La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), cuestionó que el Poder Ejecutivo haya tergiversado el espíritu de la ley que redirecciona los gastos sociales de las entidades binacionales a salud pública durante la pandemia.
“Nosotros esperábamos que el Ejecutivo tomara con seriedad esto de vivir en un Estado de Derecho. Es decir, simplemente que gobernantes y gobernados estamos sometidos al imperio de la ley”, señaló en conversación telefónica con la 1080 AM.
Te puede interesar: Destinarán US$ 30 millones de fondos binacionales a la salud
Dijo que el presidente Mario Abdo Benítez “nos escupe en la cara nuevamente”, al anunciar el lunes último a través de la vocería del ministro de Salud Julio Borba el decreto reglamentario, que “no dice absolutamente nada”. Afirmó que Borba se limitó a alabar a las binacionales.
“Leemos el decreto reglamentario y nos caemos de espalda. El artículo 1° transcribe el título de la ley. El artículo 2° no dice nada y el artículo 3° habla de que pueden suscribir convenios con Hacienda para transferir el dinero. Entonces, no nos dicen cuánto dinero hay, cuánto se gastó y en qué se gastó”, fustigó.
Igualmente la parlamentaria criticó que en ningún artículo se haya aludido al uso que a partir de ahora tendrá el dinero declarado como disponible por Itaipú y Yacyretá. “No nos dicen cuánto va a ir a insumos, a materiales de bioseguridad, cuánto va a ir oxígeno y a la construcción de hospitales”, indicó.
El presidente se vio obligado a promulgar la ley luego de una presión social y política que se dio en torno a la iniciativa que fue impulsada por la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que desde el Gobierno mantenían una postura contraria por calificarla como “inconstitucional”, alegando que estarían en juego los tratados internacionales entre los países que integran ambas entidades.
La ley fue promulgada el 26 de abril y tenía un plazo de 10 días para su reglamentación, que finalmente se oficializó el pasado lunes.
Leé también: Avalos Mariño adelanta que votará por la pérdida de investidura de su correligionario