La Itaipú Binacional hizo pública la postura de la hidroeléctrica con relación a ley sancionada por el Congreso, sobre el uso de los fondos socio-ambientales de la entidad, y asegura que esta normativa pone en riesgo los programas sociales financiados por la Itaipú.

En ese sentido, el titular de entidad, Manuel María Cáceres, planteó no perder de vista el aspecto de la binacionalidad. “Esta situación puede sacarnos legitimidad a la hora de defender nuestros argumentos”, alertó con respecto a la ley que se encuentra en el despacho del presidente Mario Abdo Benítez, para su promulgación o veto.

Desde la entidad sostienen que la ley sancionada por el Congreso, que destina los recursos de responsabilidad social empresarial socio-ambiental y cualquier otro fondo social para su uso íntegro en el área de la Salud mientras dure la pandemia, pone en riesgo numerosos programas sociales financiados por la binacional.

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Cáceres aclaró que la entidad no está ajena a la situación crítica por la que atraviesa el sistema de salud y el estado de urgencia ocasionado por la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, indicó que esta ley afectará a un listado importante de programas y obras de carácter social que se llevan adelante en todo el país.

“En este momento hay algo así como US$ 150 millones en obras en ejecución, no con el presupuesto de este año, sino que son proyectos o programas plurianuales. Entonces, es un impacto importante y habrá más de 3.000 trabajadores directamente afectados en estas obras si vamos a parar todo. No es menor el tema”, sostuvo Cáceres.

En caso de que entre en vigencia la ley, Cáceres mencionó que corre peligro el programa de becas Itaipú-BECAL, que tiene unos US$ 8,5 millones asignados para este año, así como el apoyo a las comunidades con el programa Agricultura Familiar por unos US$ 4,5 millones y el aporte al Fortalecimiento del Sistema Eléctrico de la Ande, que contempla unos US$ 28 millones para preparar el sistema para el 2023.

Cáceres mencionó que la filial de Teletón en Minga Guazú, a la que Itaipú destina unos US$ 900 mil para asistir a casi 400 menores de 0 a 18 años, tendrá que buscar otra fuente de financiamiento. Asimismo, se refirió a las obras de provisión de agua y saneamiento a comunidades carenciadas en el interior por unos US$ 2 millones y el equipamiento de instituciones educativas y laboratorios de ciencias por otros US$ 700.000.

Aclaró que Itaipú no puede entregar dinero directamente y solo se podría destinar fondos por medio de un convenio. “No permiten las normas de Itaipú entregar dinero en efectivo, nunca se ha hecho. En eso tenemos que ser muy claros. Hablamos de obras en ejecución y estimamos que pueden surgir demandas judiciales por obras en ejecución por alrededor de US$ 5 millones por lo menos, en caso de parar todas las obras”, acotó.

En otro momento, Cáceres puntualizó que durante el tratamiento del proyecto, incluso se había sugerido una alternativa a la propuesta del Senado, en la que se exceptuaba de esta disposición a aquellos recursos ya comprometidos, lo que suponía una salida; sin embargo, esa iniciativa no prosperó y aunque algunos legisladores manifestaron que hay algunas cosas puntuales que están excepcionadas, la ley no dice eso.

Sobre la construcción del puente internacional sobre el río Paraguay, explicó que son compromisos internacionales que tiene el país, puesto que el Brasil también por su lado ha iniciado la construcción del puente sobre el río Paraná entre Presidente Franco y Foz de Yguazú. Pero, en este momento, el presidente ha decidido la postergación del inicio del proceso de licitación, teniendo en cuenta las urgencias que tiene el país por el COVID-19.

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