El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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El presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Gustavo Bernal, indicó que la instancia electoral aún no fue notificada acerca de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre la suspensión de las elecciones internas partidarias del 17 de agosto de este año.

El tribunal de primera instancia de la Justicia Electoral hizo lugar a varias medidas cautelares, a raíz de la suspensión de la adquisición de las máquinas electorales, por lo cual también se suspenden estas elecciones internas.

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“Nosotros estamos llevando con toda normalidad hasta la fecha, sin ningún problema. Nosotros todavía no fuimos notificados de estas medidas, una vez que tengamos eso, evidentemente nos vamos a estar reuniendo para poder deliberar de alguna u otra manera cuál sería las circunstancias a partir de ahí. No tenemos aún el contenido de esa resolución, en qué se basa”, dijo el titular del TEI en conversación con La Nación/Nación Media.

Bernal mencionó que una vez que se cuente con la resolución de la máxima autoridad electoral se analizará cuál será la decisión a tomar. “Una vez que tengamos evidentemente lo vamos a analizar el contenido de la resolución y después vamos a hacer un pronunciamiento, si seguimos o paralizamos ahí. Se paraliza, no es que se suspende”, señaló.

Aclaró que las elecciones no fueron canceladas ni prorrogadas, sino suspendidas temporalmente. Citó como ejemplo la ley que amplió el mandato de los intendentes por la pandemia en el 2019, por la cual el Tribunal Superior ya sacó el calendario y las elecciones se debieron realizar en el 2020, pero se prorrogó al 2021.

“De la misma forma, si existe una resolución o una medida cautelar, lo que se hace es suspender, no anula todo el proceso que se venía haciendo, como las inscripciones de los movimientos, la presentación de las afiliaciones, la habilitación de varios locales en diferentes puntos del país y el exterior, esos trámites ya se cerraron conforme al calendario”, sentenció.

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El ministro Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), recibió en visita protocolar al titular del Congreso de la Nación, el senador Basilio Núñez y a su colega Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista. Las autoridades abordaron algunos puntos de la Ley de Financiamiento Político, atendiendo a que están analizando algunas modificaciones y buscaron una opinión de la autoridad electoral.

Al respecto, Núñez comentó que, en la Cámara Alta, están trabajando en algunas propuestas de modificación a la Ley de Financiamiento Político; es por ello que buscan detalles técnicos con la autoridad de la Justicia Electoral.

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Mencionó que existe un proyecto de Ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. “Queremos saber detalles técnicos y escuchar la opinión que nos puede facilitar el TSJE. Tenemos una media sanción de la Cámara de Diputados por la cual la Concertación no puede utilizar el padrón nacional, estamos recabando información, la próxima semana se trata en el Senado y vinimos a la institución donde uno tiene que recabar datos fiables y lo vamos a hacer por escrito la próxima semana”, puntualizó.

Por otra parte, el ministro César Emilio Rossel, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se reunió con el Contralor General de la República, Camilo Benítez, para abordar temas relacionados a la importancia de actualizar el marco normativo que regula el financiamiento político y las acciones a emprender para fortalecer los controles de la actividad financiera durante las campañas electorales.

En ese sentido, ambas autoridades coincidieron en la necesidad del trabajo conjunto y coordinado entre las instituciones vinculadas, así como la participación activa de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía, en el debate y la propuesta de planes de mejora a la legislación vigente. Desde la institución electoral, destacaron que esta reunión contó con la participación del director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a través de la resolución 240/2024, dispone los pro­cesos para la recolección de firmas electrónicas u ológra­fas al servicio de los propicia­dores y la ciudadanía para la conformación de un partido o movimiento político y de la ciudadanía.

La resolución fue socializada por los ministros de la máxima instancia electoral, Jaime Bes­tard, presidente; Jorge Boga­rín, vicepresidente, y César Rossel, miembro. La página habilitada es https://propo­nentes.tsje.gov.py/.

El presidente del TSJE, Jaime Bestard, expresó que este procedimiento, de cer­tificación de firmas de pro­ponentes para la formación de un partido o movimiento, transmite transparencia, lo que será un beneficio directo para la ciudadanía. “Quere­mos continuar con la trans­parencia y certeza en los procesos electorales que organiza la Justicia Electo­ral, y que eso se refleje en la satisfacción de todos los ciu­dadanos”, apuntó.

A su vez, el ministro Jorge Bogarín indicó que será una herramienta muy impor­tante para la transparencia en el sistema electoral. “Esta­mos empezando a implemen­tar una herramienta que será vital para la transparencia de la inscripción de los par­tidos políticos y se trata de las firmas ológrafas y elec­trónicas de los proponentes para la creación de partidos o movimientos políticos, con esto, estamos incorporando seguridad a la ciudadanía”, apuntó.