Legisladores de las diferentes bancadas de la Cámara Baja fueron consultados por La Nación y GEN sobre el proyecto de ley que plantea que familiares del personal de blanco fallecido por COVID-19 ocupen el rubro vacante.
La propuesta es que el familiar con mayor grado de cercanía o parentesco, ya sean los hijos y/o cónyuge, pueda acceder a la función pública con la misma o similar asignación salarial según anexo de personal o contrato de trabajo. De acuerdo con el articulado, el efecto sería nacional y para toda la red sanitaria.
Al respecto, el líder del movimiento Honor Colorado en la Cámara Baja, Basilio “Bachi” Núñez, quien es uno de los principales proyectistas, mencionó que “esto sería darles un rubro no equivalente, sino un lugar de trabajo”.
Mientras que su colega del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González expresó su rechazo al documento mencionando que estaría a favor de impulsar la creación de un fondo de protección.
“Yo no estoy de acuerdo porque la Constitución Nacional establece que para poder acceder a un cargo concursable se debe optar por el concurso público de oposición”, puntualizó la legisladora.
Sobre el punto, el también colorado Derlis Maidana manifestó estar “totalmente de acuerdo” argumentando que “queda un perjuicio económico para muchas familias paraguayas”.
Por su parte, Sebastián García, del Partido Patria Querida (PPQ), apoyó la postura asumida por González, argumentando que la iniciativa establece unas “cuestiones delicadas y complejas”.
“Hay leyes de acceso a la función pública. Leyes que tienen que ver con méritos, hay que ver en qué contexto, en dónde irían o qué cargos ocuparían, qué rubro o en qué concepto”, refirió.
Lea también: Consejo de Seccionales celebra que suspensión de elecciones no prospere
Antecedentes del proyecto de ley
El objetivo del proyecto que también fue presentado por el colorado Raúl Latorre y los liberales Edgar Ortiz y Enrique Mineur es que se establezca en el marco de la solidaridad con los profesionales de salud, cualquiera sea su denominación, una compensación en términos laborales a sus familias de manera que mantengan sus ingresos.
Los proyectistas plantean modificar transitoriamente los artículos 15, 24, 27 y 35 de la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”, que establece medidas especiales ante casos de personal afectado por la pandemia del COVID-19. Esperan que las modificaciones sean validadas en comisiones o bien en la plenaria, para luego remitirse a Senadores y, de ser aprobado, eventualmente sea promulgado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Te puede interesar: Diputados denuncian licitación irregular de pasarela de oro