Continúan los cuestionamientos hacia el nuevo proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria presentado por el Poder Ejecutivo, en el cual se endurecen los controles de circulación, por un lado, y por el otro la penalización a funcionarios que incurran en irregularidades con la aplicación de las vacunas contra el COVID-19.

En este sentido, la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, advirtió sobre la inaplicabilidad de esta normativa con relación a las sanciones administrativas y penales establecidas en la misma.

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“La ley de emergencia sanitaria tiene serios problemas de aplicabilidad en cuanto a la parte de sanciones administrativas e innecesariedad de sanciones penales”, sostuvo la parlamentaria a través de sus redes sociales.

El proyecto presentado por el Ejecutivo establece procedimientos de control de las medidas sanitarias, que estará a cargo del Ministerio de Salud, y comprende el incumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Este tipo de sanciones serán de carácter administrativo y cuentan con multas de 2 a 300 jornales mínimos, dependiendo de la gravedad del hecho y su reincidencia.

Las nuevas figuras introducidas en este proyecto corresponden a la aplicación irregular de dosis contra el COVID-19 a las personas que no se ajustan a los requisitos y lo establecido por el Plan Nacional de Vacunación. La segunda figura del tipo penal es el hurto de vacunas e insumos requeridos por la pandemia.

Ambas figuras se aplican a los funcionarios públicos responsables, quienes se enfrentan a una pena de 2 a 10 años para los casos de hurto y de hasta 5 años para los casos de inmunización irregular. El proyecto ya tiene entrada en la Cámara de Senadores, y el próximo lunes 10 de mayo será discutido entre la mesa directiva y líderes de bancada, con la presencia de los ministros del Gabinete.

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