El contralor general de la República, Camilo Benítez, afirmó que desde el 2008 no se auditan los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá. Anunció que ya se están preparando los equipos auditores que desde el lunes 3 intentarán iniciar las fiscalizaciones de estas cuentas, toda vez que las puertas no les sean vedadas.
“En el 2008 se hizo una fiscalización especial inmediata sobre los gastos sociales de Yacyretá. Entiendo que fue en la época del doctor Octavio Airaldi, la última vez que se hizo una auditoría”, comentó en diálogo con la 780 AM.
Te puede interesar: Diputados adecuó su reglamento a nuevos tiempos, asegura Alliana
Adelantó que, eventualmente, en esta ocasión se realizará una auditoría financiera y de obras financiadas con los denominados gastos sociales, y que ya se ejecutaron, en Paraguay. “Lo que se quiere saber es el dinero que recibió el margen paraguayo, a qué fue destinado y cuánto sobra para poder invertir en salud”, puntualizó.
Sostuvo que por la situación histórica que vive el país, amerita la revisión y, además, teniendo en cuenta la ley recientemente promulgada por el Ejecutivo que autoriza redireccionar los fondos socioambientales para cubrir gastos de salud durante la pandemia. “Es nuestra obligación constitucional velar por el cuidado del manejo del patrimonio del Estado, sin duda que lo vamos a hacer. La coyuntura histórica que estamos viviendo hace que tengamos la obligación de estar a la altura de las circunstancias. Y la Contraloría no va a estar ajena a ese reclamo”, arguyó.
Auditores se alistan
Benítez aseguró que ya se están preparando las resoluciones correspondientes para conformar los equipos auditores y que serían oficializadas este viernes, a fin arrancar la auditoría la próxima semana. “El lunes podríamos iniciar. Nosotros vamos a intentar, vamos a firmar la resolución y vamos a ver la apertura que tienen las binacionales”, acotó al recordar que existe un eterno cuestionamiento a cerca de la competencia de la Contraloría para fiscalizar los gastos de las binacionales.
De acuerdo con estimaciones de los congresistas, unos US$ 150 millones correspondientes a gastos socioambientales de las binacionales podrían ser reorientados a salud. La ley que autoriza el uso de esos recursos está siendo reglamentada por el Ministerio de Hacienda.