Paraguay elabora el informe nacional sobre Derechos Humanos que presentará en el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En ese contexto, se realizó una reunión telemática de coordinación interinstitucional entre las autoridades que integrarán la delegación nacional que participará del análisis del documento. La evaluación se realizará el 5 de mayo de 2021, durante el 38° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU. En esta ocasión, el Consejo de Derechos Humanos examinará la situación de los derechos humanos en Paraguay, a partir de la revisión del informe nacional remitido el 10 de febrero pasado.
El examen se desarrollará a través de un diálogo interactivo entre la delegación nacional y representantes de otros Estados. Se podrán realizar preguntas, comentarios y/o recomendaciones, tomando como base, además del informe nacional, los reportes de expertos, órganos, mecanismos y agencias de la ONU, y la información proveída por otros actores interesados como organizaciones de la sociedad civil.
Reunión preparatoria
La reunión preparatoria fue coordinada por la Unidad General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la conducción de su director general, embajador Roberto Benítez Fernández. Así también participaron representantes de diversas instituciones de los tres poderes del Estado y órganos extrapoder. Igualmente fueron invitados miembros de la Misión Permanente del Paraguay ante la Organización de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, Suiza.
Se presentó la metodología de trabajo que se implementará en el proceso de preparación del informe que continuará en las semanas próximas.
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Previsión de inflación fue menor a la esperada en octubre, según banco privado
Según el informe Escenario macro sobre Paraguay de Itaú, la proyección de la inflación para Paraguay bajó, tras ser menor a la esperada en el mes de octubre. Además de otras cifras que también revisaron a la baja para este 2024, quedando así la previsión en 3,7 % del 4,0 % previsto.
Esto, ya que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) se situó en 0,0 % mensual en octubre, frente a 0,5 % de hace un año, aunque en el resultado del mes, el comportamiento del grupo alimentos fue mixto, conforme a los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
Este reporte explica que se dieron retrocesos esperados en los precios de los productos hortícolas, que bajaron 12,1 % mensual, aunque fueron compensados por subas en la carne y en las frutas en un 2,1 % mensual y 3,8 % respectivamente.
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Expectativa se mantiene con la meta
Por otro lado, el IPC subyacente que excluye frutas y verduras, precios de servicios regulados y carburantes, se situó en 0,4 % frente a 0,5 % de hace un año. Mientras que la inflación interanual general bajó a 3,6 % en octubre, desde el 4,1 % de setiembre, en tanto que el IPC subyacente descendió a 4,0 % desde 4,1 %.
Para Itaú, la inflación general y subyacente se mantienen dentro del parámetro o tolerancia del objetivo de inflación del BCP, que es del 4 % +/- 2 %. La entidad remarca a la vez que las expectativas de inflación para finales de este 2024 y el próximo 2025 se mantienen estables en 4 % durante varios trimestres.
Y es que para el siguiente año 2025, la proyección de la inflación para Paraguay, se mantendría en el centro del objetivo o meta del BCP de 4,0 %, conforme la estimación de la banca privada. Otro aspecto importante incluido en el reporte, es que con la tasa de interés oficial ya en niveles neutrales, la estimación de Itaú es que se den menos recortes de la FED, con lo que esperan que el BCP mantenga la tasa de interés de referencia en 6 % hasta finales de 2025.
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Argentina se retira de la cumbre COP29 sobre cambio climático
El gobierno argentino retiró a su delegación de la 29ª conferencia sobre el cambio climático de la ONU (COP29) que se celebra en Bakú, la capital de Azerbaiyán, informó una fuente oficial a la AFP. “Sí, el equipo se retira”, declaró este jueves una fuente de la secretaría de Ambiente en un correo electrónico a la AFP. Desde que asumió hace casi un año, el presidente Javier Milei emprendió un fuerte ajuste que incluyó reducción de ministerios a la mitad, paralización de obras públicas, recorte de subsidios y la eliminación, hasta septiembre, de más de 32.000 empleos estatales.
Argentina ha sido durante décadas una de las principales voces de la región latinoamericana en foros internacionales como las Conferencias de Partes (COP) de la ONU sobre el cambio climático. La delegación argentina en Bakú era reducida y su objetivo principal era participar en cursos técnicos para formarse, según las fuentes consultadas en Bakú. Este jueves ya no se hallaban en la sede de la COP29, situada en el estadio olímpico de Bakú, según fuentes cercanas a la delegación.
Los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben regularmente suministrar informes a la secretaría del organismo. Entre las próximas etapas que Argentina debería cumplir está un informe bienal de transparencia, previsto a finales de este año. Buenos Aires debería entregar también, como los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París, su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para luchar contra el cambio climático. Estos nuevos compromisos deben ser finalizados antes de febrero de 2025.
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Quién debería pagar la factura climática
La COP29 en Bakú se centra en encontrar el billón de dólares anual necesario a nivel mundial para ayudar a los países en desarrollo a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y adaptarse a los desastres climáticos. Las difíciles negociaciones de la conferencia anual sobre el clima de las Naciones Unidas deberían concluir el 22 de noviembre con un acuerdo financiero: ¿cuánto se comprometerán a aportar los países occidentales y Japón, además de su compromiso anterior de 100.000 millones por año para 2020-2025?
¿Qué necesitan los países en desarrollo?
Las necesidades de financiamiento climático para los países en desarrollo (excluida China) han sido estimadas en 2,4 billones de dólares al año hasta 2030 por expertos designados por la ONU, distribuidos de la siguiente manera:
- aproximadamente dos tercios para la transición energética (solar, etc.);
- el resto para la adaptación al cambio climático, la reparación de desastres y la protección de la naturaleza.
De este monto total, la mayor parte debe provenir de las finanzas internas de los países afectados, pero se espera que 1 billón de dólares al año provenga de la “financiación externa”: es decir, de la ayuda pública de los países ricos, de inversiones privadas extranjeras o de impuestos globales, según el informe actualizado de los expertos presentado el jueves en Bakú.
De este billón ¿cuánto recaerá en los países ricos? Una pregunta que se escucha en todos los pasillos de la COP29. “Sería entre 300 y 400.000 millones” de dólares, dice el economista Amar Bhattacharya, coautor del informe junto a Nicholas Stern. Esto supondría al menos triplicar el compromiso previo de 100.000 millones. Sin embargo, varios contribuyentes como Francia y Alemania invocan sus dificultades presupuestarias.
Estados Unidos posiblemente abandonará el Acuerdo de París de 2015, la piedra angular de las negociaciones climáticas, e incluso podría abandonar directamente el organismo de la ONU dedicado al clima. Para 2035, un horizonte también considerado en las negociaciones, las necesidades de financiación externa de los países en desarrollo alcanzarían los 1,3 billones de dólares anuales, según el mismo informe.
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¿Cuánto aportan actualmente los países desarrollados?
En 2022, último dato proporcionado por la OCDE, los países ricos aportaron 116.000 millones de dólares en ayuda climática, cumpliendo su promesa con dos años de retraso. A falta de una definición de “financiación climática”, esta cifra es cuestionada por ONGs y países: ¿puede contarse como ayuda la renovación energética de un hotel de lujo en Kenia? ¿Un préstamo que endeuda a un país pobre es una “ayuda” real?
Sobre este total, varios institutos de investigación han intentado estimar qué países desarrollados están cumpliendo con su “parte justa”, relacionando su ayuda actual con sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero, su riqueza y su población.
Noruega sería el mejor alumno en esta clasificación, según el instituto ODI (datos de 2022), seguida por Francia con alrededor de 11.000 millones de dólares en financiación climática, el doble de su “parte justa”, aunque antes de los recortes presupuestarios anunciados para 2025. Alemania se ubica en cuarto lugar, con 14.000 millones. Estados Unidos (14.000 millones, un tercio de su “parte justa”) y Grecia cierran la lista.
¿Qué contribuciones de China y los países del Golfo?
Los países desarrollados consideran que su grupo, establecido formalmente en 1992 en la Convención de la ONU sobre el clima, debería ampliarse a China y a otros países emergentes ricos, tres décadas después. O, en su defecto, que estos últimos se comprometan a contribuir con la misma transparencia. “Desde 2016, China ha proporcionado y movilizado 177.000 millones de yuanes (aproximadamente 24.500 millones de dólares) para invertir en la acción climática en otros países en desarrollo”, respondió el martes el viceprimer ministro Ding Xuexiang frente a los jefes de Estado reunidos en Bakú.
Pero el 97 % de esta ayuda se presenta en forma de préstamos, según un informe del Centro para el Desarrollo Global (CGD en inglés), con sede en Washington. Los países del Golfo, por su parte, se mantienen discretos. Los Emiratos Árabes Unidos han prometido invertir 30.000 millones de dólares en un fondo bajo su control, al margen de la gestión multilateral promovida por la ONU Clima.
Fuente: AFP.
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Informe Cepal: la pobreza en América Latina bajará a 26,8 %, cifra más baja en 34 años
La tasa de pobreza en América Latina disminuirá 0,5 puntos porcentuales en 2024 respecto al año anterior, para alcanzar al 26,8 % de la población regional, la cifra más baja desde 1990, estimó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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La pobreza afectará en 2024 a 170 millones de latinoamericanos. De esa cifra, 66 millones viven en la pobreza extrema, equivalente al 10,4 % de la población, cuyo nivel de ingresos no permite satisfacer sus necesidades básicas, detalló la Cepal en el documento “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024″ divulgado este martes en rueda de prensa.
Pese a la caída respecto a 2023 (27,3 %), “América Latina ha mostrado en los últimos diez años un progreso lento en la reducción de la pobreza”, agregó el reporte.
Desde 1990 a 2014 la pobreza se redujo de manera sostenida en América Latina, pasando de 51,2 % a 27,7 %. “Pero su reducción se atenuó a partir de entonces y aumentó con la pandemia”, aseguró el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.
Según el organismo dependiente de Naciones Unidas, la lenta disminución de la pobreza se debe a la “baja capacidad (de las economías regionales) para crecer” y “alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social” que presenta la región.
Los países de América Latina alcanzarán este año un crecimiento de 1,8 %, siguiendo una trayectoria de bajo crecimiento económico debido a la alta inflación y a tasas de interés que se mantienen altas a nivel mundial.
En 2023 la disminución de la pobreza regional fue de 1,5 puntos porcentuales frente al año previo (28,8 %), debido principalmente a la evolución de los indicadores de Brasil.
“El número de personas que salieron de la pobreza en ese país equivale al 80 % de la variación del indicador a nivel latinoamericano”, sostuvo el informe.
Fuente: AFP
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Recuperación de empleos: ocupación laboral creció en torno a 57 mil personas
El presidente de la República, Santiago Peña, había anunciado la semana pasada el aumento en la creación de empleos en unas 57.000 personas, que forman parte de la recuperación de la mano de obra en el tercer trimestre del año, comparado con el segundo trimestre, según los datos oficiales.
Estos datos fueron analizados por la Dirección del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). De acuerdo a ese análisis, entre abril y junio del 2024, el país había registrado 2.849.766 ocupados, mientras que, entre julio y setiembre, este indicador se elevó a 2.906.475 ocupados, destacando el incremento de 56.709 empleos.
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Este informe señala, que gran parte del aumento de la población ocupada es parte de los 41.000 empleos adicionales generados en el sector privado. Esto también se debe a las actividades económicas que se dinamiza en términos intertrimestrales del sector de la industria, que creó 36.000 nuevos empleos, al igual que el sector primario con más de 29.000 empleos, mientras tanto, hubo bajas en los sectores de transporte y construcción.
El informe del Ministerio de Trabajo señala que, en cuanto al nivel de desempleo, en el último trimestre se redujo en casi 32.000 personas, bajando de 195.948 entre abril y junio del 2024 a 164.000 entre julio y setiembre, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El aumento de empleo, también tiene un importante incremento en la dinámica de seguro social, ya que los trabajadores son incluidos en el registro del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre setiembre del 2023 y el mismo mes de este año, la cantidad de cotizantes pasó de 710.973 a 753.777, lo que da como resultado un adicional de 42.804 nuevos trabajadores y sus familiares ingresados al seguro social, reflejando un crecimiento interanual del 6 %.
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