En su segundo día de huelga de hambre, el expresidente boliviano Evo Morales lamentó que el gobierno haya desestimado su propuesta de diálogo para poner fin a casi un mes de protestas, que desembocaron el viernes en la toma de 200 militares como rehenes cuyo estado se desconoce.

“(Pedí) diálogo inmediato y que se instalen dos mesas de diálogo (...). Y la respuesta del gobierno más bien ha sido detener” a más de 50 manifestantes, dijo Morales este domingo en una breve entrevista con la AFP. Sus partidarios empezaron el 14 de octubre a bloquear las principales carreteras del país exigiendo el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario, que es investigado por el presunto abuso de una menor.

El viernes, la policía consiguió desactivar un bloqueo en Parotani, un sector clave en la vía que une Cochabamba con La Paz, en una jornada que se saldó con 19 policías heridos y 66 civiles detenidos. Al menos 55 arrestados fueron llevados a La Paz para ser investigados por terrorismo, alzamiento armado, tráfico de armas, entre otros presuntos delitos.

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Pero la tensión escaló cuando 200 militares fueron “tomados como rehenes” en tres cuarteles por partidarios de Morales en Cochabamba, su bastión político, según un comunicado de la cancillería boliviana. La noche de este domingo, el Ministerio de Defensa condenó “enérgicamente la toma armada y violenta de unidades militares”, sin especificar el estado de los efectivos.

Los partidarios de Morales ahora también reclaman soluciones a la crisis económica y la renuncia del presidente Luis Arce, antiguo aliado y exministro de Morales. “Esta gente reacciona. (Habrá) más reacción. Es una total persecución”, advirtió Morales en la entrevista.

El exmandatario, de 65 años, dijo que inició el viernes su huelga de hambre para pedir al gobierno “que paren la represión” y que sus partidarios den una tregua en los bloqueos de caminos. Cuando anunció su ayuno, el líder aimara planteó una mesa de diálogo para discutir “el tema económico” y otra para “el tema político”, con la participación de organismos de “países amigos”.

En la primera, espera que se debatan propuestas para solucionar la crisis derivada de la falta de dólares. En la segunda, propone tratar la situación de “dirigentes injustamente detenidos, encarcelados” en el marco de las manifestaciones.

María Nela Prada, ministra de la Presidencia, respondió públicamente el sábado a una convocatoria para un diálogo hecha por la estatal Defensoría del Pueblo. Afirmó que el gobierno acepta conversar, pero “para abordar temas que atañen al órgano Ejecutivo y no a otros órganos del estado”.

Prada agregó que, en otros llamados para dialogar, Morales ha condicionado resolver el tema de su candidatura para las elecciones de 2025. El líder cocalero está enfrentado con su exministro Arce por la candidatura presidencial de la izquierda oficialista para las elecciones de 2025.

Asegura que la investigación que el Ministerio Público le sigue por “estupro, trata y tráfico de personas” es “otra mentira más” y que el gobierno busca “proscribirlo” como candidato a través de la apertura de expedientes penales.

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Hace una semana incluso acusó a la administración de Arce de planificar un supuesto atentado contra su vida cuando se dirigía a su programa semanal de radio. El mismo día en que anunció su huelga de hambre, Arce aseguró que continuaría trabajando “hasta liberar (Cochabamba) del secuestro al que está sometido”.

En 21 días, los bloqueos ya han generado pérdidas por 2.109 millones de dólares en distintos sectores, según cifras el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ponciano Santos, uno de los principales organizadores de la protesta, advirtió el sábado que no se daría ninguna tregua. “Nos han declarado la guerra, por aire y por tierra”, señaló.

Fuente: AFP

Con el objetivo de abordar los derechos y desafíos de los pueblos indígenas en Paraguay, el Comité Impulsor de Apoyo a Pueblos Indígenas de la Fundación Paz Global Paraguay – Área Mujer, organizó el Foro Nacional “Hacia un desarrollo inclusivo de los Pueblos Indígenas”, que tuvo lugar en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, el pasado viernes.

Se reunieron líderes indígenas, funcionarios gubernamentales y representantes de diversas organizaciones para conversar respecto a temas fundamentales en el avance hacia políticas públicas que beneficien a las diferentes comunidades indígenas de todo el territorio nacional.

El foro se estructuró en tres paneles de discusión, en el primero se abordó las políticas públicas y acciones gubernamentales necesarias para el bienestar indígena, como segundo punto se exploró la rica cosmovisión de los pueblos indígenas, y en tercera instancia se evaluó el impacto de las políticas actuales en sus comunidades.

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“Es hora de que los pueblos indígenas no solo sean escuchados, sino que sean protagonistas en la construcción de políticas que reflejen sus necesidades y aspiraciones”, indicó María Ester Jiménez, presidenta de la Fundación Paz Global – Área Mujer y viceministra de Protección y Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social al iniciar el encuentro.

Por su parte, Marlene Ocampos, directora del Área Social Chaco, en representación de la presidenta de la Fundación Paz Global Mujer, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para que la inclusión social no solo sea un deseo, sino que una realidad en nuestro país.

En otro momento señaló que es clave generar más espacios en los que la conversación se pueda centrar en los pueblos indígenas y las herramientas que los mismos necesitan en diferentes ámbitos, “nuestra misión es construir un puente de diálogo que asegure el respeto y la promoción de la cultura y derechos de los pueblos indígenas”, expresó.

En la misma tesitura, todos los demás participantes estuvieron de acuerdo en que el foro no solo sirvió como espacio de diálogo, sino también como inspiración para avanzar hacia un futuro más equitativo e inclusivo, renovando la esperanza de que estas discusiones se traduzcan en acciones concretas.

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El abogado y analista económico Víctor Pavón, en su espa­cio habitual en el programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media habló sobre el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El analista sostuvo que es de suma importancia sancio­nar esta normativa lo más pronto posible, ya que aún debe pasar por la Cámara de Diputados.

“El Registro Unificado Nacional es una mues­tra histórica de una movida reformista que se lleva a cabo durante este gobierno, justamente con el Poder Judicial, y ojalá lo apruebe cuanto antes el Congreso, porque va a emitir una señal toda­vía mucho más cierta de cómo tenemos que traba­jar para hacer del Paraguay un país cada vez más desa­rrollado”, expresó.

Pavón destacó que se trata de un proyecto que se trabajó conjuntamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aten­diendo a que existen pro­blemas graves que tienen que ser solucionados, con relación al catastro, agri­mensura, registros públi­cos y una superposición de títulos de propiedad, que cuenta con un alto grado de tramitología que lleva finalmente a la cultura del trámite y la coima.

“Fue presentado en su momento por el Poder Eje­cutivo con un trabajo muy interesante con el Poder Judicial, lo cual habla muy bien del esquema colabo­rativo que se da dentro de estos dos poderes del Estado. Presentan un pro­yecto de ley al Congreso, y le dicen en este caso a los congresistas tenemos que llevar a cabo esto porque lo problemas que estamos teniendo son tan graves que deben ser soluciona­dos”, señaló.

El abogado y analista económico, Víctor Pavón, en su espacio habitual en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media habló sobre el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El analista sostuvo que es de suma importancia sancionar esta normativa lo más pronto posible, ya que aún debe pasar por la Cámara de Diputados.

“El Registro Unificado Nacional es una muestra histórica de una movida reformista que se lleva a cabo durante este Gobierno, justamente con el Poder Judicial, y ojalá lo apruebe cuanto antes el Congreso, porque va emitir una señal todavía mucho más cierta de cómo tenemos que trabajar para hacer del Paraguay un país cada vez más desarrollado”, expresó.

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Pavón destacó que se trata de un proyecto que se trabajó conjuntamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, atendiendo a que existen problemas graves que tienen que ser solucionados, con relación al catastro, agrimensura, registros públicos y una superposición de títulos de propiedad, que cuenta con un alto grado de tramitología que lleva finalmente a la cultura del trámite y la coima.

“Fue presentado en su momento por el Poder Ejecutivo con un trabajo muy interesante con el Poder Judicial, lo cual habla muy bien del esquema colaborativo que se da dentro de estos dos poderes del Estado. Presentan un proyecto de ley al Congreso, y le dicen en este caso a los congresistas tenemos que llevar a cabo esto porque lo problemas que estamos teniendo son tan graves que deben ser solucionados”, señaló.

Agregó que, si se quiere atraer más inversión y otorgar seguridad jurídica, se debe “destrabar esta cuestión”, por lo que el proyecto de ley con media sanción del Senado debe tener su trámite sin mayores dilaciones en Diputados para su aprobación.

“Lo que se pretende es precisamente unificar tres órganos estatales relacionados específicamente a la seguridad jurídica al sector inmobiliario y lo que se busca es precisamente crear un mejor ambiente de negocios para que de esa manera las empresas puedan propiciar las inversiones, y crear puestos de trabajo. No hay excusas para que este proyecto no sea aprobado”, sentenció.

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