El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

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El senador Natalicio Chase fue designado este jueves por su colega como presidente de la Comisión Unicameral del Senado sobre Itaipú. Esta comisión fue instalada oficialmente por el titular de la Cámara Alta, el senador Basilio Núñez, en una sesión extraordinaria en que también se designó al senador Dionisio Amarilla como vicepresidente, así como a las senadoras Lizarella Valiente y Noelia Cabrera como relatoras.

Los legisladores aprobaron que esta comisión se reúna los lunes a las 14:00, de forma presencial, en la sala de reuniones de la Presidencia del Senado. En setiembre de 2024, el Senado designó como sus representantes titulares a los legisladores Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías, Natalicio Chase, Hernán Rivas, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla, así como a las senadoras Lourdes Cabrera y Yolanda Paredes en representación del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

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Por su parte, la Cámara de Diputados designó en octubre pasado como miembros titulares a los diputados Christian Brunaga, Avelino Dávalos, Mauricio Espínola, Hugo Meza, Carlos Pereira, Rocío Abed, Jorge Ávalos Mariño y Raúl Benítez. Mientras que los parlasurianos designados son Rodrigo Gamarra, Virina Villa­nueva y Pastor Vera Bejarano, ya para los integrantes suplentes fueron designados Miguel del Puerto, Betina Aguilera, Esteban Samaniego, Luis Federico Franco y Walter García.

De acuerdo a la ley 6401/2019, la Comisión estará compuesta por ocho representantes titulares y ocho suplentes de la Honorable Cámara de Senadores, y en igual cantidad de representantes de la Honorable Cámara de Diputados. Esta Comisión estará compuesta además por tres representantes titulares y tres suplentes del Parlamento del Mercosur (Parlasur). En su tercer artículo se estable que “una vez instalada la Comisión que funcionará en la sede del Congreso de la Nación, elaborará su propio reglamento, conforme a normativas vigentes, para su correcto funcionamiento”.

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Las acciones de inteligencia por parte del Brasil hacia Paraguay se dieron entre junio del 2022 y marzo del 2023, es decir, periodo en el que Jair Bolsonaro y Mario Abdo lideraban sus respectivos países. Ambos exmandatarios se “tiraban flores” mutuamente e incluso el expresidente paraguayo alegaba cierta cercanía con Bolsonaro, no obstante, el gobierno brasileño encabezó un espionaje del que todavía se desconoce sus alcances.

“Felicito al presidente Mario Abdo por su serena y firme defensa de los intereses del Paraguay. El acuerdo de contratación de energía, previsto en el tratado de Itaipú, fortalece a nuestros países y nos permite seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, fueron las palabras de Bolsonaro a través de X.

Mientras tanto, Abdo no se quedó atrás en sus expresiones hacia el entonces mandatario brasileño: “Yo quiero que le envíen mi abrazo al presidente Jair Bolsonaro, un gran amigo y me emociona cuando me llama ‘Marito’ porque él, en la cumbre del Mercosur, no me llama ‘señor presidente de la República’, me llama ‘mi amigo Marito’. Envíenle mi abrazo de gratitud don Jair Bolsonaro”.

Las manifestaciones de Abdo se dieron en un evento público. Esta aparente amistad estrecha se sostuvo en otras interacciones en redes, declaraciones a la prensa y fotografías en eventos internacionales donde a ambos se los veía compartiendo con mucho júbilo, sin embargo, mientras en el expresidente paraguayo estaba “convencido” de este buen vínculo, el gobierno de Bolsonaro, hasta el fin de su mandato, se inmiscuyó en asuntos nacionales.

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La propia Cancillería del Brasil confirmó que las actuaciones de inteligencia hacia Paraguay, las que se extendieron por al menos nueve meses y hasta la fecha se desconoce cómo ejecutaron este espionaje, es decir, si fue a través de escuchas telefónicas, si se interceptaron correos, tampoco se sabe con exactitud qué instituciones y autoridades fueron víctimas de este hecho y a qué informaciones accedieron.

Lo concreto, es que es que el gobierno de Abdo no dejó ningún registro ni emitió algún tipo de alerta sobre la vulneración de los sistemas a causa de un espionaje por parte del Brasil y recién la actual administración de Santiago Peña detectó este hecho. Resulta inaceptable que un gobierno nacional haya permitido que Paraguay haya sido vulnerado sin tomar ninguna medida para defender la soberanía.

Las buenas relaciones de ambos mandatarios fue más beneficioso para Brasil que para Paraguay debido a que en 2023, bajo el gobierno de Mario Abdo se redujo la tarifa de Itaipú, afectando directamente a los intereses nacionales.

Ya bajo el liderazgo de Santiago Peña, Paraguay logró el aumento de la tarifa por tres años consecutivos, asegurando recursos históricos para nuestro país. Asimismo, al conocerse el espionaje, Peña tomó acciones para salvaguardar los intereses nacionales, suspendiendo momentáneamente la negociación con el vecino país en torno al Anexo C de Itaipú Binacional.

Asimismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) realizará una revisión documental en la institución, de modo a constatar si es cierto que no hubo alertas o señales del espionaje, tal como lo sostiene el extitular del Mitic de Abdo, Fernando Saguier. Además de esto, mediante Cancillería se ha pedido información al Brasil sobre este hecho ya que esto es considerado como una violación a principios internacionales y que genera un impasse momentáneo con un país con quien se comparte intereses, más allá de la hidroeléctrica.

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Luego de que el Brasil haya confirmado que hubo acciones de inteligencia contra Paraguay entre el 2022 y 2023, una de las medidas asumidas por el Gobierno paraguayo fue la suspensión de la renegociación del Anexo C de la Itaipú Binacional. El Gobierno está a la espera de las explicaciones del vecino país y los informes respecto a qué datos se accedió en dicho período.

“Esperamos que podamos retomar la conversación en la brevedad, tenemos que restituir la confianza para poder sentarnos a la mesa. Se confirmaron acciones de inteligencia, pero no sabemos todavía el alcance de esas actuaciones”, expresó Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio.

El titular de cartera de Industria manifestó que aguardan los reportes del Brasil en cuanto a este espionaje que se extendió por alrededor de 9 meses. El vecino país deberá informar mediante qué canales se dio este espionaje, a qué autoridades instituciones, por cuánto tiempo y con qué fin, dado que entre Paraguay y Brasil existe una amplia agenda bilateral y muchos intereses compartidos, entre ellos Itaipú Binacional.

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“Lo que corresponde es lo que estamos haciendo ahora, pedir explicaciones al gobierno de Brasil con detalles de qué ocurrió en este período porque es un tema muy grave, viola los principios internacionales. Queremos saber el cómo y de qué forma se realizaron, si fueron escuchas telefónicas contra las autoridades del gobierno de Paraguay en ese entonces, si se intercedieron correos, fueron escuchas en oficinas de gobierno, seguían a funcionarios físicamente, qué pasó en esos 9 meses”, mencionó a la 1020 AM.

El espionaje de Brasil se habría iniciado en junio del 2022, es decir, aún bajo la presidencia de Jair Bolsonaro y se extendió hasta marzo del 2023, cuando el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la suspensión de estas acciones. Hay que mencionar que el gobierno de Mario Abdo no dejó ningún tipo de información o alerta sobre esta acción por parte del vecino país.

“Por suerte la tarifa de Itaipú ya fue convenida con el Brasil por los próximos 3 años, eso está firme. A pesar de que tardamos unos meses más de lo previsto, lo hicimos en aquel momento pensando en el mediano plazo, esa fue la posición paraguaya, para no tener ningún tipo de desgaste por la negociación del Anexo C y acertamos en ese sentido, porque le dimos previsibilidad a un tema que es siempre espinoso”, resaltó Giménez.

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