Las críticas al proyecto de modificación de la Ley de Emergencia Sanitaria no paran desde el Congreso Nacional y varias son las interpretaciones de quienes deben analizarlo en plenaria. El senador liberal y exministro de Educación, Víctor Ríos advirtió que apelar a la fuerza puede ocasionar una explosión social.
“Desde el momento que perdiste toda autoridad y después querés entrar a la fuerza va a ser peor, va a ocasionar una explosión. Estos temas no se solucionan con la criminalización de las conductas de las personas”, sostuvo el parlamentario en contacto telefónico con la 780AM.
Así también, a criterio del legislador del PLRA, “el Gobierno ha perdido totalmente legitimidad y autoridad moral para hacer cumplir las restricciones”.
Ríos sostuvo que en lugar de impulsar este tipo de propuestas, el Gobierno se hubiera ocupado de apurar la llegada de biológicos para inmunizar a la población vulnerable. “Acá lo que tenemos que lograr de alguna manera es que lleguen las vacunas y se vacune a la mayor cantidad de personas”, indicó. Aclaró que está de acuerdo con la aplicación de medidas de protección para evitar contagios. Sin embargo, dijo que esas disposiciones sanitarias no pasan por la aprobación de leyes penales.
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Con respecto a la penalización prevista en el proyecto de ley para el hurto de vacunas, Ríos consideró redundante el tema, puesto que ya está tipificado en el Código Penal, la Ley N° 836/1980.
Explicó que el punto más sensible del planteamiento radica en lo relacionado con la actuación de la Policía Nacional, al mencionar que la gente no respeta la prohibición de aglomeraciones, pero con la intervención se abre la figura de la resistencia. “Esto no pasa por la criminalización porque van a quedar como responsables del descalabro un funcionario menor o la ciudadanía”, finalizó.
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De acuerdo con el proyecto, la intención del Gobierno es emitir una nueva ley que lleve a rangos de punición a aquellos que cometan faltas en tiempo pandémico. Las figuras incorporadas corresponden a la inmunización irregular de vacunas, es decir, la aplicación de dosis contra el COVID-19 a una persona que no corresponde conforme al Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud. La segunda figura del tipo penal es el hurto de vacunas e insumos requeridos por la pandemia.
Serán aplicables a los funcionarios públicos responsables, quienes se enfrentarían a una pena de 2 a 10 años para los casos de hurto, y de hasta 5 años para los casos de inmunización irregular.