La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formal­mente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brí­tez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indaga­ción sobre la entidad banca­ria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informacio­nes a las que accedieron perio­distas de la radio 1020 AM, de fuentes judiciales, existi­ría una intención de apriete político debido a que el banco privado inició acciones lega­les para proceder al cobro de millonaria deudas impa­gas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 AM señala el escanda­loso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influen­cias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedren­tar a ueno bank, para evi­tar cumplir con sus compro­misos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha rea­lizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos que señala que el 26 de junio de 2023, la entonces Finan­ciera Ueno SAECA (actual­mente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Óscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; con base en el pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, ade­más, que durante la trami­tación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de fal­sedad”, alegando que las fir­mas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pen­diente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir, que las fir­mas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá anali­zarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concer­tación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación cre­diticia, en calidad de codeudor solidario.

La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

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Este viernes se realizó una audiencia pública en la Cámara de Senadores con el fin de socializar el proyecto Ejecutivo presentado el pasado 26 de agosto, que crea el Registro Unificado Nacional (RUN). La actividad fue impulsada por los legisladores de la bancada opositora, liderada por Esperanza Martínez del Frente Guasu (FG).

La actividad contó con la presencia del presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien sostuvo que propondrá a sus colegas senadores la conformación de una mesa de trabajo. Esto es para analizar previamente a su tratamiento en plenaria, la propuesta que plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

El planteamiento de Núñez surgió a petición de Martínez, teniendo en cuenta que ya fenece el plazo de los 30 días para el tratamiento de código de la propuesta, en donde los senadores tendrán que sugerir solo las objeciones sobre ciertos artículos que consideren necesario sus modificaciones.

“Esto demuestra el interés que hay desde el Ejecutivo y de las diferentes bancadas del Senado para hacer un buen trabajo. Yo creo que nadie está en contra de modernizar y que se tenga una fuerte inversión tecnológica, pero esto no se trata solo de juntar las instituciones y hacer una simplificación burocrática, teniendo en cuenta que muchos de los problemas están en la tierra. Todavía no existió una convocatoria para discutir con los sectores como el colegio de escribanos, geógrafos, expertos en la parte catastral entre otros”, comentó Martínez.

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Mientras que Núñez afirmó que “Este proyecto se encuentra siendo analizado por las Comisiones de Legislación y Reforma. Es interesante la propuesta de hacer las reuniones semanales, esto vamos a proponer en la mesa directiva y que esta también se involucre, teniendo en cuenta que nos falta entre 3 a 4 semanas (para su tratamiento)”.

El parlamentario siguió sosteniendo que “Que vengan las partes afectadas y los presidentes de ambas comisiones, debemos agotar las instancias, nosotros estamos supeditados a la decisión de una plenaria cuando es tratamiento de código. Si se debe postergar lo haremos, debemos estudiarlo bien”.

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La senadora Esperanza Martínez calificó como un avance positivo la reunión que se desarrolló ayer jueves entre el bloque de la oposición, la bancada oficialista colorada del Senado y el presidente de la República, Santiago Peña. La parlamentaria indicó que después de esta conversación se dan nuevas maneras de trabajo entre el Legislativo y el Ejecutivo.

“Creo que fue un avance positivo, en el sentido de que hoy tenemos varios temas que venimos reclamando desde la oposición y en los que necesitamos nuevas maneras de encarar la situación en ambas Cámaras”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La senadora se refirió a los temas en común entre ambos poderes, que deben llevarse adelante; uno de ellos es el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, por lo que se solicitó la mediación del presidente del Senado, Basilio Núñez, y se dio la reunión con el mandatario.

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“Considerando la agenda que tiene el Ejecutivo y también la agenda que nosotros construimos desde la oposición, le habíamos pedido al presidente del Senado que mediara con el presidente, sobre todo porque algunos temas tienen que ver con el presupuesto 2025, si realmente íbamos a tener libertad, y así surgió esto, luego la invitación del presidente”, detalló.

Indicó que se dio un muy interesante, sincero y franco diálogo de ambas partes, y a partir de ahora existe una línea de compromiso para seguir hacia adelante, por lo que sostuvo que fue una reunión muy positiva para la democracia del país.

“Tenemos que apostar a debatir más allá de nuestras diferencias y buscar lograr resultados que sean favorables para la población, porque finalmente todo lo que hacemos son acciones que terminan en cuestiones positivas o negativas para la población”, expresó Martínez.

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