Dentro de las acciones encaradas por el gobierno del presidente Santiago Peña para reivindicar la labor de los efectivos policiales se encuentra la intención de facilitarles el acceso a una vivienda digna mediante el programa Che Róga Porã 2.0. La iniciativa fue lanzada en el 2024 y está dirigida a los ciudadanos con ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos con plazos de hasta 30 años y una tasa de interés anual del 6,5 %.

“La policía también tiene derecho a su vivienda propia. Queremos que este sector pueda acceder a una solución habitacional real, sostenible y digna”, dijo el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tras mantener un encuentro con el ministro del Interior, Enrique Riera, comandantes, subcomandantes y encargados del área administrativa de la Policía Nacional.

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Durante el encuentro se solicitó al Ministerio del Interior realizar un relevamiento de todos los funcionarios policiales interesados en participar del programa, para analizar cada caso y acompañarlos con soluciones personalizadas, ya sea para construcción, compra, ampliación o cancelación de deuda, informaron desde el MUVH.

El programa Che Róga Porã 2.0 contempla la construcción de una vivienda en terreno propio, la cancelación de deuda por lote más construcción, la compra de una vivienda o departamento ya terminado y la ampliación o refacción de una vivienda existente.

El crédito puede alcanzar hasta G. 500 millones por beneficiario, quienes ganan hasta cinco salarios mínimos o tener en cuenta la suma de ingresos familiares. Uno de los grandes diferenciales es la tasa fija del 6,5 % en guaraníes a 30 años.

“El beneficiario elige su arquitecto, presenta el presupuesto y recién paga cuando la casa esté lista. Este es un plan real, pensado para la gente que trabaja todos los días por el país”, remarcó Baruja tras el encuentro con los uniformados.

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Un documento filtrado, enviado por el exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado, revela la férrea alianza del diplomático con Mario Abdo Benítez, con el fin de perseguir al expresidente.

Una filtración de un documento enviado por el exembaja­dor de Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado da cuenta de que el diplo­mático tenía una férrea alianza con el presidente Mario Abdo Benítez (2018- 2023). Esta sociedad con­firma la estrecha cerca­nía y colaboración con el gobierno anterior para des­atar una perversa persecu­ción al expresidente Hora­cio Cartes.

A través de los programas “Así son las cosas” y “Arriba hoy”, emitidos por el canal GEN y Universo 970 AM/ Nación Media, se descri­bió el documento que fue filtrado por la organiza­ción Distributed Denial of Secrets, que es una espe­cie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de dis­tintos medios de prensa como Diario de las Améri­cas o el periódico Clarín de la Argentina.

En el citado documento, Ostfield hacía una encen­dida defensa de la cabeza del gobierno anterior, a quien consideraba un “aliado” de la Embajada y del gobierno de Estados Unidos de enton­ces. Tal fue la defensa que el diplomático obvió referirse a las exponenciales ganan­cias de las empresas de Abdo Benítez y las trató como una persecución de parte de los medios vinculados al car­tismo.

En el relatorio filtrado, Ost­field hace referencia al des­prendimiento de las accio­nes de Cartes en Tabacalera del Este (Tabesa) así como la solicitud de esta empresa para operar en el sistema financiero estadounidense.

Ostfield, que abandonó el país luego de ser echado por la administración de Donald Trump, que asumió el 20 de enero, hace alusión a los medios que responden al expresidente Cartes. “Es dueño de canales de televi­sión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al Gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empe­zaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al Gobierno”, señala el informe.

Ostfield elude referirse a que esta información fue divulgada por la Contra­loría General de la Repú­blica, que detalla cómo las empresas del expresidente experimentaron su mayor prosperidad en plena cri­sis sanitaria. Datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) revelan que Aldia SA, una de las empresas de Abdo, pasó de decla­rar utilidades por G. 1.492 millones en 2014 a regis­trar ingresos brutos de G. 408.082 millones y utilida­des de G. 92.647 millones en 2021. De esta denuncia se hicieron eco medios no afines al cartismo.

El parlamentario resaltó que estas filtraciones de documentos enviados por Ostfield solamente reafirman la posición que siempre mantuvo el comando de Honor Colorado y, a la vez, van saltando pruebas de que todo fue una politización y manipulación del exembajador nor­teamericano.

“Repudiamos su accionar y valoramos el cambio de rumbo con su salida. Con esperanza, aguardamos que se haga justicia. Para­guay es libre y se respeta”, remarcó.

Asimismo, Maidana remarcó que esta filtración de documentos del exembajador debería propiciar una investigación a fondo y acelerar todos los procesos investigativos que se están dando al respecto.

“La soberanía no se negocia y la traición tiene consecuencias”. El diputado Gama­rra sostuvo que esto confirma la perse­cución política que por años viene reali­zando al movimiento Honor Colorado.

“Existió una alianza perversa entre el embajador y el expresidente Mario Abdo Benítez para ope­rar políticamente en nuestro país, desatando una persecución abierta contra el expresidente Horacio Cartes. Este informe, publicado por organizaciones como Distributed Denial of Secrets y replicado por medios internacionales, deja al descubierto una injerencia diplomática sin precedentes”, afirmó el legislador. “Esto no es diplomacia, es intervención, es conspiración y es delito. El artículo 143 de nuestra Constitución Nacional prohíbe todo acto o tratado que viole nuestra soberanía”, precisó.

“Este era un embajador que estaba haciendo las cosas por fuera de un marco de restricciones por parte de su propio gobierno”, señaló el periodista Daniel Castropé.

El periodista del Diario Las Américas (Miami), Daniel Castropé, opinó sobre las acciones del exembajador de los Estados Unidos en Para­guay Marc Ostfield, afir­mando que incurrió en una clara injerencia en cuestiones internas, saliendo del marco diplomático al que se debe limitar cumplir.

“Lo que observamos es la clá­sica injerencia de un embaja­dor en los asuntos internos de un país, hablar de corrupción, hablar de falta de transparen­cia, mencionar a una famosa tabacalera, en toda la ges­tión que estaba realizando ese embajador es una acción que se sale de su marco de tra­bajo, de su marco diplomá­tico”, sostuvo en entrevista a la 650 AM.

Las acciones del exembaja­dor de Estados Unidos Marc Ostfield podrían generar la apertura de una investigación por parte de la Oficina Fede­ral de Investigación (FBI) y otras agencias, debido a que es necesario aclarar cuáles fueron las motivaciones del diplomático para realizar una injerencia interna en los asuntos de Paraguay.

“Las autoridades de Esta­dos Unidos, las del FBI, hay otras también que investi­gan este tipo de comporta­mientos, deben intervenir en este caso”, aseveró el perio­dista de “Diario Las Améri­cas” de Miami, quien añadió lo siguiente: “Se debe llegar hasta las últimas para acla­rar qué es lo que ha sucedido, por qué actuó de esa manera buscando ese rol protagónico, a quién quería impresionar, a quién quería ayudar”.

En el mensaje filtrado del exembajador de EE. UU. en Paraguay, Marc Ostfield, se destaca el trato de gran “aliado” que tenía Mario Abdo Benítez y denunciaba cómo el expresidente paraguayo era objeto de una “persecución mediática” por la venta de asfalto. El diplomático pasó por alto las ganancias exponenciales de Marito, además del “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc.

En el mensaje que filtraron varios medios de prensa como Clarín, a través del Distributed Denial of Secrets, Ostfield denunciaba ante el Departamento de Estado a Horacio Cartes y defendía a enérgicamente a Abdo Benítez, de quien señalaban que era una suerte de “perseguido”.

“Es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.

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Lo que el diplomático obvió en su férrea defensa a “su aliado” es que la denuncia provino de organismos estatales (como la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios). Varios medios en nuestro país se hicieron eco de la misma, pero vale refrescar la memoria a algunos incautos.

La Nación publicaba en septiembre del 2023, en base a documentos del Ministerio de Economía y Finanzas que la distribuidora de asfalto en la que el expresidente tiene el 87,50 % de las acciones registraba exorbitantes ganancias anuales en los tiempos que este ejercía el cargo, comparadas a las utilidades consignadas en las actas de asamblea de los años que se iniciaba como legislador.

Según los documentos, de una utilidad neta de la firma Aldia S.A. que rondaba los G. 1.800 millones al año, que incluso se redujo a G. 1.492 millones en el 2014, se llegó a disparar a G. 92.647 millones en el 2021. Si hacemos la diferencia entre las ganancias netas que obtuvo la empresa del expresidente durante su gobierno y su periodo de senador, hay un incremento de 800 % ya que las utilidades netas del 2013 al 2017 sumaban G. 19.480 millones, mientras que las del 2018 al 2021 ascienden a G. 175.268 millones.

Lo que Ostfield no señala en su encendida defensa del anterior gobernante era por qué estas cifras millonarias no aparecían en su declaración jurada de bienes al dejar la silla presidencial, sino el cobro mensual de dividendos sin especificar y cabe recordar que, ante incompatibilidades constitucionales con la función, el exmandatario puso a su hijo mayor Mario Abdo Díaz Benza como representante legal en la empresa.

Pero el expresidente tiene además otra empresa que se dedica al mismo rubro de la lucrativa venta de asfalto. Las actas de asamblea de la empresa Createc SA, en la que Abdo Benítez tiene el 47,50 % de las acciones, también tuvieron importantes incrementos de ganancias netas anuales, que se dispararon hasta 750 % durante su mandato.

Las millonarias utilidades netas tampoco figuran en su declaración jurada al darse de baja del cargo. Actas evidencian que se aseguraron contratos con grandes constructoras viales y un sugestivo acaparamiento, ya que “se obtuvo un aumento muy significativo en la cartera de clientes”, que en 2019 se incrementaba en un 237 %, mientras su gobierno se jactaba de kilómetros de pavimentos construidos.

De G. 2.377 millones de lucro neto en 2016 fue aumentando exponencialmente hasta marcar diferencias que lle­gan a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pandemia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones. Mientras tanto, la población en general sufría las carencias en salud y la economía afrontaba una fuerte crisis ocasionando la suspensión de actividades de varias empresas y el desem­pleo en general.

En Createc, Abdo Benítez registra el 47,50 % de las acciones y durante los años de su presidencia, específica­mente entre 2018 y 2021, esta empresa registró ganancias netas anuales que suman G. 52.908 millones equivalen­tes a un incremento de 602 % en relación con el lucro acumulado cuando se ini­ciaba en cargos electivos, y que entre 2015 y 2017 llegó a G. 7.529 millones.

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Las empresas Aldia S.A. y Createc están en la mira de Contraloría, de Ingresos Tributarios y de la Fiscalía, por las serias irregularidades detectadas. Se habla de unos USD 44 millones entre el 2018 y el 2023 destinados a reservas operativas. Un informe remitido por la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) a la Fiscalía advierte sobre irregularidades detectadas en un análisis a las empresas Aldia SA y Createc y habla de la necesidad de un control que involucre a Seprelad y al Ministerio Público.

La Contraloría General de la República sostiene que se analizaron las declaraciones juradas de Abdo Benítez al asumir y al salir de la función pública. A partir de ahí, se solicitaron informes a diferentes instituciones y se hicieron las verificaciones.

Lo que llamó la atención fue que las utilidades generadas en el 2018 al 2023, por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario, llevó prácticamente el 90 % de las utilidades a reservas operativas. El 90 % del dinero se destinó a reservas de utilidades. Entre el 2018 y el 2023 suman 44 millones de dólares (329.000 millones de guaraníes).

El periodista argentino Luis Gasulla, de “Periodismo y punto”, que investigó sobre la injerencia de Estados Unidos en la región fue bastante crítico con el desempeño de Marc Ostfield como embajador norteamericano en Paraguay. Aseveró que se metía directamente en asuntos internos del país, opinando e influyendo en la política local: “Se arrogaba el poder de levantar el pulgar y condenar o absolver”, aseguró.

En una entrevista con La Unión 800 AM, Gasulla fue consultado acerca de esta filtración que divulgaron algunos medios como Clarín o Diario Las Américas, en base a un documento filtrado por Distributed Denial of Secrets, una plataforma similar a Wikileaks.

Para el periodista “no debería naturalizarse ni ser normal” que un embajador se comporte de esa forma. “Lo que queda demostrado por la documentación y los distintos comunicados que se han conocido de Marc Ostfield es que se metía directamente y opinaba e influía en la política local con expresidentes, allegados, familiares. Sus distintas declaraciones públicas generaron un problema diplomático entre Paraguay y Estados Unidos”, recordó.

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Para Gasulla lo ocurrido en Paraguay tiene una connotación incluso más delicada. “El caso paraguayo es aún más grave porque acá influía directamente en las cuestiones económicas, políticas y sociales del país”, precisó.

El experto indicó, además, que los diplomáticos tienen vedado opinar sobre los asuntos internos de un país. “El embajador no puede meterse en la política local de un país, porque de esa manera está violando principios básicos, porque es el representante de otro país. Habla en nombre de un gobierno, es grave y es peligroso”, recalcó Gasulla, quien recordó que, tras la asunción de Donald Trump, la administración intervino al respecto y fue echado de la legación diplomática en Asunción. “Quedó muy mal parado el exembajador en Paraguay, Ostfield”.

Asimismo, le causó cierta sorpresa que el diplomático defendiera con tanta vehemencia a Abdo, al que calificaba como “un aliado clave de Estados Unidos” y que era objeto de una supuesta persecución mediática. “Cuando la justicia no había llegado a cuestiones determinantes (caso Seprelad), no había condenados, o sea, el tipo se arrogaba el poder de levantar el pulgar y condenar o absolver a alguien”, aseguró el argentino.

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Tras echar a Ostfield, la administración Trump nombró un encargado de Negocios en la oficina en Asunción. A criterio de Gasulla, este gesto político es una forma de empezar a “normalizar lo que deben ser las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Estados Unidos. Además, viene a calmar las aguas de lo que sucedió anteriormente para evitar una escalada, una crisis aún mayor”, dijo el experto. “Está claro que viene con la directriz y el respaldo del presidente Donald Trump”, agregó.

Finalmente, expresó que esta clase de actos de injerencia como el que condujo el exembajador “es una luz amarilla, hay que prestarle atención”, además de tener un contexto histórico de intervencionismo regional desde Washington. “Pero, lo que pasa aquí es más grave porque acá se habla con nombre y apellido, de qué funcionario me gusta, cuál no, cual está vinculado con delitos, cuál lo promociona tal o cual embajador”, concluyó.