El abogado constitucionalista Jorge Vasconsellos explicó este miércoles que el proyecto de ley que contempla sanciones por vacunaciones vip y violaciones a disposiciones sanitarias solo deja en evidencia la actuación autoritaria del Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia con las disposiciones establecidas.
“Lo más importante para mí es que el proyecto constituye la confesión del Poder Ejecutivo de que durante un año ha estado actuando de manera autoritaria, sin soporte legal alguno y sin amparo de la Constitución Nacional. No solamente se determinan sanciones que ya están previstas en el Código Penal, sino que excluyen a aquel que se beneficia con el ilícito”, dijo el constitucionalista en comunicación con Universo 970 AM.
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Sostuvo que el proyecto busca castigar al funcionario por administrar indebidamente y aplicar la vacuna a personas que no están contempladas dentro del plan de inmunización del Ministerio de Salud Pública, pero no se sanciona a los que se valen de sus cargos o mediante un tráfico de influencias acceden a los biológicos contra el COVID-19.
Vasconsellos indicó que la aplicación de las dosis a las personas que no reúnen las condiciones es atentar contra los sectores más vulnerables, desde el punto de vista sanitario, hecho que debe ser castigado. El profesional del derecho expresó que puede darse la privación de libertad como una solución a todos los problemas sociales del país, pero sí debe haber sanción para evitar que más personas accedan de forma irregular a los biológicos.
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“Es la búsqueda de lavarse la cara del Poder Ejecutivo, que vino aplicando estas medidas desde marzo del año pasado sin ningún tipo de soporte jurídico. A partir de este proyecto de ley pretenden legalizar las medidas sanitarias dictadas al margen de las disposiciones de la Constitución Nacional. Este es el reconocimiento de que se actuó de manera autoritaria y sin fundamento. Es una justificación para pensar en la sustitución del presidente de la República por la vía del juicio político”, agregó.
El Poder Ejecutivo dio a conocer el proyecto de ley para que las medidas sanitarias y las restricciones se vuelvan una ley temporal y no haya más decretos presidenciales. Propone también penas carcelarias para las personas vacunadas de manera irregular contra el COVID-19.
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Sobre las infracciones de las medidas sanitarias, se establece pena privativa de libertad en los casos graves como fiestas clandestinas, entre otros casos. En el caso de multa, se pone como tope 300 jornales mínimos a los infractores de las medidas sanitarias. La propuesta debe ser debatida en el Congreso y aprobada por las dos cámaras para su posterior promulgación y puesta en vigencia.