El Gobierno prepara un proyecto de ley que será presentado la próxima semana al Congreso Nacional a fin de contar con un marco jurídico adecuado para respaldar las acciones del Ministerio Público y castigar el desacato al decreto presidencial que establece normas sanitarias de cumplimiento obligatorio.
Sobre el punto, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, explicó que se busca brindar elementos a la Fiscalía para sancionar a las personas por incumplimiento de las medidas restrictivas decretadas por el Ejecutivo.
“Hay una propuesta que se va a acercar al Poder Legislativo, precisamente coordinado ya con el Ministerio Público. Estimamos que se pueda hacer eso en el transcurso de la siguiente semana”, confirmó en diálogo con la 1080 AM.
Giuzzio insistió en la necesidad de contar con un respaldo legal para sancionar a quienes infrinjan las medidas sanitarias. “Básicamente es para tener un marco jurídico apropiado que permita disponer y establecer sanciones a las personas que incumplan las normas sanitarias, básicamente, establecidas en el decreto”, puntualizó.
El viceministro de Salud, Hernán Martínez, adelantó este jueves que se aplicarán nuevas restricciones por zonas identificadas mediante colores y, además, se evalúan mecanismos para restringir las reuniones sociales, donde radica el foco principal de infección, según las autoridades sanitarias.
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“Agua para el Chaco” debe ser abarcativo e integral, afirma gobernador
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, conversó con La Nación/Nación Media sobre el plan “Agua para el Chaco”, instando a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para que marque una diferencia significativa en los tres departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población.
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“Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto Agua para el Chaco. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
“El beneficio debe llegar a todos, desde comunidades indígenas, pequeños productores, hasta diversos estamentos”, subrayó el gobernador. Con el plan Agua para el Chaco se prevé la construcción de un acueducto, con una extensión de 280 km y un presupuesto máximo de USD 250 millones.
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Puntos claves
- Arturo Méndez apuntó a la necesidad de que los tres departamentos de la región Occidental estén garantizados con la cobertura en el plan Agua para el Chaco.
- El proyecto debe beneficiar a cada uno de las sociedades chaqueñas, desde comunidades indígenas, hasta pequeños productores.
- El plan implica una construcción de un acueducto, con una extensión de 280 km y un presupuesto máximo de USD 250 millones.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Celeste Amarilla prioriza cuestiones partidarias a necesidad de agua en el Chaco
La senadora Celeste Amarilla manifestó que retirará su firma del proyecto de agua para el Chaco, reconociendo que se debe netamente a cuestiones ideológicas y partidarias. Indicó que como el Gobierno estableció el proyecto como una política nacional, ella se opondrá al mismo.
“Creo que no se necesita de mi firma realmente. No quiero poner mi firma en un proyecto del que luego se van a embanderar otros sectores y van a presentar como una super obra del Gobierno para el Chaco”, argumentó la parlamentaria ante los medios de prensa.
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Lejos de dar a conocer falencias del proyecto de ley o expresar debilidades del plan a realizar, Amarilla solo dejó entrever que preferiría asumir un rol opositor a cada propuesta o acompañamiento del Gobierno, aunque las iniciativas fueran verdaderamente productivas.
El proyecto de agua para el Chaco es una propuesta planteada por el senador Orlando Penner, con apoyo del Gobierno, tras una reunión técnica en la que se observó la necesidad de avanzar con un plan para resolver definitivamente la falta de agua en esa zona del país.
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“El problema del Chaco es de hace mucho tiempo y me pareció solidario en su momento firmar a Penner, pero ahora ya no”, señaló la parlamentaria, en coincidencia con la reciente notificación del proyectista acerca de su salida como afiliado del partido Patria Querida.
“Penner demostró no tener empatía con la oposición”, subrayó también la congresista, revelando que su repentina decisión al solicitar el retiro de su firma de la propuesta legislativa, se debería exclusivamente a cuestiones políticas personales y no a un rechazo en torno al proyecto de ley.
De este modo, ante una aparente diferencia ideológica con Penner, a lo cual se sumaría también la posible incapacidad de Amarilla de trabajar en proyectos apoyados por el Gobierno, la senadora decide apartarse de un plan significativo, pese a reconocer las carencias históricas del Chaco.