardar que los directores de Itaipú y Yacyretá, Manuel María Cáceres y Nicanor Duarte Frutos, acudan el lunes ante la mesa directiva del Senado a dar su versión ante la reticencia de permitir que la Contraloría General de la República audite los fondos socioambientales.
“Ojalá que este señor Mario Abdo Benítez reflexione porque Nicanor Duarte Frutos ni Manuel Cáceres no van a insubordinarse. Si el presidente les autoriza, ellos no se van a oponer a la Contraloría. Evidentemente hay una orientación del presidente de la República”, ratificó.
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El legislador del Frente Guasu también cuestionó que el Ejecutivo haya tergiversado el alcance de la ley que autoriza reorientar los fondos sociales de las binacionales para el área de la salud y la protección social durante la pandemia del COVID-19.
“El tema de la reglamentación de la ley es para evitar justamente que se ejecuten esos fondos sociales, en los términos en que había decidido la ley. Yo creo que al Partido Colorado le cuesta dar la mano a torcer en el tema de las binacionales y transparentar todo esto, poniendo los fondos al servicio de la salud y la protección social, así como dice la ley”, puntualizó.
Recordemos que las entidades binacionales declararon una disponibilidad de US$ 48 millones para destinar a Salud. De ellos, US$ 30 millones corresponden a Itaipú y US$ 18 millones. Sin embargo, según estimaciones de los legisladores, los gastos sociales representan US$ 150 millones, monto autorizado por ley a ser reorientado a favor del Ministerio de Salud.