El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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La Cámara de Diputa­dos tenía previsto estu­diar el proyecto para dero­gar la Resolución n.° 1336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación; no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el cuórum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presen­tado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la comisión no cumple con las finalidades determina­das en la Constitución y es un instrumento de persecu­ción a opositores y disiden­tes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan con­tra derechos reconocidos y garantizados por la Cons­titución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inme­diata la apertura de una investigación del Ministe­rio Público”.

El proyecto no solo apunta a eliminar la comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, dijo ayer que comparte la postura del presidente San­tiago Peña de defender las inversiones bancarias rea­lizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Los cuestionamientos, el escrutinio fortalecen la democracia y quienes ejer­cemos los roles de poder en los espacios públicos, los que fuimos electos por la ciuda­danía, debemos ser cuestio­nados. Y yo asumo esa con­dición”, indicó Latorre.

Manifestó que en primer lugar se debe aclarar que el presidente Peña no es accio­nista de la entidad finan­ciera en cuestión y que se encuentra en el foco de aten­ción a raíz de las transac­ciones realizadas con el IPS.

Peña es atacado por los diri­gentes de la oposición y por el Grupo Zuccolillo, propie­tario del diario Abc. A raíz de los cuestionamientos, la entidad financiera aclaró que el jefe de Estado no es accionista del banco. Ante estos ataques y en declara­ción a la prensa, el presi­dente de la República res­pondió al cronista de Abc de que el citado medio de comunicación está min­tiendo y que el Grupo Zuc­colillo siempre se benefició del dinero de los jubilados del IPS.

Al analizar la reacción del jefe de Estado, el presidente de Diputados dijo que los medios de comunicación también pueden ser cues­tionados.

“Las declaraciones que hacen los ciudadanos y las declaraciones que hacen los medios también deben ser cuestionados, y eso es parte del proceso de la democracia. Las con­frontaciones enriquecen el proceso democrático”, indicó Latorre. Agregó que considera que el pre­sidente Santiago Peña solo busca poner el debate sobre la mesa.

Sin realizar ninguna con­sulta a los medios loca­les, basados solamente en la opinión sesgada de algunos comunicadores encuestados, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rebajó a Paraguay a la categoría “En restricción”, señaló Diana Domínguez, representante de nuestro país ante el organismo. La vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro, y el periodista Alberto Peralta también coinci­dieron en el pleno ejerci­cio de la libertad de prensa y de expresión en el país, durante el programa “12/8″, emitido por el canal GEN de Nación Media.

La Cámara de Diputados tenía previsto en estudiar el proyecto para derogar la resolución N° 1.336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación, no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el quorum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presentado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la Comisión no cumple con las finalidades determinadas en la Constitución y es un instrumento de persecución a opositores y disidentes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan contra derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inmediata la apertura de una investigación del Ministerio Público”. El proyecto no solo apunta a eliminar la Comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

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Durante las reuniones de la Comisión de Investigación, se realizaron exposiciones respecto a cómo operan algunas organizaciones sin fines de lucro, que sin rendir cuentas, mueven cifras millonarias sin dar a conocer el origen de ese dinero o los donantes. Igualmente, en la última sesión se expuso la manera en que el dinero del narcotráfico se infiltró en el sistema financiero y personas sin capacidad económica accedieron a grandes créditos.

El orden del día contaba con 19 puntos en total, pero solo pudieron tratarse nueve, dado que los legisladores se retiraron y otros proyectos, como la ampliación presupuestaria para el Ministerio del Ambiente, la expropiación de inmuebles, la creación de un registro de personas desaparecidas, entre otros, tampoco pudieron ser tratados.

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