Empresas del Grupo Zuccolillo, propietario del diario Abc Color, recibieron millonarios contratos con instituciones públicas durante el gobierno amigo de Mario Abdo. Una de sus empresas facturó más de USD 15 millones durante el periodo presidencial pasado. La publicidad estatal también “mejoró” para el multimedio.

• Unidad de Investigación Nación Media

Más de G. 197.097 millones en con­tratos con el Estado recibió entre 2010 y 2024 la firma Mercurio SA, propiedad del Grupo AZ, consorcio que también es dueño del multimedio Abc Color (diario, radios y canal de televisión). El 60 % de ese valor se dio durante el gobierno amigo de Mario Abdo Benítez.

De acuerdo con datos que constan en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Mercurio SA es representada por Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo Pappa­lardo, actual directora del diario Abc Color.

Zaldívar es también pre­sidente de la entidad ban­caria del grupo, señalada por haber realizado nego­cios con dinero malhabido de la Confederación Suda­mericana de Fútbol (Con­mebol) o con fondos pro­venientes del narcotráfico.

Además, en su faceta de piloto de rally, utilizó varias veces la estancia del detenido supuesto narco­traficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico, para sus prácticas.

Según la propia web del Grupo Azeta, Mercurio fue fundada en 1997 y se dedica al rubro packaging, editorial e industria grá­fica comercial. La firma fue beneficiada varias veces con contratos para la impre­sión de libros del Ministe­rio de Educación y Cien­cias (MEC) y también para entregas de componentes del kit escolar.

Entre 2010 y 2024, la empresa de los Zuccolillo recibió un total de 34 contra­tos con instituciones públi­cas por un monto de más de G. 197.097 millones (más de USD 25 millones).

Precisamente, fue el MEC el que más veces contrató a la firma, con un total de 30 adjudicaciones, entregando más de G. 193.975 millones a Mercurio SA. Después lle­garon tres contratos con el Tribunal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE) y uno con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Los mayores contratos indi­viduales para la firma de los Zuccolillo llegaron durante el gobierno de Mario Abdo. En 2023, antes de dejar el poder, la administración anterior le entregó una adjudicación de más de G.18.724 millones para la pro­visión de kits escolares.

En 2020, bajo el mismo argumento, le fueron entre­gados otros G. 18.626 millo­nes. Su segundo mayor con­trato individual le llegó en el año de la pandemia a la firma del Grupo Zucco­lillo, que en ese entonces despedía a decenas de tra­bajadores de sus empresas alegando problemas finan­cieros como consecuencia de la crisis sanitaria.

De hecho, la firma del Grupo Azeta fue adjudicada en cada año de la administra­ción Abdo, siendo el periodo presidencial durante el cual se dispararon los contratos para Mercurio SA.

La web de la DNCP revela que entre 2010 y 2013, final del mando de Fernando Lugo y el año de Federico Franco como presidente, Mercurio SA recibió “ape­nas” unos G. 32.093 millo­nes. Durante el gobierno del presidente Horacio Cartes (2013-2018), la firma fac­turó con el Estado unos G. 41.076 millones.

El monto prácticamente se triplicó durante el gobierno de Mario Abdo, periodo durante el cual la firma reci­bió contratos por más de G. 119.320 millones (unos USD 15 millones), equivalentes al 60,5 % de su facturación con el Estado en casi 15 años.

El 2023, el último año de Abdo al frente del gobierno, fue el año en el que más facturó Mercurio con el Estado. Ese año recibió G. 32.570 millones. El segundo mejor año de facturación con instituciones públicas fue en 2020, cuando recibió G. 22.617 millones.

En julio de 2018, el dia­rio Abc Color publicó un extenso material sobre el dinero que había entre­gado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el gobierno de Horacio Car­tes. En ese material seña­laron que el multimedio de la familia Zuccolillo había recibido “apenas” G. 132 millones en cinco años.

La cosa cambió drástica­mente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y bajo la administración de Nicanor Duarte Frutos en la EBY. De acuerdo con la propia web de la binacional, en 2019 y en UN SOLO pago, Yacyretá entregó G. 215 millones por “producción de material” a Abc Color.

Es decir, en un solo pago ya superó lo que había recibido Abc en los cinco años anteriores.

La irresponsabilidad de la administración anterior con­tinúa castigando a la sobresa­liente industria de la cons­trucción con deudas arrastradas, producto del incumplimiento de los compromisos asumidos por el Minis­terio de Obras Públicas y Comuni­caciones bajo el mando de Arnoldo Wiens.

Esta desidia, lógicamente arrastra un perjuicio enorme al Estado, prin­cipalmente a los contribuyentes ya que las siderales deudas contraídas generaron también grandes inte­reses cuyo reclamo recae sobre las espaldas del actual gobierno.

La gestión Wiens había acumu­lado una deuda superior a USD 350 millones con las constructoras, con maniobras escandalosas ya que adju­dicaron proyectos a pesar de no tener presupuesto asignado.

Producto de la discrecionalidad en el fin de asegurar contratos, princi­palmente a clientes de empresas del expresidente ocasionó millonarios intereses bancarios que rondan los USD 100 millones y que hoy las con­tratistas reclaman.

Este bicicleteo con el pago a las con­tratistas del sector de la construcción por parte del MOPC no solo significó una gestión desprolija, sino también cruel, de mala fe, considerando los datos que trajo a colación la Con­traloría General de la República en una auditoría que develó la perversa administración que caracterizó a esta institución que estuvo a cargo de un incondicional a los negocios del expresidente Mario Abdo Benítez.

Entre las observaciones de la CGR, figura que el MOPC no registró en su pasivo institucional la totalidad de los compromisos financieros con fir­mas contratistas del Estado, al 31 de agosto de 2023.

Es decir, “se les olvidó' consignar una deuda que asciende a más de G. 2,4 billones, alrededor de USD 350 millones que se agravó con la autori­zación de pagos a través de cesiones de derecho de cobro y con ello el com­promiso pendiente subió a los USD 450 millones.

Lo que hicieron en el MOPC “signi­ficó una distorsión de la realidad de los estados financieros de la cartera ministerial, dificultando la exposi­ción veraz de la situación contable, económica y patrimonial del ente ministerial”, se subraya en el docu­mento de auditoría.

Salieron de las normas, el apuro no era la infraestructura sino gene­rar facturaciones, no importa si se adeudaba al país, el negocio, espe­cialmente el del asfalto debía correr sobre rieles. De hecho, así fue, las dis­tribuidoras de asfalto del exmanda­tario aumentaron 70 veces más sus facturaciones vendiendo a contratis­tas del Estado, la prioridad eran las rutas, pese a que el país necesitaba vacunas ya que esas bonanzas fueron mayoritariamente en pandemia por el Covid–19.

Con la maniobra hicieron trabajar a las constructoras con promesas de pago y deudas que cargan con inte­reses a costa de los contribuyentes que hoy, se constituyen en secuelas que necesariamente deben ser sub­sanadas, en el marco de los trámites legales.

Varias constructoras manifesta­ron estar al borde de la quiebra como consecuencia de la bicicleteada por parte del anterior gobierno.

No olvidemos el efecto multiplicador del empleo que tiene la industria de la construcción lo que una coyuntura crítica se traduce en un golpe directo a la clase trabajadora.

Urge encontrar el mecanismo de paliar la situación y aplicar los con­troles, las sanciones como las denun­cias y pedidos de intervención, nece­sarios para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos.

Si hay una verdad de hierro que se confirma con los datos de filtracio­nes que obran en la acusación fiscal de uno de los operativos antinarco más emblemáticos de los últimos tiempos como es A Ultranza Py, es que el gobierno de Mario Abdo Benítez carga con el gran peso de ser el principal responsable del auge del crimen organizado en el Paraguay.

El hecho de haber desmantelado puestos claves de control que facilitaron la narcoex­portación a sabiendas de que los puertos privados estaban siendo utilizados como puntos de salida de cargas contaminadas y sostener a leales con estrechos víncu­los con capos de organizaciones delictivas son imperdonables por el perfil de corredor logístico y hasta de laboratorio de estupefa­cientes que le han generado al país.

La investigación fiscal que despliega con lujo los detalles de cómo operaba el grupo de Sebastián Marset y el sindicado líder del negocio del narcotráfico en nuestro país Miguel “Tío Rico” Insfrán dejan al descu­bierto un esquema prácticamente de pro­tección por parte de las mismas institu­ciones encargadas de combatir al crimen organizado.

Las investigaciones revelan una verda­dera anarquía gubernamental en el periodo anterior, a los que se suman mina de infor­mantes al servicio de los cabecillas narcos mediante filtraciones de pesquisas y proce­dimientos sensibles. Esto era de esperarse considerando que las mismas autoridades propiciaron medidas que favorecieron a las estructuras de los delincuentes y hasta se codeaban con sus líderes.

La decisión inmediata tras la asunción del gobierno de Abdo de liberar los puestos de control en los puertos no es un hecho ais­lado al fortalecimiento que tuvo el negocio en negro. Fue el inicio de la próspera nar­coexportación principalmente de cocaína que fueron desmoronando la imagen del Paraguay ante el mundo con periódicas incautaciones en puertos extranjeros.

Era evidente que los delincuentes iban a aprovechar la oportunidad, hubieran sido tontos si no perfeccionaban el negocio. Así también eran lógicas que las señales del gobierno anterior de desarticular las fis­calizaciones eran una ocasión para que los funcionarios desleales operen con mayor facilidad.

Es así como la anarquía permitió que desde la propia Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se sirviera datos a los buscados narcotraficantes que, a juzgar por las trans­cripciones de las conversaciones telefóni­cas, ostentaban la sumisión de esta institu­ción, principalmente. Lo más grave es que con la difusión de estos hechos se confir­maron que las cabezas de estos ministe­rios manejaban la información de que había infieles que operativizaban filtraciones, pero se impuso el silencio cómplice.

Todo indica que traicionaron la lucha con­tra el crimen organizado; de hecho, la con­ducta de los exministros de la Senad como Zully Rolón y Arnaldo Giuzzio dejaban mucho que desear. Ambos ex altos funcio­narios de confianza del gobierno de Abdo firmaban convenios con miembros del grupo que cayó con A Ultranza Py en el pri­mer caso y en el segundo fue descubierto con favores recibidos del narco buscado por el Brasil Marcus Vinicius Espíndola, a quien casi lo mete de proveedor en sus tiempos de ministro del Interior.

Mientras todo esto sucedía y la llegada de una pandemia que direccionaba las aten­ciones a las situaciones de emergencia sani­taria, el 2020 fue un periodo clave para que corran sobre rieles un negocio que para el 2022 movía unos USD 25.000 millo­nes, según el informe que había sociali­zado hasta a escala internacional por el hoy ministro del interior Enrique Riera.

El Ministerio Público dejó al descubierto el guiño al narcotráfico durante el gobierno Abdo y es por ello que la Justicia debe pro­fundizar el análisis para que los responsa­bles asuman las consecuencias de sus actos.

Se han generado grandes escándalos que sacudieron el honor, la estabilidad, la cre­dibilidad del país. Quienes estando en el poder aplicaron disposiciones contrarias a la lucha contra el crimen organizado deben ser castigados.

El hecho de que ya no estén en cargos del Estado no significa que deban quedar impunes. Todos cuanto han colaborado que la consolidación del negocio de las drogas ya sea por complicidad, desidia o ineptitud deben rendir cuentas y asumir responsabi­lidades.

La herencia del gobierno Abdo de institu­ciones permeadas por el negocio ilícito es una carga demasiado pesada que son ellos los que deben afrontar la justicia por sus actos.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El esperado asfalto del tramo que une los distritos de Juan E. O´Leary y San Cristóbal, del departamento de Alto Paraná, finalmente no comenzó este año 2023, tal como prometieron, el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez y las autoridades municipales. Se trata de un trayecto de 62 kilómetros, camino de tierra en gran parte, utilizada por sectores productivos pequeños, medios y grandes de la zona.

No existe presupuesto para la obra y así como están las cosas, no tendrá fondos este año, por todos los compromisos que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la situación en la que se encontró la cartera ministerial. Es lo que dijo a La Nación/Nación Media, el intendente de San Cristóbal, Valcir Peliza.

Explicó que junto a su colega de Juan E. O´Leary, Everaldo Acosta, mantuvieron una reunión con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y la misma les informó sobre la realidad en cuanto al presupuesto en el MOPC. La reunión fue en la intendencia municipal de O´Leary, en ocasión de la visita de la titular del MOPC al Alto Paraná y mantuvo encuentros con los jefes comunales.

“En una reunión con la Ministra del MOPC donde también estuvieron el intendente de O´Leary (Everaldo Acosta) y el gobernador César Landy Torres, ella fue sincera con nosotros y nos dijo que no cree que pueda tenerse presupuesto para el asfalto en el año 2024″, dijo Pelizza. Agregó que prefiere la realidad, “antes que recibir información falsa y luego somos nosotros, como autoridades locales, los que quedamos como los que engañamos al pueblo”.

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Asimismo, mencionó que el gobernador César Landy Torres, también les dijo que es mejor tener la información exacta y en base a eso seguir trabajando. “Yo voy a continuar insistiendo en que esa obra sea una realidad y que esperamos hace 70 años”, refirió Pelizza.

Cabe recordar que las autoridades municipales de ambos municipios y el senador Javier Zacarías Irún habían anunciado y festejado, en el periodo anterior, que el proyecto ya tenía presupuesto y que la obra iba a ser una realidad finalmente. Desde el MOPC llegaron a informar que existía una remota posibilidad de que antes de finalizar el 2022 se llamará a licitación para la construcción.

Por resolución municipal de Juan E. O´Leary, el 16 de setiembre de 2022, fue declarado asueto por el acto previsto en el polideportivo municipal, con la presencia del entonces presidente Mario Abdo, para que se oficialice la ejecución de tan prometida obra. La presencia de topógrafos en el tramo vial ilusionó a la población. Abdo no llegó al acto y la obra nunca se licitó.

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