Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.

La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.

Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)

La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.

El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.

Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.

La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.

No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.

Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.

Este martes se dio inicio al cuarto Foro Latinoamericano de Infraestructura en el Puerto de Asunción, con la presencia de autoridades locales, entre ellas, el mandatario Santiago Peña, empresarios y diplomáticos. En el evento se oficializó la propuesta del sector privado para crear un Consejo de Política de Infraestructura, que será acompañado por el Poder Ejecutivo, así como se destacó el avance de las inversiones para impulsar la infraestructura en la región.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, anunció esta propuesta alegando que esta futura institución debe ganarse el respeto y la consideración de todos los sectores, empresarios, gremios, académicos, expresidentes y líderes de ministerios relacionados con la infraestructura, la planificación de políticas públicas y su financiación. “Se debe construir un consenso, basado en las principales necesidades del país”, dijo.

Sobre la profesionalización del sector, Sarubbi sostuvo que las empresas se están capacitando para todas las obras que el Estado está licitando. “Se nota cómo entre el sector público y el sector privado estamos alineados en un fin común que es el crecimiento del país. Creo que eso va a generar por sobre todo lo que más queremos todos, que es una mejora de la calidad de vida de toda la población. Tenemos empresas bien capacitadas con muchísimas inversiones hechas, gente que realmente tiene un valor agregado en su trabajo”, manifestó a La Nación/Nación Media.

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Por su parte, la ministra Claudia Centurión expresó ante las autoridades que Paraguay sigue enfocado en su visión de ser hub logístico a nivel regional a través del Corredor Bioceánico y los Corredores de Integración, además de la hidrovía, proyectos en plena ejecución por más de USD 500 millones. Resaltó que el Gobierno tiene un plan de infraestructura de más de USD 5.500 millones para 5 años y que, a la fecha, ya se han licitado USD 1.300 millones.

En ese marco, la ministra Centurión indicó a La Nación que para materializar más proyectos es que han trabajado en la propuesta que prevé actualizar la Ley 5102 de Alianza Público-Privada (APP). “Trabajamos en esto para que se nos de más espacio respecto al PIB (producto interno bruto), para sacar más proyectos en la modalidad APP, todavía no tenemos ningún proyecto desarrollado bajo esa modalidad, e hicimos una serie de aclaraciones para que se pueda dar”, explicó.

El presidente de la República, Santiago Peña, participó de la inauguración del foro y habló sobre las mejoras que experimentó Paraguay en los últimos años, pero que los desafíos para seguir creciendo son grandes, y que esto afecta a todos los sectores de la sociedad. “La falta de infraestructura afecta a miles de ciudadanos y eleva los costos logísticos, limitando nuestra competitividad en el mercado nacional. Necesitamos abordar las brechas existentes para satisfacer las necesidades de nuestra población en constante crecimiento y adaptarnos con agilidad a las nuevas calidades económicas y sociales”, apuntó.

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El sector del Movimiento al Socialismo (MAS), afín al expresidente de Bolivia Evo Morales, ratificó su candidatura para las elecciones de 2025, a pesar de no estar habilitado para ello de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y reclamó la liberación de los más de cien detenidos durante las últimas protestas.

Fue el propio Morales quien presentó ambas propuestas junto con la de pedir a su vez la renuncia de los magistrados que se “autoprorrogaron” en sus cargos tras cancelar las elecciones judiciales, en un acto celebrado este domingo en la localidad de Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba.

“Jurídicamente se ha demostrado que Evo está habilitado para las elecciones 2025 y ratificaron nuevamente que es el único candidato del MAS”, defendió el expresidente boliviano, dirigiéndose a sí mismo en tercera personas.

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Morales argumentó que las decisiones que han tomado los jueces “autoprorrogados” del sistema judicial boliviano, incluido el Tribunal Constitucional, no son legales y por tanto “sus actos son nulos de pleno derecho”.

Asimismo, acusó al Gobierno de utilizar la Justicia para desmotivar y fragmentar el voto del tradicional electorado del MAS. “Va a intentar sacar de esto algún candidato para dividirnos, mucho ojo y mucha reflexión”, alertó.

Por otro lado, Morales ha reclamado la liberación de los 104 detenidos durante las protestas y bloqueos que han mantenido paralizado una parte del país durante casi un mes. “Vamos a movilizarnos para liberar a nuestros hermanos”, dijo.

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Por último, el llamado Estado Mayor del Pueblo pidió al Gobierno acción frente a la crisis económica, así como el reconocimiento del congreso del MAS de octubre de 2023, en el que los afines a Morales expulsaron al presidente Luis Arce del partido hasta que el Tribunal Superior Electoral lo anuló.

Fuente: Europa Press

La dirigente Basilisa Vázquez indicó que el Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) ya ha completado el proceso jurídico por el cual se da validez a la convocatoria de la convención desarrollada el pasado 6 de octubre, por lo que se puede decir que la institución partidaria ha zanjado esta diferencia, pese a que algunos legisladores y referentes, recurrieron a la justicia para pedir la nulidad del acto.

“Estamos al tanto de la acción, podemos estar de acuerdo o no, pero lo importante es que la institución partidaria debe continuar. Tienen que prepararse para las elecciones del 17 de agosto, es la decisión de la mayoría, por más que ellos sean legisladores, tienen que respetar la decisión de más de 414 convencionales del partido de los 580 que tenemos”, aseveró Vázquez.

No obstante, indicó que se hablará con este sector disconforme de modo a tratar de llegar a un acuerdo y poder superar definitivamente esta etapa. La dirigente hizo referencia a la acción presentada por los senadores Ever Villalba, Líder Amarilla, el diputado Adrián Vaesken entre otros ante el Tribunal Electoral de la Capital, solicitando la nulidad del desdoblamiento de las internas liberales y las municipales.

Además, expuso que el mecanismo de presentación de la denuncia, carece de legitimación activa. “No puede cualquier afiliado oponerse a una decisión del partido porque sino sería una cuestión interminable, es inadmisible, no tiene legitimación, es un mismo escrito firmado por varias personas”, señaló ante la 1020 AM.

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Por otro lado, manifestó que continuarán las conversaciones al interior del partido de modo que los senadores Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Édgar López y Hermelinda Alvarenga, expulsados del PLRA, puedan ser reincorporados. Vázquez indicó que este paso es clave para dejar atrás las prácticas que se llevaban durante la presidencia de Efraín Alegre, donde eran apartados del partido aquellos que no compartían su línea de pensamiento.

“Debe existir la paz partidaria y creemos que ellos deben formar parte de la mesa de negociación, se tiene que rever, si recaemos en lo mismo, cuál es la diferencia que damos al pueblo liberal, si nosotros seguimos en la misma no hay cambio y creemos que los senadores, en una conversación con ellos, se puede llegar a un acuerdo”, sostuvo.

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