La Cámara de Senadores aprobó sin modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos n.° 1, 2 y 3 de la ley n.° 7.447/2025 que establece el régimen tributario para las municipalidades. El texto contempla que el impuesto de las patentes vehiculares será del 0.3 % sobre el valor imponible del vehículo, y se reducirá el 5 % en forma anual decreciente hasta los 10 años.

La Comisión de Legislación recomendó su aprobación sin modificaciones, dado que el mismo tiene “el objeto de subsanar los inconvenientes que ha generado con respecto al método del cálculo establecido para fijar los precios de la habilitación vehicular”, según explicó ante el pleno el senador Derlis Maidana.

Asimismo, el legislador manifestó que ante la falta de dictamen por parte de la Comisión de Hacienda, la comisión liderada por él resolvió solicitar la aprobación sin modificaciones y de esta forma, por mayoría, quedó sancionado el proyecto que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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El proyecto sancionado, además de establecer la base imponible, contempla la reducción anual del 5 % del impuesto durante los primeros 10 años de antigüedad del rodado y una vez transcurrido ese tiempo, el valor permanecerá invariable de acuerdo al valor fijado en el décimo año. También con esta ley, se crea el Registro Único de Rodados (Ruhr).

Esta institución será administrada por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv), entidad que tendrá la responsabilidad de emitir de forma anual el listado oficial de los valores imponibles de lo vehículos. Con estas modificaciones, se corrige la ley que entró en vigencia el pasado 6 de enero, la cual generó disconformidad debido a que el precio de las patentes se disparó en algunos municipios y en esta oportunidad, la nueva fórmula también regirá en Asunción.

El proyecto sancionado tiene como Cámara de origen a Diputados y el mismo fue consensuado con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), institución a través de la cual los intendentes canalizaron su disconformidad con la ley y propusieron esta nueva fórmula a la cual consideraron como más justa, puesto que equiparaba los montos entre municipalidades, evitando así la fuga de contribuyentes para este impuesto.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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La Cámara de Diputados tiene previsto analizar como primeros puntos del orden del día en su próxima sesión ordinaria, dos proyectos de ley que plantean la exoneración de pagos de las tasas de peajes en todo el país, por un lado y por otro, la exoneración de la misma tasa en los peajes del departamento de Itapúa.

Durante la última reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, establecieron el orden del día para la plenaria ordinaria del próximo martes 1 de abril. Como primer punto incluyeron el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes en todo el país”.

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Esta propuesta busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga una herramienta legal a la hora de exonerar el pago de la tasa de peaje a los ciudadanos. El documento expone que la iniciativa surge en respuesta a las constantes manifestaciones de pobladores de diversos distritos, que se oponen al pago de la tasa de peaje y solicitan su exoneración en los puestos habilitados dentro de sus municipios.

El proyecto establece, además la exoneración total del pago del peaje a los habitantes de los distritos donde se encuentran los puestos de cobro. “Este beneficio aplicaría para un máximo de dos veces al día (ida y vuelta) y solo en los peajes ubicados dentro del municipio de residencia del beneficiario. Además, se propone una reducción del 50% en la tarifa para los residentes de distritos aledaños dentro del mismo departamento”, explica el documento.

Asimismo, la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional contempla la exoneración total del pago de peajes para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, con el fin de garantizar la operatividad de estos servicios esenciales sin costos adicionales.

Por otra parte, se incluyó además una segunda propuesta similar, pero en este caso, se solicita la exoneración del pago de peaje dentro del Departamento de Itapúa. Plantea la exoneración de las tasas al tránsito automotor en la estación ‘Portal de Itapúa’, ubicada en el kilómetro 281 de la Ruta PY01, distrito de General Delgado del Departamento de Itapúa, a los vehículos de ciudadanos de la comunidad de San Ramón del distrito de Santiago (Misiones) y Gral. Delgado (Itapúa)”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.

Añade que la iniciativa surge en respuesta al Decreto Nº 3.420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.

“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.

El proyecto de ley, que también se encuentra en su primer trámite constitucional, establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.

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La Cámara de Senadores presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los tres camaristas que levantaron la orden de captura del abogado de una estación de servicios, Walter Acosta, quien había abofeteado a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Una vez aprobada la propuesta presentada por la senadora Lilian Samaniego, este pedido se derivó a la asesoría jurídica de la Cámara Alta para que inicie los trámites. Los tres magistrados de la Cámara de Apelación de Alto Paraná que serán denunciados son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes dispusieron la revocación de la medida judicial.

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El hecho en cuestión ocurrió la semana pasada en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, y la víctima es Lourdes Sosa Cuevas, cuando llegó hasta la estación de servicios a cumplir un procedimiento de control rutinario.

“Es inamisible e inaceptable lo que hicieron estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que han revocado la orden de detención preventiva contra el agresor Walter Acosta. Por ello, solicito al plenario, que nos convirtamos en denunciantes, contra estos tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en base al artículo 18, que da la potestad a la Cámara de Senadores”, expresó la senadora.

Agregó que este hecho no puede quedar como una indignación más solamente. “Tenemos que accionar, no esperemos que haya más muertes o víctimas de violencia contra las mujeres, y que no pase nada. Tiene que haber una sanción en la instancia del JEM”, acotó.

Finalmente, luego de que se puso a consideración del pleno, terminó acompañando la propuesta por unanimidad de los presentes.

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