Ciudad del Este. Agencia Regional.

En abril pasado, un policía fue imputado tras ser denunciado por intentar estrangular a su pareja, presuntamente, además de otras agresiones físicas y uso de arma de fuego que causó herida de bala de refilón en la víctima. Ahora, el fiscal Edgar Benítez, de Presidente Franco, presentó acusación contra el policía y pidió su juicio oral y público.

El procesado es Esteban Damián Benítez Aquino, de 28 años de edad, suboficial segundo de la Policía Nacional. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde, por violencia familiar y violación de la Ley de Armas.

El antecedente del caso indica que, los hechos denunciados ocurrieron el 27 de abril de 2024, alrededor de las 07:00, en el interior de una vivienda del barrio San Miguel de Franco, siendo víctima una mujer. En esa ocasión, la pareja inició una discusión por los supuestos celos del presunto agresor.

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En un momento de la pelea, el hombre se descontroló y comenzó a agredir a la mujer hasta llegar al punto de intentar ahorcarla, según el escrito de acusación presentado ante el juzgado. La mujer pudo zafarse, pero el policía efectuó disparos en el interior de la vivienda.

Utilizó su arma reglamentaria, una pistola 9 mm, de la marca Glock. Uno de los proyectiles impactó en el piso y, tras rebotar, hirió levemente en la pierna a la víctima, quien fue auxiliada y llevada al Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Por su parte, el presunto autor fue detenido por agentes policiales de la zona e imputado por el Ministerio Público. Tras cumplirse el plazo para la investigación, el fiscal Edgar Benítez presentó el requerimiento conclusivo, en espera del juicio al agente.

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La Cámara de Diputa­dos tenía previsto estu­diar el proyecto para dero­gar la Resolución n.° 1336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación; no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el cuórum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presen­tado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la comisión no cumple con las finalidades determina­das en la Constitución y es un instrumento de persecu­ción a opositores y disiden­tes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan con­tra derechos reconocidos y garantizados por la Cons­titución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inme­diata la apertura de una investigación del Ministe­rio Público”.

El proyecto no solo apunta a eliminar la comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, dijo ayer que comparte la postura del presidente San­tiago Peña de defender las inversiones bancarias rea­lizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Los cuestionamientos, el escrutinio fortalecen la democracia y quienes ejer­cemos los roles de poder en los espacios públicos, los que fuimos electos por la ciuda­danía, debemos ser cuestio­nados. Y yo asumo esa con­dición”, indicó Latorre.

Manifestó que en primer lugar se debe aclarar que el presidente Peña no es accio­nista de la entidad finan­ciera en cuestión y que se encuentra en el foco de aten­ción a raíz de las transac­ciones realizadas con el IPS.

Peña es atacado por los diri­gentes de la oposición y por el Grupo Zuccolillo, propie­tario del diario Abc. A raíz de los cuestionamientos, la entidad financiera aclaró que el jefe de Estado no es accionista del banco. Ante estos ataques y en declara­ción a la prensa, el presi­dente de la República res­pondió al cronista de Abc de que el citado medio de comunicación está min­tiendo y que el Grupo Zuc­colillo siempre se benefició del dinero de los jubilados del IPS.

Al analizar la reacción del jefe de Estado, el presidente de Diputados dijo que los medios de comunicación también pueden ser cues­tionados.

“Las declaraciones que hacen los ciudadanos y las declaraciones que hacen los medios también deben ser cuestionados, y eso es parte del proceso de la democracia. Las con­frontaciones enriquecen el proceso democrático”, indicó Latorre. Agregó que considera que el pre­sidente Santiago Peña solo busca poner el debate sobre la mesa.

Sin realizar ninguna con­sulta a los medios loca­les, basados solamente en la opinión sesgada de algunos comunicadores encuestados, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rebajó a Paraguay a la categoría “En restricción”, señaló Diana Domínguez, representante de nuestro país ante el organismo. La vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro, y el periodista Alberto Peralta también coinci­dieron en el pleno ejerci­cio de la libertad de prensa y de expresión en el país, durante el programa “12/8″, emitido por el canal GEN de Nación Media.

La Cámara de Diputados tenía previsto en estudiar el proyecto para derogar la resolución N° 1.336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación, no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el quorum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presentado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la Comisión no cumple con las finalidades determinadas en la Constitución y es un instrumento de persecución a opositores y disidentes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan contra derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inmediata la apertura de una investigación del Ministerio Público”. El proyecto no solo apunta a eliminar la Comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

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Durante las reuniones de la Comisión de Investigación, se realizaron exposiciones respecto a cómo operan algunas organizaciones sin fines de lucro, que sin rendir cuentas, mueven cifras millonarias sin dar a conocer el origen de ese dinero o los donantes. Igualmente, en la última sesión se expuso la manera en que el dinero del narcotráfico se infiltró en el sistema financiero y personas sin capacidad económica accedieron a grandes créditos.

El orden del día contaba con 19 puntos en total, pero solo pudieron tratarse nueve, dado que los legisladores se retiraron y otros proyectos, como la ampliación presupuestaria para el Ministerio del Ambiente, la expropiación de inmuebles, la creación de un registro de personas desaparecidas, entre otros, tampoco pudieron ser tratados.

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