Senadora denuncia que 75 personas murieron en “pasillos” de hospitales
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Hoy, en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, Esperanza Martínez, senadora y exministra de Salud, denunció que el día en el que fallecieron un total de 89 personas, solo 14 murieron en una unidad de terapia intensiva (UTI) y las restantes 75 personas fallecieron en “pasillos con respiradores”, sin recibir atención adecuada, esto en varios hospitales del Paraguay.
“Me decían, no tengo corroborada la versión, pero la hago pública porque la voy a averiguar, el día en que murieron 89 personas, que fue publicado por el Ministerio de Salud Pública, solo 14 de las 89 fallecieron en UTI, el resto de los pacientes falleció en lugares intermedios”, aseveró la doctora Esperanza Martínez, en representación del Frente Guasu.
Coincide con su colega Desirée Masi, quien considera que aquellos lugares que denominan “terapias intermedias” realmente son pasillos con respiradores. “Eso se convierte en una unidad de atención de terapia intensiva o de reanimación”, expresó y añadió que ante la gravedad del problema no se permita que se especule con el dolor de la gente.
La senadora planteó esta denuncia, a ser corroborada, debido al debate sobre el uso de fondos socioambientales de las hidroeléctricas para ser redireccionados a Salud. Recordó a sus colegas que desde el inicio de la pandemia están aprobando “inconstitucionalidades”, esto lo dijo para argumentar su posición a favor del uso de fondos de las binacionales.
“Hemos aprobado el uso de préstamos y de bonos para que sean usados en gastos corrientes (...). En el próximo punto trataremos los contratos leoninos que nos obligan a arrodillarnos, mendigar para que podamos conseguir las vacunas, de una manera totalmente arbitraria y totalmente inhumana, porque necesitamos, por eso aprobamos los contratos inconstitucionales”, concluyó.
La propuesta de reducir la carga horaria de 48 a 40 horas semanales en el sector privado, ya fue presentada oficialmente en el Senado. Foto: Ilustrativa/Archivo
Senadora de la oposición plantea revisar sistema laboral en una mesa de diálogo
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El proyecto de ley para reducir la carga horaria en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales, ya fue presentado por el senador José Oviedo ante la Cámara de Senadores. Existen varias posturas dispares al respecto, unas en contra y otras a favor, como la senadora Esperanza Martínez.
La legisladora sostuvo que ya es el momento de analizar la situación del sistema de trabajo en el país, y adelantó que conversará con su colega, el senador Oviedo para plantear incluir algunos puntos.
“Hay que reconocer que esta es una tendencia en todas partes, hay varias experiencias que se están haciendo, y como idea comparto con el senador Oviedo, es más, yo quería conversar con él porque hay algunos temas, con otras leyes que tienen que ser tenidas en cuenta para la aplicación posterior”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.
Agregó que se debe implementar una mesa de trabajo para el debate de esta propuesta en el que estén involucrados todos los sectores, desde los empleadores hasta los sectores de trabajadores, para establecer acuerdos previos al tratamiento de la propuesta en el Senado.
“Creo que hay que hacer una mesa de trabajo, tanto con el sector empleador como con los trabajadores y ver las modalidades de aplicación y la factibilidad de aplicación, pero de que estas medidas son efectivas en todas partes del mundo y más todavía en este momento en que la calidad de trabajo en Paraguay es mala y necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores”, apuntó.
Agregó que es necesaria la revisión del sistema de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente existe dificultades en el pago del salario mínimo, la seguridad social, la informalidad, y principalmente en la distancia entre el empleo y la residencia de los trabajadores.
Los bonos del IPS: la real motivación de Esperanza Martínez
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La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.
De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020 AM, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.
CONFLICTO DE INTERÉS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El informe periodístico de la 1020 AM señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.
De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos que señala que el 26 de junio de 2023, la entonces Financiera Ueno SAECA (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Óscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; con base en el pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.
El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.
En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir, que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.
CUENTAS EMBARGADAS
Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.
Detrás a la intención de pedidos de informe presentado por la senadora Esperanza Martínez, existiría una aparente intención de apriete político a ueno bank que inició una demanda por falta de pago de millonario préstamo al Frente Guasu. Foto: Archivo
Bonos de IPS: La verdadera motivación de Esperanza Martínez
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La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.
De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.
Conflicto de interés y tráfico de influencia
El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.
De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.
El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.
En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.
Cuentas embargadas
Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.
Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.
Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.
Este viernes se realizó una audiencia pública para socializar la propuesta que plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Foto: Gentileza
Registro Unificado Nacional: plantearán mesa de trabajo para analizar el proyecto Ejecutivo
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Este viernes se realizó una audiencia pública en la Cámara de Senadores con el fin de socializar el proyecto Ejecutivo presentado el pasado 26 de agosto, que crea el Registro Unificado Nacional (RUN). La actividad fue impulsada por los legisladores de la bancada opositora, liderada por Esperanza Martínez del Frente Guasu (FG).
La actividad contó con la presencia del presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien sostuvo que propondrá a sus colegas senadores la conformación de una mesa de trabajo. Esto es para analizar previamente a su tratamiento en plenaria,la propuesta que plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
El planteamiento de Núñez surgió a petición de Martínez, teniendo en cuenta que ya fenece el plazo de los 30 días para el tratamiento de código de la propuesta, en donde los senadores tendrán que sugerir solo las objeciones sobre ciertos artículos que consideren necesario sus modificaciones.
“Esto demuestra el interés que hay desde el Ejecutivo y de las diferentes bancadas del Senado para hacer un buen trabajo. Yo creo que nadie está en contra de modernizar y que se tenga una fuerte inversión tecnológica, pero esto no se trata solo de juntar las instituciones y hacer una simplificación burocrática, teniendo en cuenta que muchos de los problemas están en la tierra. Todavía no existió una convocatoria para discutir con los sectores como el colegio de escribanos, geógrafos, expertos en la parte catastral entre otros”, comentó Martínez.
Mientras que Núñez afirmó que “Este proyecto se encuentra siendo analizado por las Comisiones de Legislación y Reforma. Es interesante la propuesta de hacer las reuniones semanales, esto vamos a proponer en la mesa directiva y que esta también se involucre, teniendo en cuenta que nos falta entre 3 a 4 semanas (para su tratamiento)”.
El parlamentario siguió sosteniendo que “Que vengan las partes afectadas y los presidentes de ambas comisiones, debemos agotar las instancias, nosotros estamos supeditados a la decisión de una plenaria cuando es tratamiento de código. Si se debe postergar lo haremos, debemos estudiarlo bien”.