El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto presidencial “Por el cual se establece como política de Gobierno nacional el impulso a la industria metalúrgica paraguaya en el marco de procedimientos y licitaciones públicas nacionales e internacionales realizadas por la Ande”.

Esto fue durante el evento conmemorativo del 88° aniversario de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), cuya política apunta a desarrollar la industria metalúrgica, un sector que genera miles de empleos y contribuye al crecimiento económico del país, clave para el Paraguay.

“Este sector, que hoy genera más de 12.000 empleos directos, ha sufrido muchas injusticias. En los últimos 13 años, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) ha realizado 43 licitaciones para la construcción y provisión de torres, y solo en 3 participó la industria nacional. Esto debe cambiar”, expresó el mandatario.

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Es por ello que Peña remarcó que el decreto busca corregir las injusticias y desigualdades que viene enfrentado el sector metalúrgico en los últimos años, garantizando a partir de ahora su participación activa en los futuros proyectos de infraestructura.

En la ocasión, el jefe de Estado hizo mención especial a los organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), a modo de que incluyan en sus programas de financiamiento mecanismos que promuevan la participación de la industria nacional en las licitaciones. “La historia nos muestra que los paraguayos ya hemos escrito grandes páginas de esfuerzo e innovación industrial. Es momento de recuperar ese legado y apoyar a nuestros sectores productivos con firmeza y decisión”, agregó.

De esta manera, destacan que el decreto refleja el compromiso del gobierno con la revitalización del sector metalúrgico, promoviendo su desarrollo y asegurando que juegue un rol clave en el crecimiento económico y social de Paraguay. La firma se realizó con presencia de Chico Bogarín como representante del sector y ante todos los presentes.

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El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, firmó este martes la resolución por la cual se declara asueto el miércoles 27 de marzo, tanto en el Senado como en el Congreso, coincidiendo además con el decreto establecido por el Poder Ejecutivo. De este modo, sin adelantar la sesión ordinaria de la semana, la Cámara Alta deja varios temas relevantes para abril.

Uno de los principales asuntos a ser tratados corresponde al pedido de desafuero del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, recordando que la comisión encargada de su dictamen había pospuesto el análisis de la petición para el 2 de abril. La vicepresidenta segunda del Senado, Hermelinda Alvarenga, presidió la reunión de la Mesa Directiva para determinar los principales puntos a ser abordados en la próxima sesión.

También debe definirse el tratamiento del proyecto de ley de “Hambre cero en las escuelas”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La prioridad parlamentaria es aprobar sin mayores modificaciones el plan impulsado desde el Poder Ejecutivo, con el objetivo de avanzar prontamente con la implementación del mismo.

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Por otra parte, a diferencia de la Cámara de Senadores, este martes se desarrolló una sesión extraordinaria en la Cámara Baja, en reemplazo de la prevista habitualmente para mañana, buscando compensar la anticipada interrupción de las actividades en el Congreso y no dejar pendientes tantos temas establecidos en el orden del día de Diputados.

La declaración de asueto del Ejecutivo abarca a todas las dependencias del Estado, entre las cuales se encuentran incluso el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. El decreto excluye del asueto a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia y en horarios especiales, y a los funcionarios afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad.

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Este martes, el Poder Ejecutivo socializó un decreto a través del cual se estipula la suspensión por 60 meses de la habilitación para la construcción de nuevas estaciones de servicio en zonas urbanas. Al respecto, el titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros Barreto, expresó a través de una conferencia de prensa que el plazo estipulado servirá para aplicar algunas determinaciones técnicas, buscando fortalecer la política ambiental nacional.

“El mandato de suspensión permitirá realizar un análisis integral del impacto del crecimiento exponencial que esta actividad ha causado en nuestros recursos naturales. Así también, el riesgo que implica en materia de seguridad y salud de las personas”, agregando que para la elaboración del decreto se contó con la colaboración de diversos actores sociales.

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De Barros Barreto informó que con el decreto también se contempla la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional, encabezada por el Mades, para analizar las recomendaciones formuladas en el informe técnico de alerta de agentes contaminantes de estaciones de servicios, de la Contraloría General de la República (CGR). Esto sin mencionar el trabajo colaborativo elaborado también con el Ministerio de Industria y Comercio y Petróleos Paraguayos (Petropar).

“Según el registro ambiental que administra el Mades, se han emitido poco más de 2.753 declaraciones de impacto ambiental para estaciones de servicio y, conforme a un estudio publicado, hasta el 2023 se contaba con una estación por cada 3.000 habitantes, cuando lo recomendable es tener solo uno por cada 13.000 pobladores”, detalló el secretario de Estado.

El titular del Mades manifestó también que se dispondrá a la cartera la posibilidad de reglamentar y disponer las acciones operativas necesarias para el cumplimiento del decreto promulgado. Además, reiteró que desde el Gobierno nacional se trabaja bajo el precepto primordial de establecer las medidas necesarias para el mejoramiento del bienestar de todos los paraguayos, adaptando los centros urbanos a un crecimiento sostenible, con lo cual se permite potenciar la capacidad de resiliencia.

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A través de un decreto, el Poder Ejecutivo anunció la suspensión de la habilitación para la construcción de nuevas estaciones de servicio en zonas urbanas. Además, sumada a la nueva disposición, se iniciará una agresiva fiscalización de cumplimiento de mitigación ambiental; el decreto suspende por 60 meses las concesiones de declaraciones de impacto ambiental para la construcción de nuevos servicentros.

“¡Por un Paraguay más sostenible! Tomamos una decisión histórica a favor de la preservación y cuidado del medioambiente. Con un desarrollo sostenible Paraguay va hacia adelante”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña, a través de la red social X, agregando en un material audiovisual que el Gobierno nacional reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible.

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Puntualizó que con este tipo de decisiones se coloca al ciudadano en el centro de las políticas públicas, teniendo en cuenta que el bienestar de todos los paraguayos constituye una prioridad en su administración. En esa línea, parte de su anuncio expresa que la salud, la seguridad y el bienestar nacional representan factores de principal cuidado para el Gobierno.

“Hoy anunciamos un decreto histórico, a favor de todos los paraguayos. Esto pone en primer lugar la protección de los recursos naturales, la salud y el bienestar de todo el Paraguay”, agregó por su parte el titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros Barreto, con quien el mandatario trabajó para la materialización del decreto presidencial.

De Barros Barreto declaró además que todas las estaciones que ya fueron aprobadas seguirán operativas, pero que las fiscalizaciones serán mucho más frecuentes y exigentes a partir de ahora. Además, habló del trabajo a ser compartido con los diferentes intendentes a nivel nacional, para la aplicación del decreto y el fortalecimiento de los nuevos fundamentos de control.

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