El senador Rodolfo Friedmann también se refirió al caso de la vacunación vip de su colega Mirta Gusinky; coincidentemente ambos asumieron una banca en la Cámara de Senadores sin ser proclamados para el cargo.
El exgobernador del Guairá dijo que “moralmente” Gusinky debe tomar la decisión de renunciar al cargo de senadora por el escándalo de haberse vacunado contra el COVID-19 de manera, aparentemente, irregular.
“Vamos a lo moral, yo le pediría su renuncia, en lo moral. Eso significa que lo moral deba estar ajustado al 201 (pérdida de investidura) porque en muchos casos no es así, no digo que en este caso sea o no sea, pero en muchos casos no es así”, dijo el parlamentario para la 1000 AM.
Con relación al planteamiento de la pérdida de investidura de la senadora Gusinky refirió que particularmente no está de acuerdo “sacarla por un error”, aunque admitió que se debe tratar el tema en el menor plazo posible en la Cámara Alta.
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Vacunación del padre
“Yo sé que es difícil tomar una decisión con la razón justa cuando se toca un tema social tan sensible, pero hay que resolver lo antes posible. Yo no comparto sacar a un senador así rápidamente porque comete un error”, sentenció.
Por otra parte, se refirió a la también vacunación vip de su padre, Rodolfo Friedmann Cresta, y refirió que no tuvo participación o “influencia” alguna con esta situación. “Todos saben que yo no tengo una relación fluida con mi padre hace mucho tiempo. En ese sentido estoy bastante tranquilo, absolutamente no tengo ningún tipo de responsabilidad y no conozco el caso a profundidad”, puntualizó.
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“El PLRA se cae a pedazos”: disidentes toman el control y exigen la renuncia de Hugo Fleitas
Los distintos movimientos disidentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tomaron el control del directorio y lograron mediante una sesión extraordinaria liderada por el vicepresidente segundo, Eduardo Vera Bejarano, convalidar el desdoblamiento de las elecciones internas de las votaciones municipales previstas para el 2026.
De esta forma, se prevé que los comicios internos del PLRA sean realizados el 17 de agosto de 2025. Asimismo, ratificaron otro de los puntos resueltos en la última convención del pasado 6 de octubre consistente en que el titular de la agrupación tradicional que lance su candidatura para el cargo de la presidencia o vicepresidencia de la República, deberá renunciar al cargo 6 meses antes de las elecciones internas del partido.
“Un año ha pasado y no tenemos resultados dentro del directorio (asunción de Fleitas a la presidencia), ya no hay excusas. Hoy cada día estamos peor, el PLRA se está cayendo a pedazos, tenemos que recuperar la institucionalidad del partido. No vamos a fortalecer a nuestro partido escondiéndonos y haciendo oídos sordos, 400 convencionales estuvieron presentes en el último encuentro, no se puede desconocer que son ellos las máximas autoridades partidarias”, manifestó el gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia.
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De esta manera refirió que el exgobernador de Cordillera perdió la confianza de la mayoría de los liberales tras ser incapaz de impulsar un trabajo de unidad y fortalecimiento en el partido. Mientras que la senadora Celeste Amarilla exigió la renuncia de Fleitas y la vicepresidente primero, Alba Talavera. “A mayor crisis, mayor democracia, a mayor crisis, mayor unidad. Yo quiero hacer un llamado a ambos que renuncien. No nos tiene que marear los carguitos, hoy ser presidente del PLRA es un carguito porque es un partido en crisis, quebrado sin la menor esperanzas”, sostuvo.
Otros puntos aprobados
Durante la sesión autoconvocada los disidentes tomaron la decisión de intervenir el Instituto José P. Guggiari, ante el despilfarro de recursos económicos del PLRA, designando como interventoras a la exsenadora Blanca Lila Mignarro, a la abogada llanista Basilisa Vázquez y a Agustín Saguier, hijo del exsenador Miguel Abdón Saguier. También decidieron reemplazar a los apoderados partidarios, nominando a Cristian González, Cirilo Pereira y Agustín Saguier.
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Tras ataque contra Evo, sus partidarios piden renuncia de Arce con bloqueos
Bajo la luz de un semáforo, unos árboles recién cortados por campesinos bloquean el acceso vehicular a Sipe Sipe, en Cochabamba, una de las localidades donde arde la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales contra el gobierno de Bolivia. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.
Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Entre piedras, palos, llantas y desechos, campesinos arman un corro para expresarse. Han ampliado su repertorio de reclamos y ahora también apuntan contra la gestión económica de Arce, que se disputa con Morales la candidatura presidencial del oficialismo para el 2025.
La mayoría habla quechua. Sospechan de la prensa y casi todos evitan dar su nombre. La policía no está en el lugar. “Estamos saliendo (a protestar) porque el arroz y el fideo está muy caro. En el campo somos familias numerosas. Nuestros productos ya no valen nada”, dice en quechua una agricultora de pollera roja.
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Los cortes de vías incomunican al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política. “Este bloqueo de caminos nacional no lo levantamos. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”, advierte Loayza. La tensión escaló el domingo, cuando Morales -que califica la denuncia por “estupro, trata y tráfico de personas” como “otra mentira más” - denunció un atentado con 14 disparos a su vehículo por parte de un grupo “militar y policial”.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, desmintió la versión del expresidente. “Podemos defender también a nuestro hermano del campo. ¿Ayer (domingo) cómo han atentado? No vamos a permitir esas situaciones en Cochabamba. Vamos a masificar” los bloqueos a nivel nacional, agrega Loayza.
A 15 kilómetros de Sipe Sipe está Parotani, el punto donde el viernes se desataron los enfrentamientos más intensos entre civiles y policías desde el inicio de la protesta. El saldo fue de 44 detenidos y 14 agentes heridos, uno de ellos de gravedad, según información del Ministerio de Gobierno.
“Queremos que bajen los precios de la canasta familiar (...), que el presidente Arce dé un paso al costado y que entre otro. Nada más”, dice la campesina de pollera roja. Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23 ayer lunes, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras.
“De peor en peor”
De mano en mano, una fila de manifestantes se pasa piedras pesadas desde el cauce seco del río Khora, a 10 minutos de Sipe Sipe, para fortalecer el bloqueo sobre el puente de la zona. Se han congregado sobre todo campesinos y transportistas para protestar. En un cartel en la ribera aparece la cara de Arce, que ha sido borroneada con pintura negra.
“Bloqueamos por lo que necesitamos: canasta familiar, combustible, dólares. No hay movimiento económico”, dice Grover Torrico. Este conductor de carga de unos 30 años se sumó a la toma del puente para protestar por la escasez de combustible. “No hay diésel. ¿Con qué voy a viajar?”, agrega.
Bolivia registró en setiembre una inflación de 6,2 % interanual, su cifra más alta desde julio de 2014. Los bloqueos han acentuado aún más el desabastecimiento de combustible. Bolivia redujo la importación del diésel y la gasolina que distribuye a precio subsidiado, a raíz de una caída de sus reservas de divisas. “El país está yendo de peor en peor. Y un gobierno tiene que estar para priorizar, para solucionar. No tiene que esperar a que la gente salga a bloquear las calles”, concluye el transportista.
Fuente: AFP.
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Senado aprobó proyecto de Régimen de Integridad Nacional y pasa a Diputados
La Cámara de Senadores otorgó la media sanción al proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”. De este modo, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados para su estudio correspondiente.
El documento fue aprobado primeramente en general, para posteriormente ser tratado en particular con las modificaciones planteadas. Se llegó a un acuerdo, tras establecer un texto consensuado entre las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Hacienda.
“Este proyecto tiene por objeto establecer las bases del régimen de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, aplicable a las funciones y actos de las autoridades, así como de los funcionarios del país; esto con el fin de fomentar la correcta gestión de los asuntos públicos”, había expresado el senador Javier Zacarías sobre el plan.
El órgano encargado de las labores será la Contraloría General de la República (CGR); se conformará el Consejo Nacional Anticorrupción. En cuanto a que los dictámenes no sean vinculantes, se ratificó esa postura, siendo una de las modificaciones al tener en cuenta las preocupaciones de algunos legisladores.
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Más sobre el proyecto
Al inicio del estudio del proyecto, el senador Natalicio Chase había solicitado a sus colegas que el pleno se constituya en comisión para el tratamiento del punto, esto al carecer de dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. De este modo también se buscó aplicar consensos.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, se había referido sobre el mencionado proyecto, señalando que la propuesta busca que la lucha contra la corrupción no se limite a la represión, abarcando también la prevención.
La Contraloría aspira a tener estándares nacionales en materia de integridad y transparencia, y la obligación de atender todas las denuncias ciudadanas. El contralor, junto con dos de sus asesores jurídicos, acompañó constantemente el proyecto, atendiendo el nivel de preponderancia de la iniciativa.
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Caso Ande: Diputados aceptó renuncia de funcionaria acusada por estafa
En la mañana de este viernes, a través de su abogado, Anadelia Acosta, imputada por los presuntos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, renunció a la Cámara de Diputados. La mujer es acusada como una de las principales responsables en el cobro ilegal de G. 725 millones que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) destinó a dos familias humildes, en concepto de indemnizaciones.
El escrito de “desistimiento voluntario” fue presentado por el letrado Marcial Ayala a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja, encabezada por Máximo Rodríguez. “La renuncia de la funcionaria son por cuestiones personales y a fin de someterse al proceso penal. De hecho, ella siempre estuvo y está a disposición de la justicia desde el primer momento, aguardamos la notificación para la audiencia de imposición de medidas a los efectos de que prosiga la causa penal”, manifestó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, manifestó que su clienta continua bajo reposo médico en el departamento de Caaguazú, razón por la cual no se apersonó hasta la sede legislativa. “Ella emotivamente está muy mal. Para mí fue un paso muy importante que por lo menos se busque el arreglo de la reconciliación con familiares de las víctimas”, sostuvo.
Inmediatamente, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, comunicó en sus redes sociales oficiales que procedió a firmar la petición de renuncia de Acosta. Igualmente, en la resolución n° 2184 refiere que se declara vacante la categoría salarial D36-técnico I. “Anadelia Acosta ya no forma parte del plantel”, indicó el legislador.
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La renuncia de Acosta finalmente se concretó tras la intimación realizada por el presidente de Diputados, Raúl Latorre, a presentarse ante la Dirección de Recursos Humanos, tras abandonar por varios días su puesto laboral.
Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado por diferentes medios evitar presentarse a la sede legislativa. En principio, había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y, posteriormente, presentó un certificado médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.
Tras el escándalo desatado, Acosta llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados, pagándoles la suma de G. 300 millones a cada familia en reparación del daño. No obstante, de acuerdo a su abogado esto no significa que su clienta asuma la culpabilidad.
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