El peculiar diputado esteño Jorge Brítez fue nuevamente protagonista de una movilización, este lunes, cuando pobladores y autoridades municipales de Presidente Franco protestaron porque no se inician las obras viales complementarias, necesarias para el uso del nuevo paso fronterizo.
Brítez aparece en los videos haciendo piruetas y “ejercitándose” en medio de los manifestantes, descoordinando completamente el objetivo de la protesta de los franqueños.
El parlamentario es conocido por participar de movilizaciones, en ocasiones violentas; el mismo también ya fue imputado por el Ministerio Público por el daño a cosas de interés común por realizar una pintata en la sede del Ministerio Público de la capital de Alto Paraná en el 2016. El diputado había sido despojado de sus fueros para enfrentar esta causa.
Brítez también participó de una movilización instando a la ciudadanía a que no use tapabocas y el propio diputado aparecía en un video quemando un cubrebocas junto con otras personas con la misma ideología de no utilizarlas.
La manifestación se realizó en el barrio Tres Fronteras del municipio, zona de construcción del Puente de la Integración con Brasil. Los pobladores cerraron la avenida Bernardino Caballero como protesta porque aún no se iniciaron las obras. La movilización ciudadana tiene el apoyo del ejecutivo y legislativo municipales, de la Cámara de Comercio y de la Multisectorial de las Obras Complementarias de Presidente Franco.
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Escribanos solicitan que se aplace el estudio de creación del RUN
El gremio de escribanos, del sector notarial, geógrafos y algunos sectores campesinos, encabezan una movilización en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), mediante el cual se pretende fusionar Catastro y Registros Públicos.
“Lo que venimos a pedir es la postergación, si no son tenidos en cuenta nuestros reclamos, nosotros nos abocamos al rechazo de la ley”, expuso el escribano Fernando Báez en contacto con La Nación/Nación Media. El profesional lamentó que sus recomendaciones no hayan sido tenidas en cuenta debido a que consideran que como está planteada la ley, no se cumplirá el objetivo de abaratar costos y reducir plazos para la titulación de propiedades.
“Hay que dejar en claro que el proyecto, así como está del RUN, no vemos como una solución real porque nos estamos encontrando con dos instituciones que están totalmente recortadas presupuestariamente y eso se traduce en un resultado ineficiente de la gestión de cada una, vamos a fusionar dos instituciones que están con problemas”, afirmó.
Para Báez, aprobar la fusión de Catastro y Registros Públicos, tal y como lo establece el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, podría resultar en un proceso “traumático”. Añadió que un ejemplo similar a esto fue la creación del Registro del Automotor, el cual demoró alrededor de 24 años en llegar a un buen funcionamiento como el que tiene actualmente. “Lo que se busca es que sea lo menos traumático posible”, refirió.
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Cuestionamientos
Los objetivos principales de esta iniciativa es la celeridad y la economía registral catastral, no obstante, la redacción del proyecto contempla un aumento en ciertos plazos procesales y costos de las tasas que se tienen actualmente, por lo que, consideran que de aprobarse de esta manera, no se estaría cumplimiento con la misión central que se expresa en la exposición de motivos a favor de esta ley.
“En cuanto a lo que tiene que ver con la celeridad de los trámites, actualmente un certificado de dominio tarda en salir en 10 días, la ley establece que debe ser en ese plazo, sin embargo, en el proyecto aumenta ese plazo y va a 15 días, las escrituras en lugar de 20 días ahora pasan a demorar 30 días con esta media sanción”, señaló.
Los escribanos ya tuvieron reuniones con legisladores donde pudieron exponerles estas situaciones, sin embargo, sus reclamos no fueron considerados ni se realizaron ajustes al proyecto, lo cual es una situación lamentable para el sector, puesto que son quienes operan en el sistema, mencionó Báez.
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“Estamos encontrando que en lugar de bregar por lo que ellos mismos pregonan en su exposición de motivos, que son la celeridad y economía, en este caso no se ve reflejado en el proyecto, entonces los que estamos en el tema encontramos esas situaciones presentes en este proyecto de ley”, sostuvo.
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IPS solicita una auditoría de sus bonos a la Contraloría
El Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por el doctor Jorge Brítez, solicitó a la Contraloría General de la República que realice una auditoría de la compra de bonos a la entidad ueno bank por valor de USD 32 millones. Según indicó el presidente, lo que se busca es dar tranquilidad a los asegurados sobre esta inversión.
“Sobre todo es para dar transparencia a la gestión, no hay nada que esconder, pero tenemos que hacer, de lo contrario estaremos rayando la lesión de confianza. Si ese dinero que tenemos a la vista nosotros no procedemos a invertir de alguna forma, estamos imcumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica porque estamos al tope con las colocaciones a plazo fijo, buscamos otra alternativa financiera y en este momento es el tema bonos”, explicó Brítez.
En contacto con “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el titular de la previsional indicó que vía nota se requirió a la entidad contralora que realice la auditoría y posteriormente, tuvo una reunión con el contralor Camilo Benítez, a quien solicitaron que verifique el movimiento financiero de los últimos años, incluyendo los realizados en esta administración.
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“Tuvimos una conversación solicitándole que haga insistencia sobre el tema bonos, que es lo que estaba llevando la atención todo este tiempo. El contralor y me dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para aclarar esta situación y que si hay algo irregular tanto en la anterior administración como en la nuestra, ahí va a saltar”, expuso el médico.
Brítez aseguró que se dijeron muchas cosas que no son ciertas alrededor de esta operación y que el Consejo de Administración realizó el análisis correspondiente sobre la viabilidad de esta compra y de invertir en bancos, para lo cual se presentaron dos entidades, Itaú y ueno bank, las que presentaron sus propuestas a la institución.
“Hoy en el Consejo vamos a tratar dos o tres ofertas más que tenemos de otros bancos y también estamos viendo para invertir en otros instrumentos financieros porque la ley nos obliga a eso”, añadió. Por otro lado, manifestó que el IPS está abocado a obtener los recursos financieros necesarios para la conclusión de la obra del hospital hemato-oncológico, una obra de gran envergadura que representará una solución no solo para los asegurados.
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Aseguran que los cañicultores no solicitan subsidios al Estado, sino políticas públicas
“Este proyecto de ley sobre fomento a los combustibles tendrá un impacto social demasiado importante en el interior del Paraguay”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien urgió a la Cámara de Senadores el tratamiento de urgencia del veto parcial del Ejecutivo a las modificaciones introducidas a la normativa con la finalidad de desactivar las movilizaciones de cañicultores en distintos puntos del país.
“Ellos no están pidiendo subsidio del Estado, solo están pidiendo al Estado políticas públicas para que puedan desarrollar su trabajo y que su materia prima no se pudra en el campo, que es lo que está sucediendo hoy”, comentó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Desde este jueves, el sector de los cañicultores iniciará los cierres intermitentes de ruta en al menos 3 departamentos del país, Guairá, Paraguarí y Caaguazú, para exigir que se mantengan las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas, así como la obligación de que el Estado aumente su flota de vehículos flex.
“El impacto que tiene este proyecto de ley es muy importante. Acá estamos hablando de miles de familias, de industriales quienes dependen que esto salga o no para continuar con sus inversiones. Hay intereses muy importantes en juego”, comentó.
Asimismo, manifestó que le resultó sorpresivo el veto presidencial a la iniciativa, teniendo en cuenta que la misma fue impulsada de manera consensuada, principalmente entre representantes del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del Partido Colorado.
“Quiero recordarles a los presidentes de entes, quienes estuvieron en esa reunión, que el Partido Colorado es agrarista por doctrina, que representa a las clases populares y no es un partido que representa a las oligarquías económicas. Tienen que fijarse en lo que representa este proyecto de ley para el campesinado y tienen que defender los intereses populares. Eso nosotros haremos desde el Congreso Nacional. No daremos la espalda al sector popular, al campesinado”, refirió.
El legislador se refirió al titular de Petropar, Eddie Jara Rojas, y al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez. “Ellos estuvieron estuvieron en la redacción del texto que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional y luego aconsejaron otra cosa al presidente, qué pasó por el camino. Sería demasiado importante que puedan dar la cara porque están generando una crisis”, indicó.
Aguilera rechazó también las publicaciones de algunos medios de comunicación quienes en sus páginas titulan que “grandes cañicultores presionan contra el veto parcial”. “Este es el lobby que están haciendo los grandes oligarcas económicos ¿Quiénes son los grandes cañicultores? Yo invito a todos los medios que quieran venir al Guairá para presentarles a los grandes cañicultores como dicen, para que puedan ver cómo estas personas trabajan en familia, cómo pelan la caña de azúcar con 40 grados de calor, cómo practican la supervivencia y cómo están desprotegidos”, lamentó.
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Déficit en el IPS: “Se debe entender la situación en que agarró el presidente”, afirmó senador
El senador liberal Líder Amarilla detalló los puntos tratados en la reunión entre legisladores y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. Manifestó que la situación económica en la que se encuentra la entidad fue el foco central de las conversaciones mantenidas.
“Quisimos interiorizarnos de todos los temas, sobre todo de las cuestiones presupuestarias que hoy en día están tratando. Se debe entender la situación en la cual agarró el presidente la entidad, en lo referente a las deudas y los problemas financieros y administrativos”, señaló a la 1020 AM.
Con respecto a las inversiones realizadas en el mercado financiero, el congresista expresó que las autoridades de la previsional se refieren a una atomización de todo el dinero con el que se cuenta, cercano a los USD 2.400 millones. Esto está distribuido en 15 entidades financieras.
“El impacto que tiene el último contrato con ueno bank creo que es alrededor del 7 % del 100 %. Si hablamos de atomización de riesgos, la distribución de toda la plata en diferentes entidades, creo que es razonable bajo el punto de vista de distribución de los fondos del IPS, de forma global”, afirmó.
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Sobre el déficit
Con respecto a los ingresos y egresos del IPS, Amarilla explicó que en la reunión desarrollada con los funcionarios de la institución se dio a conocer que solo hasta el 2020 se contó con un superávit en la previsional. Es decir, se pagaban las cuentas, pero sobraba cierto monto que podía ahorrarse mensualmente.
“Luego se empezó a utilizar la renta de las reservas porque cayó la recaudación, la cual aparentemente ahora está aumentando de a poco, para equilibrar las finanzas”, indicó el senador. Desde el 2020 que el IPS sufre un déficit en el Fondo de Jubilaciones, el cual ronda los USD 3 millones.
En la previsional aclararon que las reservas de la institución permanecen intactas, ya que solo se utilizan los intereses para completar los gastos para el pago de las jubilaciones. Con ello, se evita incurrir en un mal uso de los bienes de la institución.
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